Tras el plebiscito, las negociaciones de los partidos con representación parlamentaria destinadas a dar un nuevo impulso al proceso constituyente avanzaron eficientemente en torno a temas sustantivos que permitirían retomar el impulso constitucional evitando los excesos de la Convención fracasada. Entre ellos los llamados “bordes” de la futura carta constitucional, la definición de un “árbitro” para revisar la admisibilidad de propuestas que se salgan de los principios o bordes establecidos y la definición de la necesidad de constituir un comité de especialistas para asesorar al futuro órgano constituyente.
Llegados a esos acuerdos de fondo, el punto actual de las negociaciones parece empantanado.
Desde luego, todos afirman querer continuar con el proceso y que éste sea ampliamente participativo y democrático y paritario, con un órgano representativo elegido universalmente. Las diferencias parecen empezar al momento de definir el número de miembros del futuro órgano a elegir y el sistema electoral que debiera utilizarse para ello.
No es una cuestión baladí, por el contrario, se sabe que las reglas pueden definir en gran medida el resultado, de manera que se trata de una discusión sobre el poder.
Para los partidos de Chile Vamos, enfrentar una elección con votación obligatoria representa un doble riesgo que difícilmente aceptarán correr. Por una lado, después del contundente resultado del plebiscito del 4-S, les puede parecer muy torpe estratégicamente someterse a otra elección cuyo resultado es impredecible, y en la que pueden volver a sufrir una derrota como la de la elección de los convencionales, ya sea de la mano del oficialismo o, más probablemente, de la mano del partido de la gente y de los republicanos, como parecen indicarlo las encuestas.
Digámoslo claramente, los incentivos de Chile Vamos para concurrir a una nueva elección no están. Y para el oficialismo la situación es parecida.
El gobierno no desearía exponerse a una nueva derrota electoral en circunstancias que gran parte de su estrategia post plebiscito ha sido bajar el perfil a la derrota, culpando a las noticias falsas y a la ignorancia, y sobre todo, buscando correctamente poner el eje de la agenda pública fuera del tema constitucional, en los asuntos que preocupan con mayor urgencia a la ciudadanía.
De ahí entonces que los partidos oficialistas propongan algo que saben es imposible de aceptar por la oposición: esto es, repetir la experiencia de la Convención fracasada. Más obvio para la izquierda es hacer lo que le conviene: que este intento quede en suspenso para mantener en alto la bandera de una asamblea constituyente, esperando un mejor momento, ya que, como lo han dicho, “el pueblo aún no estaba preparado”.
Ante este impase el presidente de Amarillos optó por hacer público lo que todos hablan en privado pero no desean confesar públicamente: esto es que la idea de una elección no sólo no entusiasma a la ciudadanía sino que tampoco acomoda a nadie y que, por ende, se podría optar por seguir el ejemplo de la transición española, esto es, constituir un comité redactor y proponer desde el parlamento un texto constitucional para ser ratificado por el pueblo en un plebiscito.
Puede ser este un camino pragmático que permita a los actores políticos, gobierno, parlamento y partidos políticos, junto con resolver el tema constitucional acotando así el espacio de incertidumbre en que vive el país, concentrarse en las consecuencias de la inflación, el desempleo, la crisis de la salud, la postergada reforma previsional, la crisis de la educación escolar, la violencia y los temas de seguridad, entre otros que sí aquejan a la ciudadanía.
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