Mayo 14, 2023

Victoria Beaumont, del Movimiento Salud Libre, y Ley de Isapres: “No existe ninguna posibilidad de pago”

Ex-Ante

La experta analiza, desde la óptica de los pacientes, el impacto que tendría la aplicación de la propuesta del ministerio. Adelanta que las isapres podrían caer en el corto plazo después de publicada la circular y que el Estado, como efecto, deberá desembolsar adicionalmente hasta 800 mil millones de pesos adicionales, sin contar con el impacto en listas de espera y cesantía por quiebra de clínicas que subsisten a partir de las isapres.


-El gobierno propuso, al límite del plazo de cuplimiento del fallo de la Suprema, la Ley Corta de Isapres. A su juicio, ¿es una solución a la crisis?

-La Ley Corta no ofrece solución alguna, pretende dilatar el proceso y distribuir las responsabilidades del enorme impacto que la quiebra de las aseguradores provocará en el sistema de salud en su conjunto. Seamos claros: este no es un problema sólo de las empresas. Todos nuestros análisis y estudios evidencian que no sólo se verán afectados los pacientes de isapres. También se afectará a los de Fonasa y, como efecto adicional ocasionará una gran cesantía producto de la quiebra, como efecto dominó, en muchas clínicas pequeñas.

Es más, en un acto irresponsable e incongruente con las intenciones declaradas en el proyecto, esta ley incorpora un inciso cuyo resultado es desfinanciar los planes en un 10% en forma permanente desde el mes subsiguiente de publicada la circular, lo que terminará quebrando a las isapres por problemas de flujo de caja en el corto plazo.

-Una cosa es el impacto para las isapres. Pero ¿qué costo tendría para el Estado asumir este traspaso?

-El proyecto de ley se acompaña de un informe financiero que sólo se remite a cuantificar el gasto de gestión de la nueva modalidad de seguro complementario de Fonasa, contemplando unos 1.500 millones anuales principalmente para gasto de personal adicional. Sin embargo, no se hace mención alguna de los costos fiscales del solo traspaso de los cotizantes.

Nuestros cálculos indican que esa suma fluctúa entre los 600 mil millones y los 800 mil millones de pesos adicionales anuales y dicen relación con el gasto esperado de estos beneficiarios que hoy se financian con las cotizaciones más los adicionales, dineros que no tendrá el fondo, y la diferencia de gestión de licencias médicas.

-¿Le pareció adecuada la estrategia legislativa seguida por el gobierno?

-Creo que hay que despejar las variables. Este es un proyecto que a grandes rasgos resuena como un paquete de resolución de los problemas de implementación del fallo de la Suprema. Sin embargo, no se hace cargo de las consecuencias sanitarias que los beneficiarios tendrán en materia de menores coberturas, aumento de copagos, cautividad en el sistema público, discontinuidad de tratamientos, acceso a medicamentos que no cuenten con código Fonasa, entre otras consecuencias. Este proyecto no se hace cargo del impacto en los pacientes. Tampoco hace mención alguna del aumento de las listas de espera y del gasto fiscal, como efecto directo -a mi juicio- de aprobar esta ley.

La incorporación de una nueva modalidad de seguro complementario tampoco enfrenta las brechas de cobertura hospitalaria de la Modalidad Libre Elección (MLE) ni tampoco se ofrece un seguro catastrófico. Por lo tanto, el resultado de la ley corta será más bingos y rifas, sumando a la gente de clase media que se verá obligada, por secretaria y contra su voluntad, a pasar desde las isapres al Fonasa.

-El superintendente de Salud, Victor Torres, reveló el monto que hasta ahora solo había trascendido. ¿Es factible que las isapres puedan asumir el pago de 1.400 millones de dólares?

-Por ningun lado. La cifra entregada por la Superintendencia de Salud corresponde a 3,5 veces el patrimonio actual de las isapres y no existe ninguna posibilidad de pago. Toda declaración de plazos es un argumento absolutamente espurio, pues con la sola aprobación del inciso que genera el problema de caja y sin poder reajustar precio, no existe posibilidad de pago.

Para qué decir la prohibición de retiro de utilidades, otra medida absolutamente innecesaria en una industria que se está condenando a la quiebra.

La gran paradoja es que los cotizantes no solo no recibirán los montos que el gobierno está prometiendo a partir de la determinación de la Suprema, sino que además perderán su sistema de protección.

-¿De quien es la responsabilidad de esta crisis? ¿De las propias isapres? ¿Del fiscalizador? ¿De la Suprema?

-Esta crisis es la suma de la total falta de voluntad política de años y de la desconfianza de los distintos actores involucrados. Sin embargo, después de la incerteza que generó el fallo del Tribunal Constitucional en el 2010 y varias circulares de la Superintendencia de Salud nos queda la duda de cómo es posible que se haya generado un monto de tal magnitud de potencial devolución y que haya pasado desapercibido para los dos últimos Superintendentes.

La pregunta que nos surge es la siguiente: ¿si se estaba condenando a las isapres y éstas estaban en la obligación, por qué ninguno de los dos últimos superintendentes las multó? ¿Cuál fue el fundamento para no hacerlo? Hay una responsabilidad de las dos últimas administraciones en este sentido.

Pero también hay que entender que el fallo de la Suprema, que ante un caso particular toma una determinación universal, es algo inédito en la jurisprudencia que, al final de cuentas, termina potencialmente dañando a 3,5 millones de personas.

Y finalmente hay una responsabilida del legislativo y el mundo político que, en general, han llevado el debate a una lucha ideológica, aislando a los pacientes y sus necesidades de este conflicto.

-¿Los pacientes han sido considerados en este tema o cree que no han sido escuchados?

-Siempre se ha dicho que se pone al paciente primero o a las personas en el centro de la política pública y hoy somos testigos de una seguidilla de declaraciones políticas y comunicacionales que no van al fondo de los problemas ni resuelven las urgencias de los chilenos.

Por un lado, el gobierno no ofrece soluciones, pasando por alto la libertad de elección de las personas al querer quebrar por secretaría a las isapres para que todos terminemos en Fonasa. Por otro lado, las isapres dicen que estamos siendo usados como herramientas, sin hacer el necesario mea culpa de los años en que se negaron a hacer las transformaciones necesarias para que el sistema funcionara de forma adecuada. La guerrilla de declaraciones entre las isapres y la ministra Vallejo, por ejemplo, lejos de acercar posiciones, extreman aún más el tema y no contribuyen a que los pacientes seamos el centro de la política pública.

Como movimiento ciudadano nos hemos reunido con autoridades e incluso presentamos una propuesta al Ministerio de Salud. Hoy estamos en una campaña de recolección de firmas en nuestra web www.saludlibre.cl y preparando un portal de información y participación ciudadana para que los beneficiarios puedan conocer y opinar del proyecto.

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