Después de varios meses de desencuentros, ultimátums y emplazamientos los políticos concordaron una serie de mecanismos y principios que permitirán continuar el proceso de redacción de la nueva constitución.
Sin embargo, el celebrado anuncio tuvo algo de aquellas bodas en las cuales -una vez en el altar-, a uno de los cónyuges le entran las dudas y se empieza a cuestionar si estará o no haciendo lo correcto. En este caso es natural porque este es un acuerdo motivado por la necesidad y el cálculo político, no en las convicciones.
La derecha habría preferido dejar las cosas como están por que nunca ha creído en la necesidad de hacer una nueva carta fundamental y se siente cómoda con la que nos rige, que considera, con razón, perfectamente democrática y que ha permitido el progreso económico y social del país.
La derecha está dividida ya que el partido Republicano no aceptó participar de las tratativas y anunció su voto en contra en el Congreso. Con esta postura se identifica un porcentaje no menor del electorado de la derecha, que va mucho más allá de lo que representa esa colectividad. Sentimiento que se ve agravado por el efecto psicológico del gran triunfo del Rechazo.
Pero no es la derecha la que podría poner “pelos en la sopa” que hagan peligrar el acuerdo. Ellos se sienten cómodos por que lograron imponer unas condiciones que les son muy favorables y que alejan el fantasma de afectar las bases fundamentales del orden público y la economía, que signifique un cambio estructural del modelo económico.
Para la izquierda en general -y para Apruebo Dignidad (PC-FA) en particular- el acuerdo tiene un “tufo” al “Tratado de Versalles” que los triunfadores de la Primera Guerra Mundial impusieron a los alemanes y por eso entre sus filas hay una gran desazón y desapego. Lo ven como un enorme retroceso desde el punto de vista de sus intereses y convicciones, que en condiciones normales jamás habrían estado dispuestos a consentir. Lo hicieron porque saben que su capacidad de maniobra estará muy limitada.
Es efectivo que lograron que el Consejo Constitucional fuera 100% electo, como quería el gobierno. Pero tuvieron que sacrificar parcialmente su autonomía y competencias, ya que tendrá que deliberar tomando en cuenta la opinión del comité de expertos designados por el Congreso, que además les preparará un borrador. Y, si bien es cierto que el Consejo podría cambiarlo total o parcialmente, los expertos no son meramente asesores.
Tendrán un derecho de veto respecto del cual se ha diseñado una fórmula para resolver las diferencias entre éstos y el Consejo que exige 2/3 para hacer primar la opinión de los electos por sobre la de los designados.
A lo anterior hay que agregar que el sistema para elegir a los miembros del Consejo Constitucional podría resultar muy perjudicial para los intereses electorales de la izquierda ya que se hará de la misma forma en que hoy se eligen los senadores, el cual minimiza significativamente el peso electoral de la Región Metropolitana en favor de las regiones donde la derecha es fuerte y el Partido Comunista muy débil (lo que podría llevar a su exclusión del Consejo Constitucional).
El malestar de sectores de izquierda ya se está haciendo sentir. Hay varios parlamentarios que han hecho ver que presentarán indicaciones. El propio presidente de la Cámara recalcó que en este nuevo proceso también se aplicará el principio de “hoja en blanco” con lo que desconoce un aspecto esencial de lo convenido.
Me refiero los 12 principios constitucionales que se incorporarán a la reforma del artículo 142 de la constitución actual y que fijan límites de fondo a la competencia del Consejo. Así, por ejemplo, el Consejo no podrá modificar el sistema político eliminando el Senado o cercenando sus atribuciones, establecer una justicia indígena paralela, prohibir la participación de privados en prestación de derechos sociales o alterar las garantías de la propiedad privada, entre otras materias.
Todos esos principios estarán incorporados en el borrador que prepararán los expertos y cuya violación se puede recurrir ante el panel de 14 juristas que actuarán como árbitros.
El Partido Comunista está en crisis con una disidencia activa que objeta el acuerdo y que, por primera vez en la historia del partido, encuentra eco destacado en el diario El Siglo que tradicionalmente es caja de resonancia del Comité Central.
El Senador Daniel Núñez y otros dirigentes del PC, como Marcos Barraza, ya han hablado de incorporar dirigentes sociales al grupo de expertos, trabajadores, organizaciones sociales . Otros han dicho que hay que definir qué se entiende por “expertos” una forma de licuar sus integrantes haciéndolo un ente más político y menos técnico-jurídico, que es lo que se acordó.
Por su parte, el presidente del partido Comunes ha dicho que el sistema de elección de los miembros del Consejo es un “tema abierto”, lo que es misil al corazón del acuerdo.
Para estos sectores el acuerdo es visto como la consolidación de una derrota estratégica que sacará de la agenda el tema constitucional para siempre, sin lograr sus objetivos.
El contraste con el proceso fallido, es tremendamente doloroso para la izquierda, que lo tuvo todo al alcance de su mano y se lo farreó, que fue capaz de extraer una derrota de las fauces de la victoria. Ya no será “el pueblo movilizado el que acorrala al “establishment poniéndolo de rodillas y le impone una convención constituyente
Ahora todo es muy distinto; fueron las instituciones de la república las que tomaron el control, fortalecidas y legitimadas por el triunfo del rechazo, donde la izquierda es minoría.
La balanza del acuerdo está bastante inclinada a favor de las visiones de la oposición y eso en si mismo lo pone en peligro durante la tramitación parlamentaria, que no será un mero trámite. Y hasta que ese proceso no culmine el acuerdo se podría caer.
Pero pese a todo el gobierno optó por asumir los riesgos y jugársela por el acuerdo, aunque sabemos que hubo en La Moneda un momento agudo de vacilación y duda; y la razón es que a pesar de que este es objetivamente un proceso mixto, sobre todo en comparación con el anterior, será de todas maneras una instancia en la que se pueden hacer cambios sustantivos, importantes y necesarios a la constitución actual.
Un logro que el gobierno del presidente Boric desesperadamente necesita para justificar su existencia.
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