Giorgio Jackson afirmó la semana pasada que el triunfo del Rechazo bloquearía el cumplimiento del programa de gobierno y podría tener razón: muchas de sus principales medidas entran en conflicto directo las disposiciones de la constitución actual, lo que las haría inviables.
Por eso Gabriel Boric debería apoyar -en vez de criticar- la rebaja del quorum para reformar la actual constitución, ahora propuesta dos senadores democristianos y respaldada por la derecha, en vez de apostarlo todo al triunfo del Apruebo.
No hay que olvidar que su programa busca cambiar el actual modelo económico, que privilegia el emprendimiento y la iniciativa privada como los agentes del progreso económico y social, y transformar al Estado en el gran protagonista de nuestra economía, garante y proveedor de derechos sociales, productor de bienes y servicios y generador de empleos.
Así, por ejemplo, uno de los proyectos estrella del gobierno, la gran reforma a la salud pretende implantar un sistema único estatal para toda la población -que contempla que la cotización del 7% para salud que pagamos todos los chilenos -deberá ir íntegramente al Fonasa.
Hoy eso sería inconstitucional: el artículo 19 No 9 garantiza el derecho a elegir entre un sistema público o privado de salud. Esta disposición constitucional incorpora a las Isapre al sistema de seguridad social habilitándolas para percibir el 7% por ciento de aquellos ciudadanos que así lo determinen y no puede la ley obligarlos a entregarlo al Estado.
Algo parecido ocurre con la reforma de pensiones. El plan de gobierno es avanzar hacia un sistema de reparto financiado por impuestos manteniendo un pilar contributivo pero administrado por un ente público. Pero resulta que el artículo 19º No 18 de la constitución asigna un rol tanto a las instituciones públicas como privadas para garantizar el acceso a todos los habitantes al goce de prestaciones de seguridad social que debe garantizar el Estado.
Por eso las platas de las cotizaciones se consideran propiedad privada de los cotizantes y deben mantenerse en cuentas individuales administradas por la entidad que éstos libremente decidan.
Lo mismo pasa con las concesiones mineras y derechos de agua que están amparados por los artículos 23 y 24 de la constitución que señala que se establecen por resolución judicial, son derechos reales, perpetuos. El programa de gobierno contempla importantes cambios en estos aspectos como por ejemplo transformarlos en concesiones administrativas temporales y revocables. La convención eliminó esta protección constitucional y declaró incomerciables los derechos de agua. La comisión de normas transitorias postergó su entrada en vigencia solo como un “paracetamol” a los agricultores, empresas sanitarias y otros titulares de derechos que están muy asustados.
El gobierno tiene, además, un compromiso programático con el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos sobre tierras ancestrales, dándoles cupos reservados, estableciendo la plurinacionalidad, auto gobiernos y territorios. Nada de eso podría hacer bajo la constitución vigente.
El programa de Boric no se puede implementar sin reformas constitucionales. El escenario se ve complejo pues el rechazo aparece por ahora con ventaja en las encuestas. La Convención Constitucional está jugando los descuentos; el articulado está aprobado por el pleno y solo faltan las normas transitorias y de armonización que siendo muy importantes no alteran en nada lo sustantivo del borrador. Es un traje a la medida del gobierno.
Sin embargo, la gran novedad es que ni siquiera los que están por el Rechazo defienden la constitución vigente. La declararon caduca y obsoleta, y se comprometieron a redactar una nueva inmediatamente si el borrador sea rechazado.
Es razonable dudar de la sinceridad de la derecha que históricamente defendió la constitución. Algunos dirán que es una estrategia para potenciar el Rechazo e incentivar a los sectores de centro izquierda que están decepcionados y desilusionados con el resultado del trabajo de la convención, que ellos también quieren rechazar. Pero siempre y cuando exista un compromiso de que habrá una nueva constitución redactada inmediatamente después del plebiscito de salida.
Lo único cierto es que la derecha y sus adherentes no pueden derrotar al Apruebo sin el apoyo del “amarillismo”, cuyos adherentes exigen aprobar ya una rebaja de los quorum necesarios para reformar la constitución reemplazando los dos tercios por cuatro séptimos.
Esta estrategia de rechazar para reformar podría funcionar porque a la población que tiene una idea negativa del texto sería más fácil votar Rechazo si saben que no es un callejón sin salida, que hay una luz al final del túnel y que no se perpetuará el impasse constitucional, con su secuela de conflictos políticos y sociales que puedan deriven en violencia.
El problema radica en que aún con un quorum más bajo nadie puede garantizar que, una vez rechazado el borrador en el plebiscito de salida, la centro izquierda, la democracia cristiana, los independientes y la derecha serán capaces de ponerse de acuerdo en un nuevo texto constitucional, considerando que hay grandes diferencias ideológicas entre ellos.
Es una apuesta necesaria pero muy arriesgada; me atrevo a pronosticar que será un proceso tenso, largo y conflictivo, que a ratos se podría parecer bastante a la lo que fue convención constituyente y cuyo resultado dejará insatisfechas las aspiraciones de un sector de la población.
Con todo, una constitución redactada por el congreso tras el triunfo del rechazo podría eliminar algunas de las trabas para que el gobierno pueda avanzar con sus reformas estructurales aun cuando jamás se asemejará ni remotamente a la profundidad y extensión de los cambios refundacionales que propone la convención en su borrador.
En política nadie sabe para quien trabaja (dice el refrán) y es posible que si gana el rechazo -y se redacta una nueva constitución progresista y sensata en el Congreso- termine siendo una buena noticia no solo para el país, sino que también para el gobierno. Porque no hay peor maldición para un presidente que tener una constitución que le otorga el poder para hacer todo lo que las masas le exigen sin importar los efectos nefastos sobre la economía del país, como ocurrió con los retiros de las AFP.
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