Su definición básica es el diálogo político para enfrentar el conflicto “entre el Estado y el pueblo mapuche” y su primer gesto fue “desescalar” la presencia militar en la zona dando término al Estado de Emergencia constitucional y dejando en manos de Carabineros parte de la infraestructura del Ejército para sostener la vigilancia en la zona. Pensaron que esos gestos abrirían una oportunidad al diálogo político, pero no fue así.
Después de algunos días, tras el rebrote de los delitos incendiarios contra viviendas y maquinarias, los atentados contra carabineros y civiles, las amenazas de los grupos armados y en general el recrudecimiento de la violencia y la reacción de protesta de los transportistas que bloquearon parcialmente las carreteras, el gobierno decidió complementar su estrategia componedora con la creación de un nuevo estado de excepción constitucional llamado “Intermedio”, esto es, algo entre la normalidad y el Estado de Emergencia, en donde los militares volverían a terreno pero para cumplir funciones de vigilancia acotada a espacios definidos por la ley y bajo el mando de un civil.
El llamado Estado Intermedio ha concitado escaso apoyo tanto de la oposición, que prefiere que avance el proyecto de resguardo de la infraestructura crítica y la mantención del Estado de Emergencia, como de la propia coalición de gobierno que se opone por razones políticas e identitarias a la presencia militar en la zona en cuestión. Mal que mal, la no militarización de la Araucanía ha sido la consigna de su base política por años, así como una indisimulada simpatía por las acciones “de resistencia”.
Lo peor de esta situación es que no se comprende la insistencia del gobierno en aprobar un nuevo estado de excepción constitucional en circunstancias que la Convención Constitucional ha eliminado de la nueva Carta el Estado de Emergencia y obviamente tampoco ha considerado un Estado de excepción “Intermedio”.
De hecho, el proyecto constitucional que podría entrar en vigencia en septiembre sólo considera tres estados de excepción constitucional: el de Asamblea en caso de guerra externa, el de Sitio en caso de conflicto armado interno y el de Catástrofe, ante circunstancias de desastres naturales, pandemias u otros del mismo tipo. De manera que, la verdad es que, de aprobarse la nueva Constitución, no habrá ni estado de emergencia ni estado intermedio en la Macrozona Sur.
Ciertamente los estados de excepción constitucional, que básicamente restringen las libertades públicas y permiten la acción de las fuerzas armadas en cuestiones de orden o de seguridad pública, no pueden ser pensados como una solución permanente a un problema político e histórico como el que se presenta en la región, en eso el gobierno tiene razón.
La cuestión, sin embargo, es que junto con abordar las causas históricas que condicionan el conflicto con el pueblo mapuche, cosa que la Convención Constitucional ha buscado hacer dando un amplio reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, es imprescindible combatir eficazmente a los grupos armados que, de hecho, le han declarado la guerra al Estado de Chile inspirados en un etnonacionalismo agresivo que, a través de una estrategia armada busca expulsar de la zona a personas mapuches y no mapuches y actividades económicas de grandes y pequeñas empresas para acceder al control territorial de vastos sectores de la región.
Los distintos gobiernos han dejado en manos de Carabineros y las fiscalías la cuestión. Sin embargo, además del hecho que éstos carecen de la formación, del entrenamiento y de la infraestructura operativa para enfrentar a grupos dotados de organización, apoyo local, recursos económicos y armamento de guerra, capacidad construida pacientemente a lo largo de más de una década, esa estrategia ha resultado completamente fracasada.
Genaro Arriagada describió la estrategia de los grupos armados como una guerrilla. Las experiencias exitosas para enfrentar a los grupos armados tanto en espacios urbanos como rurales, demuestran que el respeto a los derechos humanos, la inteligencia, el aislamiento político y el cortar los vínculos con sus comunidades de origen son la clave para que las fuerzas policiales obtengan resultados a mediano plazo. Cuando los grupos armados se ven acorralados y sin el apoyo de sus comunidades se abren al diálogo, a la autocrítica y las soluciones políticas.
Para el gobierno actual este es uno de esos problemas que lo enfrentan con su propia naturaleza. Tiene escasa audiencia para decir que enfrentará con mano firme a los grupos armados y estos lo saben. Por ahora, ellos van ganando. Quizás sea hora de asumirlo.
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