Esta Constitución no es progresista. Por Andrés Velasco

Esta no es la Constitución progresista que sus partidarios proclaman. Se trata de un texto individualista e identitarista, que de progresismo tiene poco. En el gallito entre los valores progresistas, por una parte, y la corrección política, el postmodernismo mal digerido, y el populismo de izquierda, por la otra, ganaron lejos estos últimos.

Dos cosas se dicen de la Constitución sobre la que nos pronunciaremos el 4 de septiembre: que consagra un nuevo modelo, y que ese modelo es progresista. Lo primero es cierto; lo segundo, no.

Que el texto pretende instalar un modelo es tan obvio que no merece mayor demostración. Los 388 artículos permanentes especifican con lujo de detalle cómo deberá ser, a juicio de los redactores, la sociedad chilena. En una constitución que solo fijara principios básicos de convivencia, una centena de artículos habría bastado y sobrado.

Pero para que ese nuevo modelo fuese progresista, la Constitución debería privilegiar los esfuerzos colectivos por sobre el individualismo estrecho; esbozar un proyecto nacional que incorpore —y supere— a las identidades fragmentarias; y sentar las bases de un Estado efectivo. El texto propuesto no hace ninguna de estas cosas. Por eso, dista mucho de ser progresista.

El ethos de esta Constitución no es individualista. Es radicalmente individualista, tal como los modelos culturales en boga en Estados Unidos y Europa que los convencionales copiaron con calco. La vida buena, en esta concepción, es la que permite la realización del individuo. La subjetividad manda (eres aquello con lo que te identificas) y la autenticidad es la virtud más preciada: sé tú mismo, haz lo que te nace, privilegia tu proyecto de vida. Eso suena progre pero no lo es tanto. Se parece bastante, de hecho, al famoso dictum de la señora Thatcher: “existen los hombres y las mujeres”, pero “no hay tal cosa que pueda denominarse sociedad”.

En esta versión postmoderna del izquierdismo, los individuos se vuelcan hacia adentro, hacia el ser, y no hacia afuera, hacia la sociedad. Como dice el historiador norteamericano Mark Lilla, se “retiran a las cavernas que han cavado para sí mismos en el costado de lo que alguna vez fue una gran montaña”.

Para el progresismo, por contraste, el ser humano es un animal sociable que encuentra la realización en los vínculos con los otros, y la acción política es aquello que une a más de un individuo en pos de un objetivo común. Para eso existen los partidos políticos, esta bestia negra de la que los convencionales tanto recelaban. Muchos fueron elegidos en “listas de independientes,” que es más o menos lo mismo que integrar un club de cazadores vegetarianos. La convención estaba repleta de “colectivos,” pero ninguno se comportó como tal. Las peleas abundaron, y la acción colectiva fue tan escasa como la unidad del supuesto progresismo: cuando en el pleno los socialistas echaron abajo algunas normas desquiciadas, los eco-constituyentes les gritaron “traidores”.

Ese ethos quedó plasmado en el texto. No hay nada más individualista que privilegiar los derechos (la palabra aparece 220 veces en el texto) por sobre las obligaciones (mencionadas solo en 20 oportunidades). Un estado de bienestar se basa en el principio de la reciprocidad. Por algo John F. Kennedy imploró “No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país”. Pero los compromisos recíprocos, propios de un proyecto colectivo, no parecen ser parte del léxico de los convencionales. Quizá alguien los convenció que aportar y contribuir son conceptos “neoliberales”.

Además, muchos de los llamados derechos sociales son en realidad derechos individuales. El derecho de las personas privadas de libertad a “hacer peticiones a la autoridad penitenciaria” (artículo 31) —a modo de ejemplo— puede ser muy respetable, pero no tiene nada de social. Y, los partidos políticos, vehículo por excelencia de la acción colectiva, ameritan apenas cuatro menciones, tres de las cuales son para consignar quienes no podrán pertenecer a ellos.

La conclusión es inescapable: este proyecto constitucional se dice colectivista, pero en realidad es individualista a ultranza.

Allí no termina el problema: esta versión del individualismo admite la conformación de identidades estrechas, basadas siempre en la subjetividad o identificación, pero deja fuera cualquier noción de un proyecto nacional. El individuo encuentra su realización “en tanto” miembro de un género, disidencia sexual o etnia. La experiencia de adscribir a una o más de estas identidades es intensamente personal, única, y por lo tanto imposible de entender para otro. Las vivencias de una mujer mapuche y de un hombre blanco son inherentemente intransferibles y mutuamente incomprensibles, sostienen los devotos de la nueva teoría llamada interseccionalidad. Cualquier apelación a una identidad compartida, a un “nosotros” común, solo puede ser percibida como un intento hegemónico, una imposición cultural por parte de los poderosos de siempre.

El individualismo identitario es antimarxista, asunto en el que el Partido Comunista de Chile no parece haber reparado. Para el marxismo, la clase social es el rasgo que incorpora a todos los otros rasgos e identidades. “¡Proletarios del mundo, uníos!”, clamaron Marx y Engel al final del Manifiesto Comunista. No dijeron “uníos”, pero solo con otros del mismo género, etnia o disidencia sexual. Slavoj Žižek advierte en una columna reciente que la izquierda europea ha errado al permitir que las guerras culturales reemplacen a la lucha de clases. Guillermo Teillier haría bien en tomar nota.

El progresismo, por contraste al identitarismo, entiende que el reconocimiento de un racimo de identidades es apenas el inicio de la construcción de una nación. Un “nosotros” amplio e incluyente es el objetivo final. Y a ese “nosotros” se pertenece en virtud de nuestra común humanidad, no por el accidente de adscribir a una determinada subcultura.

