–¿Cuál es tu evaluación del texto propuesto por la Comisión Experta?
-La propuesta es sensata y fue el resultado de una deliberación que logró un consenso desde el Partido Comunista al Partido Republicano. Esa experiencia encierra una valiosa lección. Creo que la ciudadanía quiere acuerdos. El anteproyecto debe complementarse. Pero es una buena base. Por supuesto, la legitimidad de la Constitución emanará de su aprobación por la ciudadanía. Y mi impresión es que la gente, tal como ocurrió en la Convención pasada, juzgará no sólo contenidos sino que las actitudes. Y actitudes abiertas y flexibles para llegar a acuerdos serán más valoradas que las posturas confrontacionales.
-¿Por qué piensas eso?
-No es lo mismo hacer campaña en una contienda electoral (de por sí un proceso agonístico) que hacerla para aprobar una Constitución. La lógica no es la misma. Construir una base común no es lo mismo que ganar una competencia. Tampoco hacer campaña por el “apruebo” de un proyecto constitucional es equivalente a hacer campaña por su “rechazo”. Ese piso común que construyó la Comisión Experta fue posible en virtud de una voluntad de sacrificio, de una dolorosa renuncia a lo que cada cual hubiera querido. Y esa es su gran lección: el valor del sacrificio. Con todo, por supuesto que en el Consejo no habrá acuerdos tan unánimes. Pero debe haber algunos temas relevantes en los que sí haya consenso.
-Los consejeros presentaron más de mil enmiendas. ¿Crees que será posible un diálogo?
-No importa el número de enmiendas sino su naturaleza. Y aquí hay dos peligros principales. Uno, incorporar meros deseos o aspiraciones morales que no tienen el carácter de normas jurídicas. Eso ocurre incluso en el anteproyecto de la Comisión Experta cuando, por ejemplo, se define a los partidos. Creo que hay frases ahí acerca del deber ser de los partidos que no son, propiamente, normas jurídicas. Y hay enmiendas que tienen ese mismo problema. Son “buenos” deseos. Otros encontrarán que son “malos” deseos, pero en cualquier caso por su vaguedad no son exigibles aunque se remitiera su concreción a la ley.
El segundo peligro, es, por el contrario, incorporar disposiciones demasiado específicas y ajenas a un marco general que exprese consensos ampliamente compartidos. La Constitución no puede ser un conjunto de dispositivos destinados a sustituir la persuasión y la lucha por los votos de la ciudadanía.
–¿Cómo ves la conversación que se está dado en torno a régimen político?
-El país vive un problema de gobernabilidad que es muy serio y no se puede ocultar. El PIB per cápita está estancado desde hace una década. Los exministros de Hacienda en un libro reciente (“La economía de la transición 1990-2019”) plantean que una de las explicaciones del estancamiento es la ingobernabilidad que crea la fragmentación del sistema de partidos. Para volver a crecer necesitamos gobiernos vigorosos, capaces de hacer reformas y si las hacen mal, someterse al castigo ciudadano en las urnas.
Ningún país puede gobernarse bien con veinte partidos en el Parlamento. La leyes relevantes exigen negociaciones con demasiados partidos que, además, tienen dudosa disciplina interna. A lo que se agregan los independientes. Los costos de transacción son enormes y los proyectos importantes a menudo se empantanan y desfiguran. No podemos mantener el statu quo. Buena parte del desprestigio de los políticos se debe a esta turbamulta de pequeños partidos que compiten por hacerse notar. Necesitamos pocos y grandes partidos que encaucen las principales corrientes ciudadanas, digamos, seis, siete partidos. No veinte. Hay estudios en otros países que muestran que al haber gran cantidad de partidos, hay tendencia a la polarización.
Los parlamentarios tienen conflictos de interés a la hora de enfrentar el problema, pues su solución exige revisar los principios de la ley electoral. Una de las razones de ser de una asamblea constituyente, como lo es el Consejo, es abordar asuntos sobre los cuales el Parlamento tiene conflictos de interés. Por supuesto, la Constitución sólo puede establecer principios básicos y remitir a la ley.
–¿Qué te parecen las propuestas que se han hecho al respecto?
-Disminuir el número de parlamentarios y disminuir el número máximo de representantes por distrito —de ocho a cinco, por ejemplo— es fundamental. Tiende a reducir el número de listas electorales. Ello obliga, obviamente, a un cierto redistritaje para evitar una excesiva desigualdad del peso de un votante de Aysén respecto de uno de Puente Alto. Ese redistritaje lo podría hacer el Servel la primera vez y, luego, quedar en la ley. Eso a través de una disposición transitoria. La barrera del 5% es otra regla que apunta en contra de la fragmentación. Son los dispositivos planteados. Los creo indispensables. Con todo, no son suficientes. Establecer algunos requisitos básicos más exigentes para formar partidos debiera ayudar.
