A tres años del estallido social: hay más delincuencia, hay más pobreza, y hay más incertidumbre. No hay ningún indicador relevante que sugiera que la calidad de vida de los chilenos mejora. Hay más violencia desmedida, hay más inmigración ilegal, y hay más dificultades para acceder a una vivienda digna. Hay importantes retrocesos en materia educativa, en el ámbito de la salud, y de la cultura en general.
En retrospectiva, el periodo entre octubre de 2019 y octubre de 2022 será recordado como un periodo perdido. Un momento suspendido en el tiempo, en que no hubo ningún tipo de avance ni progreso. Algunos culparán a la pandemia por el estancamiento, pero no será tan difícil rebatirlo con evidencia comparada. Al mirar hacia atrás, los académicos y expertos del futuro tendrán que admitir que los políticos y sus habilitadores jugaron un rol central en el descalabro.
Si no hubiese sido por ellos, el país sencillamente no estaría donde está. Pero, lamentablemente, no es así. Fue por ellos, los que apoyaron o miraron hacia el lado, que se le perdió lo que quedaba de respeto a la autoridad institucional. Fue por ellos, quienes les gritaron a las fuerzas armadas que se volvieran a sus barracas y a los carabineros que se devolvieran a sus cuarteles, que la delincuencia tiene secuestrada a barrios enteros a través de todo el país.
Para qué hablar de la economía, que no está debilitada solamente por la pandemia, está relevantemente debilitada por las malas decisiones que tomaron los políticos. El Banco Central lo explica mejor: 70% de la inflación está determinada por factores internos. Es decir, es gracias a los tomadores de decisiones, particularmente los que insisten en gobernar a costa de bonos y retiros de fondos de pensiones, que el país está en la crisis en que está.
El resultado de la mala política excede eso. Pues, ha deteriorado quizás lo más importante que se puede tener a nivel internacional: la reputación. Hoy el país no produce certidumbre. No produce confianza ni a otros países ni a inversionistas. Lamentablemente, la oposición a Piñera, que apoyó activamente el estallido social, y que hoy les toca gobernar, parece no haber reparado en la situación. Sigue produciendo dudas en casi todo lo asociado a las relaciones internacionales.
Esto último es importante, pues ilustra el peso con que carga el gobierno actual en la crisis. Sin considerar su rol en los eventos que rodearon el estallido social, simplemente no se explicaría nada de lo que siguió. Fue esa coalición la que permitió, voluntaria o involuntariamente, los desmanes y las desgracias delincuenciales que ocurrieron a nombre de la justicia social en el país. Y fue, en buena parte, gracias a esa coalición que se justificó el derroche económico que vino después.
Se dijo, una y otra vez, por ejemplo, que los retiros de fondos de pensiones serían dañinos, y que eran “pan para hoy, hambre para mañana”. Pero no se escuchó. La izquierda que gobierna hoy hizo lo que pudo para pasarlos por el congreso. El mismo presidente Boric votó cuatro veces a favor de los retiros, sabiendo que el daño de la irresponsable política pública la tendría que pagar el Estado, y por lo tanto todos los chilenos, eventualmente.
Lo mismo ocurre con todo lo relacionado a la seguridad. Lo que ayer se celebraba, hoy se lamenta. Es el caso del “ACAB”, el “Perro Matapacos”, y la delincuencia generalizada. Hoy, desde el gobierno, no tienen forma de controlarlo. Apoyaron una revolución, y la revolución se les volcó en contra cuando ascendieron al poder. Se escudaron en la violencia, llegando hasta a aplaudirle a encapuchados en actos oficiales, y hoy no tienen forma de controlar el caos resultante.
El presidente Boric, una vez en el poder, refiriéndose al fracaso del proceso constituyente, explicó el asunto cuando dijo que “uno no puede ir más rápido que su pueblo”. Habría que agregar que uno tampoco puede ir en contra de su pueblo. Lo que ocurrió en el estallido social, y el primer proceso constituyente nunca fue lo que pidieron las personas. De hecho, fue todo lo contrario. Nunca pidieron más pobreza, más violencia, y más inestabilidad.
Aun si el estallido social no explica de forma unitaria ni entera la magnitud de la crisis si es un factor suficientemente importante como para haberla tomado en cuenta con mayor sensibilidad. Pero los políticos no lo vieron así, nunca dijeron que, dentro del contexto de la pandemia, y luego la guerra, habría que avanzar con más cuidado. Todo lo contrario, nunca sacaron el pie del acelerador.
Hoy, es evidente que el estallido social no ha servido para lo que se dijo sería su propósito o legado (conducir al país hacia la dignidad). De hecho, dado que fue todo lo contrario, el péndulo ahora se mueve de vuelta al otro extremo, dejando desnudo a todos los políticos que apoyaron lo más radical de la violencia. Las personas comunes y corriente ya no recuerdan el rol de esos políticos en los hechos como gestos nobles. Los recuerdan como conductores al caos actual.
Los efectos de esto ya son parte del análisis, y por lo mismo no sorprende que una buena parte de la primera línea política, que apoyó activamente el estallido social, este eliminando tweets de forma masiva, borrando todo rastro de complicidad con la violencia. Sobre todo, aquellos que permitían justificar luchas contra el orden existente, ya sea fuera contra carabineros, la propiedad privada, o incluso contra bienes de uso público (desde quemar estatuas a picar veredas).
Tampoco sorprende que el mismo presidente Boric este adoptando un tono más conciliador, pues parece no haber otra alternativa si su popularidad se mueve entre un cuarto y un tercio de la aprobación. Y mientras es verdad que se ha moderado en algunos asuntos, también es verdad que se mantiene atrincherado en otros. Probablemente aquello tiene que ver con la naturaleza de la coalición política que le apoya, y que le obliga a estar anclado en su base.
Al final, lo que queda es un mensaje confuso donde no se entiende si el Presidente quiere entablar una lucha fehaciente contra la delincuencia o apoyarla en algunos contextos. Con una mano dice que “luchará como perro contra los delincuentes” y con la otra le da “pensiones de gracia a víctimas del estallido”. Un día dice que quiere recuperar la estabilidad económica y al otro día dice que postergará la decisión del congreso de firmar el TPP-11.
Paradojalmente, pareciera ser el caso que el pueblo se está moviendo más rápido que la clase política que les gobierna. Hoy, los chilenos evalúan cada vez de peor manera lo que ocurrió en octubre de 2019. Han cambiado sus perspectivas y ahora piensan, mayoritariamente, que el estallido social trajo consecuencias negativas (encuesta UNAB). Por cierto, siguen demandando dignidad, pero no la dignidad que se les ofreció a raíz de esa movilización.
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