Casi 21 meses han pasado desde que se aprobó el primer retiro de fondos previsionales. En poco más de un año y medio, 4 millones de afiliados agotaron por completo los saldos en sus cuentas, retirando en total casi un cuarto de los fondos para pensiones. Esto, según estimaciones de la Superintendencia de Pensiones, disminuirá en aproximadamente un tercio las pensiones autofinanciadas futuras. Un daño profundo y duradero a un sistema de pensiones que antes de esto ya necesitaba ajustes de fondo.
Los US$ 51.700 millones retirados a la fecha han servido en gran parte para echarle leña al fuego de la inflación -el más regresivo de los impuestos- la que en marzo alcanzó un histórico 9,4% interanual. La consecuente alza de tasas para estabilizar una economía muy por sobre su potencial hizo desaparecer los créditos hipotecarios a 30 años, dificultando aún más el acceso a la vivienda y restringiendo el acceso al mercado de crédito a miles de emprendedores y pymes. A esta altura, no hay ningún economista serio que defienda lo que hasta ahora se ha erguido como la peor política pública que ha tenido el país.
¿Y por qué se siguen aprobando, se preguntará el lector? Porque son populares. Porque todos preferimos plata hoy vs mañana. Justamente, por esta razón, tenemos un sistema de ahorro forzoso, porque nuestra mente no está diseñada para asignarle tanta importancia al largo plazo. Cada uno de los parlamentarios que han aprobado los retiros entiende esto; como también entienden los daños a las pensiones y a la economía que estos generan. Pero los supera la búsqueda de votos y complacencia con su electorado. Y es aquí donde radica el mayor peligro de toda esta trama. Estamos a merced de una clase política irresponsable, que busca el aplauso de corto plazo, que se rinde ante la tribuna de “Twitter” y que prefiere saltarse las reglas del juego, impulsando proyectos inconstitucionales y que opera en la práctica bajo un “parlamentarismo de facto”. En corto, bienvenido el populismo.
La historia de los cuatro proyectos de retiro nos ilustra la grave erosión que ha sufrido nuestra institucionalidad política en el último tiempo. En el primer retiro, la mayoría de los parlamentarios hicieron la vista gorda al carácter inconstitucional de la medida, aludiendo a su carácter “excepcional”. Se abría así una llave que hasta el día de hoy nadie ha podido cerrar. Meses después, ya se discutía un segundo retiro. Aquí el entonces ministro Briones se la jugó por cerrar la puerta, llevando el proyecto al Tribunal Constitucional. Este último le dio la razón, abriendo una pequeña esperanza de que este organismo podía servir como candado institucional. Sin embargo, meses después, esta esperanza fue sepultada por el mismo juez del TC, Iván Aróstica, cuando declaró en un matinal que “el punto central no es quién hace las leyes, sino qué hacer para solucionar los problemas de la gente”. Así, el TC allanaba el camino para la aprobación del tercer retiro, evadiendo su responsabilidad de actuar como dique de contención al proceder inconstitucional de nuestra clase política.
En el cuarto retiro, la estantería la salvó el Senado con el voto clave de la senadora Goic. Las críticas y descalificaciones que sufrió la senadora solo nos sirvieron para recordar la rapidez con que se esfumó nuestra capacidad de discutir nuestras diferencias de manera republicana. Ayer, si bien logró detenerse un quinto retiro, quedó de manifiesto la incapacidad del gobierno de conducir políticamente una coalición con dos almas. Junto con esto, se desdibuja la figura de Marcel como el garante de políticas públicas serias y responsables. Como presidente del Banco Central fue implacable en su crítica hacia los retiros, explicando con “peras” y “manzanas” a nuestros parlamentarios el daño que producen los retiros. Lamentablemente, el martes pasado esa esperanza también se sepultó, cuando el gobierno cedió y presentó su proyecto de retiro “acotado”.
Ayer se escribió un capítulo más en la triste historia de los retiros. Si bien el rechazo de ambos proyectos es una buena noticia en el contexto de desorden e ingobernabilidad actual, no podemos olvidar que solo se rechazó un proyecto inconstitucional y otro proyecto que era muy malo. Así, los retiros se convierten en la vitrina donde se exhibe la erosión de nuestra institucionalidad política y el consecuente problema de ingobernabilidad que esto supone para el actual gobierno. La vara está muy baja y es tarea de todos, partiendo por los políticos, volver a subirla.
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