“Ni la corrupción ni el abuso de poder tendrán cabida, vengan de donde vengan, sean del partido que sean, sean de la institución que sean”. Palabras del Presidente Boric en su segunda cuenta pública, en la cual hace un llamado a sus colaboradores a “meterse en el barro, pero nunca las manos”.
No cabe duda que se trata de palabras contundentes y las señales son correctas ya que para tener un sistema de integridad es clave que se den éstas desde los liderazgos. Pero, como se suele decir, las palabras se las lleva el viento, por lo tanto éstas deben ir acompañadas de acciones. Entonces, ¿qué avances vemos hasta el momento luego de un año de gobierno y en comparación con la cuenta pública del 2022?
El año pasado, el Presidente más que dar cuenta, por el poco tiempo que llevaba en el poder, delineó lo que sería su programa y comprometió políticas.
En materia de integridad, la agenda de centró en: llevar a cabo la Estrategia Nacional de Integridad Pública -algo novedoso e innovador en nuestro país- e impulsar algunos proyectos de ley que fueron presentados en el gobierno anterior: de fortalecimiento del sistema de compras públicas así como de protección al denunciante de corrupción en la Administración del Estado y la famosa Ley de Transparencia 2.0 (que a esta altura ya deberíamos estar en la versión 5.0 ya que se está intentando aprobar desde el año 2012 en su primera iniciativa).
Por otra parte, se comprometió un proyecto de ley sobre regulación del lobby y conflictos de interés en la función pública que revise la situación actual y la actualice.
Un año después, podemos ver ciertos avances: recientemente se aprobó una innovadora ley de delitos económicos que buscar hacer más eficaz los modelos de compliance internos así como evitar la impunidad -o bajas sanciones- de delitos que tienen un impacto social relevante. Se trata una iniciativa que surgió del trabajo colaborativo entre un grupo de diputados y diputadas así como integrantes de la Academia y que en su recta final, fue impulsado por el Ministro de Justicia Luis Cordero. Será una ley que, sin duda, nos pondrá más cerca de los altos estándares de integridad empresarial.
Por otra parte, se ha avanzado en impulsar la Estrategia Nacional de Integridad que se lanzaría en diciembre, para lo cual la Comisión de Integridad Pública y Transparencia ha sostenido reuniones de trabajo con academia, sociedad civil, gremios empresariales, sector público y partidos políticos, además de realizar una inédita consulta pública.
Esperemos que esta primera estrategia contenga un plan de acción robusto y que implique un actuar coordinado con las más relevantes instituciones que luchan contra la corrupción en nuestro país: Contraloría, Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado, Consejo para la Transparencia, entre otros, de modo que no se trabaje en silos y se dupliquen acciones.
En esta edición, el Presidente reiteró anuncios del año pasado: protección al denunciante, canal de denuncias y fortalecimiento de la transparencia. Agregó algunos relevantes: integridad en municipios y gobiernos regionales -un desafío no menor pero urgente a la luz de los múltiples casos y aristas que se investigan en gobiernos locales- y puerta giratoria entre el sector público y privado.
Lo positivo: hay voluntad de avanzar con soluciones innovadoras y colaborativas, así como de impulsar iniciativas que provienen de administraciones anteriores para darle un sentido de Estado a la integridad pública y privada. La alerta: es de esperar que en las dos cuentas públicas que quedan, no se reiteren los mismos anuncios en señal de que el avance es muy lento. No cabe duda que las leyes no se aprueban de la noche a la mañana, pero es clave darle un sentido de urgencia a temáticas que debieran ser transversales políticamente. Lo que faltó: la integridad es clave para la seguridad pública, una de las prioridades -y cómo no- de la agenda gubernamental.
Se extrañó entonces anuncios de una política tan clave y que ha mostrado ser eficiente como la del registro centralizado y accesible de los últimos beneficiarios de empresas, sociedades, etc, que permite detectar de modo más sencillo a empresas fantasmas o de fachada para lavar dinero y profitar de los recursos ilícitos.
No cabe duda que la reciente aprobación de la ley contra el crimen organizado y contra el narcotráfico constituyente grandes herramientas, como también podría serlo, de aprobarse, el nuevo proyecto de ley de inteligencia financiera para seguir la ruta del dinero, pero si no podemos saber realmente quién están detrás de las empresas o sociedades, se nos hace más cuesta arriba.
En resumen: como toda cuenta pública, tenemos algo de dulce y algo de agraz. Lo clave será ver cómo llegamos a la próxima que será en la mitad del mandato para tener más claridad si la agenda de integridad es realmente parte del corazón de la agenda presidencial y del Congreso. Ya sabemos que camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.
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