El progresismo le otorga un papel clave a un concepto del que el individualismo identitario desconfía: la ciudadanía. Se es ciudadana o ciudadano al pertenecer a un estado-nación. Nada más y nada menos. La ciudadanía no niega la existencia de identidades basadas en el género, la orientación sexual o el origen racial y étnico, pero las incorpora y subsume en algo mayor. Las experiencias individuales son únicas pero mutuamente inteligibles, porque todos somos seres humanos. Solo si podemos ponernos en el lugar del otro seremos capaces de dialogar y pactar, las dos prácticas insustituibles de cualquier cultura democrática.

Las raíces identitaristas del texto constitucional propuesto son evidentes. ¿Es Chile una nación? Al parecer, no. Chile es un Estado “plurinacional, intercultural, regional y ecológico,” dice el Artículo 1. En los artículos siguientes, las ideas sobre el sistema político-electoral escasean, pero los pueblos, comunidades, territorios y autonomías se multiplican por doquier. Lo que nos separa es el objeto primario de atención.

La política siempre fue identitaria, pero hoy lo es más que nunca. A los populistas de derecha les basta con la cuna, la raza o la religión para acuñar identidades estrechas. “La sangre y la tierra,” corean los supremacistas blancos en sus marchas de apoyo a Donald Trump. Los populistas de izquierda no suelen ser racistas, pero sí son propensos a la exclusión. Para ellos hay grupos moralmente intachables y otros que no lo son. Es suficiente un desacuerdo para que tilden al adversario de miembro de alguna élite malvada que no merece plenos derechos ciudadanos. No hay que revisar los discursos de Hugo Chávez o Evo Morales para encontrar ejemplos de esta práctica. Basta con una mirada rápida a la tuitósfera chilena.

Este populismo identitarista reinante se coló más de una vez al interior del proyecto de Constitución, que reivindica identidades estrechas en jerga a menudo exótica. Nos sermonea sobre cómo vivir y calla acerca de cómo convivir. El sistema político, cuyo propósito es permitirnos administrar nuestras diferencias y forjar un proyecto común, resulta el aspecto más débil del texto. ¿Y la visión trascendente acerca de qué significa ser ciudadana o ciudadano de esta nación? En 162 páginas, esa visión no aparece por ninguna parte.

Si esta Constitución era la gran oportunidad de unir a un país fragmentado, de ampliar el concepto de ciudadanía y forjar un “nosotros” que fuese más que un catálogo de identidades, de construir un espejo sin trizaduras en el que todos pudiésemos vernos reflejados, el resultado es un gigantesco fracaso.

La expresión institucional progresista de un “nosotros” amplio es un Estado legítimo y potente. En este plano, el texto propuesto también presenta falencias graves. Se suponía que la Convención Constituyente iba a construir un Estado robusto, en contraste con el Estado “neoliberal” vigente en la actualidad. Pero las instituciones fragmentadas que la Convención diseñó sugieren todo lo contrario: de aprobarse el texto, Chile tendría un Estado más débil.

Una mayor descentralización política parece tan deseable como inevitable. Pero no seamos ilusos: un Estado dividido y vuelto a dividir puede terminar siendo mucho más endeble. “El Estado se organiza territorialmente en entidades territoriales autónomas y territorios especiales,” reza el texto de la nueva Constitución. “Son entidades territoriales autónomas las comunas autónomas, regiones autónomas y autonomías territoriales indígenas. Están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses.”

Nadie tiene muy claro exactamente qué competencias tendría cada uno de esos estamentos, en buena parte porque su creación requeriría una cascada de legislación habilitante cuyos contenidos es difícil predecir. Pero parece probable que el abanico de normas, y el cumplimiento de ellas, sería muy dispar entre los distintos niveles de gobierno. Por ejemplo: la Constitución garantiza el derecho a la vivienda, pero el ejercicio efectivo de ese derecho dependería de las reglas vigentes y capacidades disponibles en esas regiones, comunas y autonomías indígenas. ¿Qué pasaría si un gobierno subnacional autónomo adoptara normas regulatorias o de zonificación que dificulten el derecho a la vivienda, o si no tuviera los fondos o los profesionales necesarios para garantizarlo? Entonces, ese derecho social consagrado en la Constitución quedaría apenas en el papel.

Además, si fueran realmente autónomos, los gobiernos regionales o municipales podrían adoptar distintas normas laborales, medioambientales o de salud pública. En respuesta, las empresas se instalarían donde les convenga y el “arbitraje regulatorio” resultante debilitaría la capacidad regulatoria del Estado central. Y que nadie se engañe: los estamento estatales pequeños son susceptibles a la captura. En una comuna chica, basta con el que potentado local disponga unas pocas micros el día de la elección para asegurar la complicidad del alcalde y sus adláteres.

¿Y qué ocurriría si —como es común en Estados Unidos— la mayoría en una comuna o región, aludiendo a razones culturales o religiosas, desestimara la paridad laboral entre hombres o mujeres, tolerara el acoso sexual, o prohibiera cualquier causal para poner fin a un embarazo? Hay que ser muy ingenuo para suponer que la meta de la autonomía de los territorios (como está de moda decir) y el principio de la igual dignidad de las personas irán siempre de la mano.

En resumen: ésta no es la Constitución progresista que sus partidarios proclaman.

Se trata de un texto individualista e identitarista, que de progresismo tiene poco. En el gallito entre los valores progresistas, por una parte, y la corrección política, el postmodernismo mal digerido, y el populismo de izquierda, por la otra, ganaron lejos estos últimos.

Quién desee un marco político de verdad inspirado en los valores de la igual dignidad humana, tiene una alternativa: votar Rechazo y participar a partir del 5 de septiembre en un nuevo —y más breve— proceso constitucional.