¿Cómo ves el fenómeno de la migración clandestina este año 2023?
El gobierno, después de permitir que las FF.AA. tuvieran presencia en la frontera, pero sin permitir devolver o expulsar a extranjeros con ingreso clandestino, se quedó conforme, y ocupó unas cifras de avistamientos para dar por cerrado el debate. El problema es que están minimizando los problemas que genera la migración ilegal, y según los datos entregados a la PDI, en marzo y abril, con infraestructura crítica, hay más ingresos por pasos clandestinos que en enero y febrero.
Si los datos de PDI de denuncias por ingreso clandestino en mayo y junio siguen en ascenso, creo que van a tener que reconsiderar la prohibición de devolver a los extranjeros no bolivianos al país vecino, y empezar a expulsar de nuevo.
El gobierno ha dicho que este año llevan más de 140 expulsiones.
Este es un caso muy curioso. La ministra (Tohá) inventó un nuevo tipo de expulsión, que son las “expulsiones no forzosas”. En ese sentido, según los datos de la PDI, hasta fines de abril llevaban solo 65 expulsiones administrativas por ingreso clandestino, pero la ministra agrega esta nueva categoría. Lo más preocupante es el caso de los ciudadanos venezolanos: solo expulsaron a 2 el año 2022 y este año llevan también solo 2, pero han ingresado clandestinamente más de 50 mil en el mismo período. Y contar a los extranjeros que volvieron en el vuelo “retorno a la patria” de Maduro, los que estaban en la frontera con Perú, me parece deshonesto, algo que lamentablemente hemos visto repetidas veces.
¿A qué te refieres?
Al iniciar el gobierno acusaron de devolver un vuelo con expulsados, lo que era completamente falso. A su vez, sus asesores insisten en que la migración no ha tenido ningún efecto en la delincuencia, cosa que contradice completamente los datos de Gendarmería, donde al 31 de mayo el 13,1% de los privados de libertad son extranjeros, hubo un aumento del 72% en los privados de libertad desde fines del año 2021 a la fecha, aumentan los delitos más violentos y las peticiones a fiscalías extranjeras sobre antecedentes de extranjeros, entre otros evidentes indicios que contradicen esta postura buenista.
Esta deshonestidad se nota más cuando inventan nuevos métodos para contar expulsiones no forzosas, que son salidas autorizadas y siempre se han realizado, pero es cuestionable que sean expulsiones propiamente tal.
Y también considerar la deshonestidad que se realizó cuando se cuestionó el pago de un estudio de la OECD, para el cual solo se adjuntó a Contraloría una carta y no se adjuntaron los términos de referencia que explicitan que el Servicio de Migraciones no desembolsaba dinero por el estudio, sino que una organización internacional. Esa apelación está hoy en la Contraloría y se están estudiando acciones legales para evitar que se mal utilice a esta institución entregando información parcial y sesgada para hacer una crítica cuando no les gustan los resultados.
¿Qué opinas del proceso de empadronamiento biométrico a los migrantes, incluido en la Política Nacional de Migración y Extranjería que anunció el gobierno esta semana?
Es positivo que el gobierno tenga más información de quienes ya entregaron sus datos a la PDI a través de las denuncias y autodenuncias, pero quedan dos dudas. La primera es si Venezuela, país donde sus ciudadanos son más del 80% de los ingresos clandestinos, les va a entregar los datos de las huellas, ya que se le está solicitando que entreguen la información de sus registros civiles. Esta duda es más clara cuando la actual administración ni siquiera ha logrado llevar un vuelo de expulsados a ese país. La segunda es si el foco de este proceso es solo obtener información, entonces no se explica por qué pusieron un plazo máximo de extranjeros que ingresaron ilegalmente hasta el 30 de mayo.
¿A qué lo atribuyes?
Cabe aclarar que este proceso, como lo indica su resolución cuando establece en su punto 6 que “Concluido el proceso, el Servicio de Migraciones utilizará la base de datos recolectada para su incorporación en el Registro y, la evaluación, diseño y ejecución de políticas, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración”, y como lo adelantaron las ministras Tohá y Jara y fue confirmado en su presentación, conlleva perdonazos individuales -y no generales como han aclarado-, sujetos a que los extranjeros que ingresaron ilegalmente tengan un contrato de trabajo.
Esta medida de política migratoria es bastante nefasta, porque sigue incentivando el ingreso clandestino, y quedan ante una gran posibilidad de abuso de empleadores que contratan a extranjeros que ingresaron ilegalmente a Chile.
Para los críticos de la actual administración, es un componente ideológico lo que genera la brecha entre la oposición y el oficialismo en materia migratoria. ¿Lo interpretas de la misma forma?
Al final la gran diferencia es sobre cómo enfrentar la migración, donde el gobierno minimiza los ingresos clandestinos y su foco principal es regularizar a quienes ingresaron ilegalmente, quienes hoy no tienen donde vivir y trabajan informalmente. La oposición tiene una mirada más de control fronterizo y que las regiones y comunas de Chile, especialmente el norte y los sectores ponientes de la Región Metropolitana ya no pueden seguir recibiendo una migración descontrolada de cientos de miles de migrantes.
En ese sentido, más allá del acuerdo de que extranjeros con antecedentes penales no deben entrar en nuestro país, las dos visiones son bastante alejadas, una siendo más reactiva, la de regularizar, y otra siendo más proactiva, la de solo dejar entrar a quienes aporten a nuestro país.
¿Qué medidas se pueden tomar en el corto plazo?
Creo que es importante que se tomen las señales en contra de la irregularidad más en serio. En ese sentido, es urgente avanzar en las negociaciones con Bolivia, que han sido prácticamente inexistentes, y devolver a quienes ingresan ilegalmente por ese país.
Tú dices entonces que es clave, en cualquier política migratoria, expulsar a los extranjeros que ingresaron ilegalmente al país.
A su vez, es también clave expulsar a quien ingresó clandestinamente, clarificar que los extranjeros que se inscriban en el proceso biométrico no serán regularizados y que soliciten visas desde sus países de origen o tránsito, como el resto de los extranjeros que cumplen con las reglas.
Y, finalmente, aumentar de forma importante las fiscalizaciones contra el empleo informal, debido a la gran cantidad de instancias de abuso, y finalmente, generar que el cumplimiento de las condenas sean completas en el país de origen, desocupando nuestras cárceles y desincentivando el cometer delitos, de manera de tener tolerancia 0 con los delitos cometidos por los extranjeros, en vez de sacar publicaciones con datos de hace más de 6 años que son poco representativos para justificar los problemas que han generado los extranjeros que no han venido a aportar a nuestro país.
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