Abbott confirma investigación penal por minera Dominga a cargo de fiscal que lleva causa de DDHH contra el Presidente Piñera

Tal como anticipó Ex-Ante, Jorge Abbott confirmó este viernes la decisión de abrir una investigación a partir de la operación de la venta de la minera Dominga, en 2010, y dejó la indagatoria en manos de Claudia Perivancich, la misma fiscal que lleva las acusaciones presentadas en contra del Mandatario por los casos de DDHH pos 18-O. La compra de la minera Dominga, equivalente a un total de US$152 millones, fue realizada por Carlos Alberto Délano e involucró a la familia Piñera-Morel.

Panorama general. Perivancich fue elegida el 2018 por Abbott como Fiscal Regional de Valparaíso entre 12 postulantes. Dirigió la investigación del caso SQM desde entonces y está cargo de todas las acusaciones contra el Presidente desde el 18-O.

• El ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, indagó en 2017 la arista que comprometía al proyecto minero, al indadar el caso Exalmar. Guerra eximió de responsabilidades al Mandatario en la operación de venta de la minera.
• “La opinión técnica es que los hechos del caso Dominga no estarían amparados por la cosa juzgada y por lo tanto corresponde investigar”, dijo Marta Herrera, directora Anticorrupción de la Fiscalía.
• “Si está prescrito o no, eso tendrá que verse en una investigación”, agregó Herrera.

Lo que dijo el Presidente. Piñera emitió este lunes una declaración pública en La Moneda a partir de un reportaje de LaBot y Ciper, que surge de los Pandora Papers, en el cual se dio cuenta de la compra de Carlos Alberto Délano del proyecto Dominga por un total de US$ 152 millones en diciembre de 2010. El artículo indica que la operación, cuyo último pago dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, incluyó a la familia Piñera Morel, que originalmente era accionista.

• “Parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El detalle es que dichos cambios dependían de decisiones del gobierno de Sebastián Piñera. Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses”, indica el reportaje.
• Al respecto, Piñera indicó que no tuvo conflictos de interés, que siempre se ajustó a las normas tributarias y afirmó -al igual que el día anterior, en una declaración pública- que todos los antecedentes fueron conocidos desde 2017 por los medios de comunicación y los tribunales de justicia, los cuales lo eximieron de cualquier responsabilidad penal en los hechos, lo que fue confirmado en todas las instancias judiciales.
• Negó además que existiera un conflicto de interés en el último pago de la operación, que dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, ya que -según indicó- no hubo una solicitud de la empresa de Délano ante autoridades del Estado para resguardar lo anteriormente mencionado.
• Es precisamente por esta cláusula por la que la Fiscalía abrió una nueva investigación.

Tribunal acoge querella. Por la mañana, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la querella e inició un proceso penal contra el Presidente, a partir de las revelaciones del caso Pandora Papers.

• La resolución fue presentada por el abogado Mariano Rendón y se le imputa a Piñera el delito de negociación incompatible.