Son muy pocos los países desarrollados que tienen un número único para identificar a sus ciudadanos y si cuentan, no es un dato público como sí lo es en Chile. Este es el país del RUN –Rol Único Nacional–, también popularmente llamado RUT.
En ese sentido, estamos bien organizados. No vivimos en un país en el que los ciudadanos pierdan sus números de RUN; esos dígitos son la llave que abre la puerta al Estado y sus servicios. Y aunque los expertos en ciberseguridad apuntan que tener éste como nombre de usuario es el equivalente a poseer la mitad del rompecabezas para entrar a la cuenta bancaria de una persona, aún con ese riesgo, no ha habido cambios. El RUT está en nuestra sangre y adn.
¿Por qué me refiero a este tema tan majaderamente? Hace unos días se creó la Comisión ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado para hacer frente al escándalo en que recursos estales fueron entregados a fundaciones donde hay serias sospechas de corrupción, conflicto de intereses o al menos, faltas éticas. Esa comisión tiene desafíos múltiples, pero hay tres puntos que debiesen liderar su trabajo.
Primero, diagnóstico global. ¿Lo ocurrido en el caso de “Democracia Viva”, es una práctica común o son hechos puntuales? Dudo que sin una revisión exhaustiva llevada a cabo en el corto plazo se vayan a apaciguar las aguas. Se debe despejar si es algo propagado en el Estado o no.
Segundo, promover una actualización de reglas para poder dar marco a un sistema de identificación de conflicto de interés o “falta de criterio político”, como le han llamado algunos en los últimos días. Por ejemplo, las relaciones personales. Si miramos los datos, en los últimos 30 años los matrimonios han caído en forma estrepitosa, sin embargo, puedo tener un hijo o convivir en una relación de pareja estable, con una persona con la cual no tengo un vínculo familiar formal como matrimonio o acuerdo de unión civil. La tendencia actual refleja que los chilenos optan por convivir y desde hace mucho tiempo tienen relaciones sin vínculo formal, eso es un hecho que debiese obligar a actualizar las normas vigentes.
Por otra parte, la experiencia laboral y participación en diferentes entidades (otras fundaciones, directorios, empresas privadas), también debiese ser información que cuente con registro en la administración estatal. Ojo, el propósito no es perseguir, pero sí identificar conflictos y levantar alertas de forma automática. Lo mismo con la militancia política, que en algunos casos puede ser indicio de que al menos, hay algo que vale la pena chequear.
Toda esta información podría ser rastreable con el RUT. Se podrían cruzar las mallas familiares y personales relevantes, la participación en sociedades, condenas judiciales, sus bienes muebles e inmuebles; sus relaciones laborales a través de sus agentes retenedores, partido político, entre otros datos públicos.
Sumado a esto las fundaciones debiesen ser revisadas por un órgano certificador que permita, al igual que lo hace mercado público, dar el visto bueno de si está en condiciones de operar y obtener recursos públicos. Queda claro que el cruce entre el giro de la fundación y los requerimientos de los contratos deben concordar o hacer un mínimo de sentido.
Y el tercer punto, apunta a la necesidad de una nueva forma de transparencia de cara a la sociedad civil. Donde los servicios no definen formatos a su antojo, sino que adhieren a un modo único de entrega de información. La diferencia entre cómo algunos entregan sus datos de transparencia en sus páginas web es vergonzoso, por lo que se hace imperativo contar con un estándar para todos y que sea obligatorio a seguir.
El Estado cuenta con muchísima información, pero hace falta voluntad –y tecnología–, para unir, estandarizar y transparentar las reglas de operación y datos a la ciudadanía. Además, cabe destacar que todo esto se enmarca en una necesidad aún mayor: la tan anhelada Modernización del Estado, concepto manoseado por muchos gobiernos, pero concretado por ninguno.
Esta comisión tiene la oportunidad de ser tremendamente pragmática, elevar los estándares, poner énfasis en el control de la gestión de los recursos del Estado y apuntar como un intransable que trabajar con el dinero de los chilenos exige entrega de información y probidad. A fin de cuentas, se necesita más democracia y más transparencia para salir de la crisis de confianza en la que caímos hace ya un tiempo.
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