Zaliasnik y críticas a fiscales por casos como el de Tomás: “Hace mucho rato que el Fiscal Nacional debería haber tomado medidas”

Tras las resoluciones del Juzgado de Garantía de Arauco y de la Corte de Apelaciones de Concepción rechazando las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía para el tío abuelo de Tomás Bravo —el niño de un año y 7 meses encontrado sin vida en Lebu—, el jurista advierte que el estándar para someter a persecución penal por parte del Ministerio Público, especialmente en causas de alto impacto mediático, pareciera ser muy laxo. Y que la búsqueda de fama por parte de algunos fiscales es uno de los factores que llevan a tomar decisiones imprudentes.

Gabriel Zaliasnik, profesor de derecho penal de la Universidad de Chile, ha sido crítico de la labor del Ministerio Público y de directrices del fiscal nacional, Jorge Abbott. En esta entrevista se refiere a los últimos reveses judiciales que han tenido los persecutores en causas de alto impacto público.

¿Los reveses judiciales de la fiscalía en el caso de Tomás Bravo son síntomas de un problema mayor?

Lo que este tipo de situaciones hace es visibilizar yerros del Ministerio Público que muchas veces no tienen quien se haga responsable. Estas son resoluciones extraordinariamente preliminares, pero donde pareciera ser que la vocación por encontrar rápidamente a alguien para responsabilizar por el hecho le impide al Ministerio Público, o en este caso a algunos fiscales, tomar las decisiones investigativas con la prudencia y el tiempo que podrían ameritar.

¿Ese problema pasa por los estándares de prueba con los que trabaja la fiscalía en la etapa de formalización de cargos?

Pareciera ser que el estándar al que se está sometiendo la persecución penal, en términos de escrutinio por decisión del Ministerio Público, es muy laxo. El Ministerio Público formaliza con mucha facilidad las investigaciones y pareciera ser que ese estándar está dado por la conmoción pública que las investigaciones generan (…). El Ministerio Público formaliza de acuerdo con las expectativas sociales que el hecho reviste y eso desnaturaliza completamente el sentido que tiene una formalización. La formalización debiera ser una garantía para que quien es investigado pueda conocer por qué se lo está investigando para que pueda defenderse, pero comunicacionalmente se transformó en un equivalente al antiguo auto de procesamiento o indagatoria de reo.

¿Hay un problema con la capacidad de los fiscales de trabajar eficazmente con las policías?

No conozco este caso concreto, pero quien dirige la investigación es el fiscal y es quien imparte las instrucciones a las policías. No sé si todos los fiscales tienen la formalización policial, por decirlo así, propia de una investigación. Pero acá ocurre que la urgencia de llevar a formalización a este hombre y pedir una medida cautelar supone que el Ministerio Público tuviera una prueba contundente que, por lo menos, evitara estas situaciones que son un poco embarazosas de cara a la opinión pública (…). No basta con entrar en una visión de túnel y querer creer que una persona es responsable de un determinado hecho.

Entonces, a su juicio, ¿la presión social es la variable más importante para la fiscalía en los casos de alto impacto público?

Muchas veces, sí. Es más, en toda la larga historia de filtraciones súper convenientes de las carpetas de investigación, digo convenientes porque de alguna forma incriminan en casos de alta connotación pública a una persona sindicada como responsable, esto muchas veces ocurre en vísperas de audiencias importantes, con lo cual se enrarece el ambiente. Los jueces tratan de ser prescindentes de esa situación, pero son todos humanos.

¿Qué responsabilidad asigna usted a los medios de comunicación en esto?

Los medios de comunicación no es que tengan la culpa, pero eligen a veces algunos casos y los visibilizan muy especialmente, por distintas razones, y eso de alguna manera condiciona un ambiente, o enrarece un ambiente, de cara a su juzgamiento (…) Ahora, lo que me da temor con este tipo de casos es que tienen un efecto de embrujo, llevan la atención de la ciudadanía y la atención de la fiscalía hacia un caso muy triste y trágico y mediático, que permite visibilizar la labor de la fiscalía, pero a la vez invisibiliza lo que la fiscalía probablemente debiera estar haciendo, por ejemplo, en los graves hechos que están acaeciendo en La Araucanía.

¿Le pareció correcta la decisión de Abbott de poner a la fiscal regional a cargo de la investigación?

Me pareció una especie de reacción mediática del Ministerio Público, porque, por lo que escuché, los antecedentes no eran de tan gran magnitud y no cambiaron en nada la decisión de la Corte. Está dentro de las facultades que tiene el fiscal nacional.

¿Le parece que actuaciones como las del Ministerio Público pueden estar pavimentando una eventual demanda del tío abuelo en contra del Estado?

Todavía no, porque falta todavía mucho para saber cuál fue la dinámica de los hechos y quien pudiera ser responsable de ellos.

¿Tiene responsabilidad el fiscal nacional en esta situación?

El fiscal nacional fija los lineamientos de la investigación penal y me parece que hace ya mucho rato, tanto el fiscal nacional anterior como el actual debieran haber tomado medidas para no permitir que con la persecución penal algunos fiscales aprovecharan la mediatización de las causas para su auto elogio, para construir su propia fama, en vez de enfocarse en los casos.