En la víspera del acuerdo, Paulina Vodanovic, presidenta del PS, decía que “no le vamos a introducir cambios sustantivos, pero sí entendemos que hay que rectificar ciertos aspectos, y eso es lo que estamos tratando de concordar”. Por su parte, la timonel del PPD, Natalia Piergentili, señalaba que “en ningún caso este acuerdo tiene que ver con atentar contra el corazón de la propuesta, sino más bien circunscribirla para que sea una mejor propuesta, y para que la ciudadanía esté más tranquila en aquellos aspectos que le son relevantes”. De allí que se hable de “mejoras y aclaraciones” del texto y el proceso de “implementación” del mismo.
Es una buena síntesis de lo que se ha acordado: cambios en el margen, ajustes, perfeccionamientos, manteniendo la estructura básica del texto constitucional que se propone a la ciudadanía con miras al plebiscito del 04/09: presidencialismo con bicameralismo asimétrico -que no existe en ninguna parte del mundo-, Estado Plurinacional -que solo existe en Bolivia y Ecuador- y Estado Regional, que incluye las Autonomías Territoriales Indígenas (solo que se acota respecto de estas el concepto de “consentimiento previo”, sin eliminarlo). Se descarta que los tribunales indígenas vayan a tener competencia en asuntos penales, pero se mantiene la norma que indica que los “sistemas jurídicos de los pueblos indígenas” -es mucho más amplio que los tribunales indígenas- en virtud de su libre determinación coexistirán en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia.
En cuanto al sistema político, la declaración se compromete “a analizarlo” para lograr un mayor equilibrio entre el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales. Es digno de destacar que se elimina la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen gastos al Estado, mientras que se establece un límite a la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales. Se elimina, asimismo, la re-elección consecutiva en materia presidencial. Se repone el término de “Poder Judicial”, con un cambio muy marginal en la composición del Consejo de la Justicia, aunque no alcanzó para llamar “Senado de las Regiones” a la muy disminuida -no tiene competencias en materias de orden público y seguridad ciudadana, laboral, seguridad social, minería y aguas- Cámara de las Regiones, como quería el PPD (tampoco se incluyó su propuesta de ampliar el derecho de propiedad intelectual a la propiedad industrial y definir con urgencia un sistema electoral que asegure la gobernabilidad).
En materia de derechos sociales, hay solo dos novedades: el compromiso con un “sistema mixto” -nunca se había empleado ese término- en materia de pensiones, con expresa mención de que seguirá existiendo un componente de capitalización individual, y el respeto de la educación particular subvencionada (el borrador constitucional ni siquiera la mencionaba). El tema de la propiedad de las viviendas más bien apunta a la franja electoral que a una verdadera innovación constitucional, mientras que se confirma que en materia de salud habrá prestadores públicos y privados (lo que es redundante si consideramos que eso ya está en el texto propuesto).
En síntesis, la propuesta se aleja definitivamente de cualquier atisbo de “Aprobar para reformar”. Como si fuera poco, tras darla a conocer a la opinión pública, Guillermo Teillier, presidente del PC, señaló que “no podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas, porque en esto tendrá que haber debate popular”.
¿Valía la pena tanto esfuerzo, en medio de tantas expectativas? Puede que sí, en el sentido que hay avances parciales y acotados en algunas definiciones o precisiones que no son menores. En cambio, si el objetivo es mejorar las chances en materia electoral, es muy improbable que se vaya a mover la aguja en favor del Apruebo -sobre todo si se tiene en cuenta, como han dicho los analistas, que ello supone no solo conquistar a una parte del voto indeciso, sino del Rechazo-.
Descartada la tesis de Aprobar para Reformar, depende de las fuerzas políticas y sociales del Rechazo demostrar que este es el mejor camino para avanzar hacia una Nueva y Buena Constitución. Lo demás ya depende de los errores -forzados o no forzados- del gobierno, y esa sí que es una valla difícil de sortear para los partidarios del Apruebo.
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