La historia enseña que la legitimidad de las constituciones no depende de su origen —más o menos democrático—, sino más bien de su ejercicio, esto es, de si las instituciones consagradas en ellas son (o no) aceptadas por las fuerzas políticas mayoritarias. Y, pese a que normalmente las constituciones surgen de la violencia (guerras civiles, golpes de Estado, revoluciones, etc.), al final del día se terminan legitimando vía reformas, algunas veces bastante sustantivas.
Las reformas de 1873 y 1874 pusieron fin al presidencialismo reforzado que caracterizaba al texto original de la Carta de 1833. Lo mismo, mutatis mutandis, puede decirse de las reformas de 1989 y 2005 que terminaron con los enclaves autoritarios de la Carta de 1980. En el caso del 2005, los cambios fueron tan relevantes que, incluso, el presidente Ricardo Lagos (junto a todo su gabinete) no tuvo ningún remilgo en firmar el texto aprobado y considerarlo como una nueva carta fundamental.
Pero, además, aunque las constituciones tengan efectivamente un origen democrático, nada garantiza que ellas serán legítimas porque, valga insistir, la legitimidad depende de la aceptación mayoritaria de las instituciones consagradas en el texto original. En el caso de la propuesta constitucional de 2022 las cosas se ven muy complicadas, incluso en la eventualidad de ganar el apruebo. Veamos aquí cuatro barreras que hacen muy difícil que la propuesta de la Convención Constitucional (CC) pueda llegar a legitimarse en el caso de triunfar el apruebo.
La primera barrera tiene relación con el porcentaje del triunfo del apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre próximo. Esta barrera significa que la nueva constitución no será legitima si cuenta con un apoyo muy marginal de la población. Una cifra de, por ejemplo, 53% no será suficiente frente al 78% que votó a favor de una nueva constitución en el plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020.
Esta diferencia estadística daría claramente cuenta de que la abrumadora mayoría de la población, que sí quería una nueva carta fundamental, no acepta la propuesta que la CC le ofreció al país. Este hecho demostraría patentemente que la democracia no puede reducirse a un juego de suma cero, en el que simplemente gana quien alcanza el 51% de los votos. Al menos, esta idea de democracia no cabe para la pervivencia de una constitución, que requiere de un apoyo mucho más amplio.
La segunda barrera que hace muy cuesta arriba que el borrador de 2022 puede llegar a legitimarse tiene que ver con los quórums de reforma constitucional que él contempla. Un documento de Horizontal muestra que el 57% de los artículos requerirán de 2/3 de los legisladores o 4/7 y referéndum, “por lo que sería más difícil de reformar que la Constitución actual”.
En cambio, en “la Constitución vigente, casi 8 de cada 10 artículos requieren 3/5 para su reforma. Solo 2 de cada 10 exigen quórum de 2/3”. Como se observa, y a diferencia de lo que tanto predicaron algunos intelectuales —como Fernando Atria, en primer lugar—, la existencia de cerrojos supramayoritarios es aceptada por los constituyentes, siempre y cuando apunten a asegurar la intangibilidad de la propuesta constitucional de la CC. Y esto también se vincula con una idea de democracia como juego de suma cero.
La tercera barrera se relaciona con el contenido mismo de la propuesta constitucional. Las críticas a este documento, incluso planteadas por quienes llaman a “aprobar para reformar”, se refieren a aspectos tan estructurales o sustanciales que, al final del día, el proceso de reformas debería terminar materializándose en una nueva constitución. Y aquí surge una pregunta evidente: ¿para qué aprobar para reformar si lo que realmente se quiere es algo completamente diferente?
Si los partidarios de este eslogan desean eliminar la plurinacionalidad (con todo lo que ello implica), reponer el Senado y la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto público, modificar sustancialmente la forma de Estado, entre otras muchas materias, etcétera, ¿para qué iniciar un largo camino de reformas si pueden establecer las instituciones que apoyan en un nuevo texto y proceso constitucional?
Además, no hay que olvidar que estas reformas deberán confrontarse, tanto temporal como políticamente, con la tramitación de una gran cantidad de leyes complementarias a la constitución aprobada.
Y la cuarta barrera, quizás la más decisiva, guarda relación con el hecho de que, pese a tener mayoría en la CC e incluso superar el 50% de los votos en el plebiscito de salida, la propuesta constitucional de 2022 no cuenta con el apoyo mayoritario de las fuerzas políticas. Esto significa no solamente que la derecha, que hoy representa más del 40% en el Congreso Nacional, no adhiere a la propuesta de la CC, sino que tampoco lo hacen importantes sectores de la ex Concertación, como los Amarillos por Chile, los académicos que escribieron un manifiesto constitucional y diversos líderes de la Democracia Cristiana, del PPD e incluso del Partido Socialista.
Precisamente considerando que el apruebo para reformar será muy difícil de llevarse a cabo, el descontento de las fuerzas políticas mayoritarias será muy alto y será cada vez más insostenible en el tiempo.
Las constituciones no se legitiman por el mero cumplimiento de reglas procedimentales. La historia demuestra que esto es lo menos importante. El factor clave es que las constituciones sean realmente un marco común para la mayoría de las fuerzas políticas. Pero, además, para el caso de la propuesta constitucional de 2022 la opción del apruebo —incluso para reformar— se tendrá que enfrentar a cuatro barreras muy difíciles de superar.
Quizás por estar consciente de estas barreras —o al menos de algunas de ellas— es que, hasta la fecha, la mayoría de la población está apoyando la opción del rechazo para el plebiscito de salida. Y quizás sea el más probable triunfo del rechazo lo que explique el ninguneo desesperado de la izquierda extrema en contra de los votantes a favor de esta opción: los llamados “fachos pobres” o “fachos aspiracionales”, que parecen poseer un mayor y mejor sentido político que muchos académicos de escritorio.
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