Que el Frente Amplio esté dando pasos para formar un solo partido es una buena noticia para el país. Chile Vamos, por su lado, y el Socialismo Democrático, por el suyo, pienso que debieran hacer lo mismo.
–¿Y ves retrocesos?
-La Comisión Experta acordó hacer coincidir la elección parlamentaria con la segunda vuelta presidencial. Me inclino por esa fórmula. No debe ser una amenaza para la democracia que el Presidente esté en mayoría. Para eso están los contrapesos: un Senado elegido por partes, parlamentarios a los que no se puede disolver, Tribunal Constitucional, órganos autónomos, etc. Me parece que el sistema actual tiende a producir gobiernos en minoría. En tal caso, los presidentes son eficaces en tanto haya mucho consenso entre los partidos. De lo contrario, son gobiernos muy débiles. Los Chávez, los Bukele surgen ante gobiernos impotentes. Pero en el Consejo prima la idea de mantener el calendario vigente.
–¿Compartes la idea de la Ministra Tohá de crear un ministro del Interior que sea un “primus inter pares”?
-Se revive, por vía legal, una idea que se discutió en diversas modalidades larga y detalladamente en la Convención pasada y, al fin, fue rechazada: crear la figura de un jefe de gabinete con autoridad formal respecto de los demás ministros, un “ministro de gobierno”, un súper ministro coordinador, que pasa a ser, a medias, un jefe de gobierno. ¿A quién responden los ministros: al Presidente o al súper ministro o a ambos?
Hoy el Presidente puede —no está obligado— nombrar un ministro coordinador. Ahora se lo obligaría a nombrar un “primus inter pares” que evalúa a los demás ministros. Es decir, asume funciones propias de un jefe de gobierno. Lo que hay aquí es el germen de un primer ministro. La figura es propia del parlamentarismo y el semi-presidencialismo. Es obvio que, a poco andar, el Parlamento exigirá que ese súper ministro requiera su aprobación.
–En tu libro “La pregunta por el régimen político” criticas ese sistema de “doble confianza” del jefe de gobierno.
-Bueno, es el sistema peruano: un jefe de gobierno que responde tanto al Presidente como al Congreso. Es el caso también de Namibia, Ghana, Senegal, Tanzania, Gambia, entre otros. La literatura especializada demuestra que esos sistemas de ministros de doble confianza (Presidente y Parlamento) son los peores sistemas de gobierno.
-¿Cómo calificarías la actitud del Partido Republicano hasta ahora en el Consejo?
-Me atengo a lo dicho desde el P. Republicano: ellos han planteado un conjunto de propuestas para iniciar la conversación. Y, como ciudadano, espero que esa conversación entre todos los partidos presentes en el Consejo sea real, es decir, que haya entre los consejeros de aquí y de allá voluntad de encontrar puntos en común y dejar atrás caricaturas y anteojeras. Mira, sin un mínimo de confianza mutua vivir en sociedad es imposible. Y confiar en el otro siempre es tomar un riesgo. Cuando me subo a un taxi, el taxista asume un riesgo: supone que yo voy a pagar el viaje y no me voy a arrancar sin pagar. Acordar una Constitución implica, inevitablemente, asumir ciertos riesgos.
-En algunas encuestas gana el rechazo. ¿Te preocupa ese escenario? ¿Daría la oportunidad de la aparición de un Bukele o de alguna clase de populismo autoritario?
-El triunfo del Rechazo sería un fracaso de Chile. Y, sí, hay síntomas: el riesgo de un autoritarismo populista es real. Y un nuevo rechazo aumenta ese peligro. Pero tengo esperanza.
–¿Por qué ese optimismo?
-¿A qué partido o coalición le conviene que la nueva Constitución se rechace? Para el Partido Republicano sería un gran fracaso que debilitaría mucho la futura candidatura de José Antonio Kast y un mal augurio para su eventual gobierno. Pondría en duda su capacidad para darle gobernabilidad al país. Para las dos coaliciones que forman parte del gobierno de Boric, dejar una nueva Constitución nacida en democracia y dar vuelta esa página pasa a ser parte de su legado histórico. Por el contrario, que bajo su gobierno se asiente la constitución de Pinochet es un fracaso histórico.
Para Chile Vamos, que estaba en el gobierno cuando comenzó esta travesía, es la oportunidad de llegar a puerto. Y si el proyecto es rechazado, la futura candidatura presidencial de la coalición de centro-derecha tendría que estar dando explicaciones en su campaña.
Un nuevo rechazo sería un fracaso de todas los partidos políticos. Es entreabrirle la puerta a un líder populista- autoritario que busque barrer con los políticos de todos los colores.
Por tanto, si todas la fuerzas representadas en el Consejo actúan con racionalidad debieran acordar ciertos consensos y llamar a aprobar. Pero, a veces, la emocionalidad predomina y se vuelve autodestructiva. ¿Cómo pacificar los espíritus para que prime la racionalidad y no las pulsiones autodestructivas?
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