Diciembre 22, 2022

Algo huele mal en Vitacura. Por María Jaraquemada

Directora Ejecutiva de Chile Transparente
El ex alcalde de Vitacura Raúl Torrealba.

Crear y utilizar entidades aún menos reguladas que una corporación y cuyo objetivo y fin es social y no estatal es doblar la mano de la ley y que, como hemos visto en este caso, al parecer terminan sirviendo a quienes lideran los municipios y no a la ciudadanía.


Estos días ha han revelado detalles de la investigación de un presunto caso de corrupción en la Municipalidad de Vitacura que tiene como protagonista a su mítico ex alcalde por más de 20 años, el Tronco Torrealba. Según habrían indicado dos personas cercanas a él y que habrían sido parte de este entramado a través de las llamadas “Vita”, habría malversado cuantiosas sumas por varios años, además de investigarse posible fraude al fisco, cohecho y lavado de activos. Una lista no menor que podría implicar presidio efectivo, de llegar a comprobarse todo esto. Porque, para ser rigurosos, se trata de una investigación en curso, que huele bastante mal.

Más allá de ciertos detalles dignos de una serie de Netflix, lo que preocupa en el caso, de ser cierto, es la fragilidad de los controles internos y externos, la facilidad de crear instituciones fuera de la regulación, transparencia y rendición de cuentas de la función pública y la escasa capacidad de detectar estas presuntas irregularidades. Y esto porque, lamentablemente la Municipalidad de Vitacura, a pesar de sus particularidades, no es un caso excepcional de posible corrupción en corporaciones u organizaciones de derecho privado pero que operan al alero de los municipios, con fondos públicos, a cargo de personas designadas -y removidas- por los ediles de turno y que prestan servicios o bienes públicos.

Ya el año 2015 varias organizaciones de la sociedad civil -como Chile Transparente y el Observatorio de Gasto Fiscal-, junto con un informe del Consejo para la Transparencia, advertían de la escasa regulación y transparencia de las corporaciones municipales de salud y educación que operaban en más de 50 municipios del país, sin considerar tantas otras de desarrollo comunitario o cultural. En ese entonces ya llamaba la atención que algunas de estas corporaciones duplicaran el presupuesto del propio municipio o el personal contratado llegara en algunos casos a ser 5 veces mayor.

Lo que comenzó -en la dictadura- y ha continuado como una idea de optimizar procesos, someterse a menos burocracia, ser más ágil en la respuesta a vecinas y vecinos en temas tan sensibles, se ha convertido, en ocasiones, en una caja negra que se  puede prestar para pagos de favores políticos, campañas, malversación y otros fraudes que hoy se investigan en varios municipios. Cerro Navia, Valparaíso, Providencia, Las Condes, Lo Barnechea, son solo algunas de las comunas donde ha habido -o hay- investigaciones en curso. Y esto no es monopolio de un sector político, es transversal.

La falta de control interno y externo -Contraloría ha tenido sus límites que ha ido restringiendo a punta de dictámenes-, la menor intensidad de transparencia y rendición de cuentas, son la combinación perfecta para la corrupción y otro tipo de abusos.

Pero el caso de Vitacura llama más la atención. En algunos casos no estamos frente a este tipo de Corporaciones, sino frente a Organizaciones Comunales Funcionales, como bien ha reportado la organización América Transparente ¿De qué se tratan estas organizaciones? Básicamente son entidades con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tienen por objetivo representar y promover valores e intereses específicos de la comunidad.

Si revisamos el listado de las casi 100 organizaciones de este tipo en la Municipalidad de Vitacura, encontramos diversas organizaciones como juntas de vecinos, que promueven cultura, arte y las “Vita”: “Vitadeportes”, “Vitaemprende”, “Vitasalud” y “Vitapass” (las tres primeras presididas hasta el 2021 por Domingo Prieto Urrejola). Estas organizaciones se crean ante el Secretario Municipal, es decir, en este caso, se crearon por sí y ante sí mismas.

La ley que las regula establece que no podrán ser parte del directorio de las organizaciones comunitarias territoriales y funcionales los alcaldes, los concejales y los funcionarios municipales que ejerzan cargos de jefatura, es decir, se busca una separación entre municipio y estas entidades. Separación que, en la práctica, fue nula, incluso en sus páginas web aparece el logo y lema del municipio, es decir, una identificación completa.

Si bien la creación de estas entidades no es del todo ilegal, sin duda constituye una infracción del espíritu de las instituciones y regulaciones. La función pública está exhaustivamente regulada precisamente para velar por el uso de recursos públicos, de evitar su captura y promover que se alinee con los intereses sociales y no personales. Crear y utilizar entidades aún menos reguladas que una corporación y cuyo objetivo y fin es social y no estatal es doblar la mano de la ley y que, como hemos visto en este caso, al parecer terminan sirviendo a quienes lideran los municipios y no a la ciudadanía.

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