En política, nunca se acaba la lucha por el poder.
El último período del gobierno del presidente Sebastián Piñera se caracterizó por la pérdida de control de la agenda política y el paso de la iniciativa al Congreso Nacional. A través de los retiros de fondos desde las AFP, la negociación de los “mínimos comunes” y hasta el acuerdo del 15 de noviembre, el relativo vacío de poder que dejó el gobierno (con la excepción del manejo de la pandemia) fue ocupado por las iniciativas o acuerdos parlamentarios, al punto que, por primera vez desde el retorno a la democracia, se instaló la idea del “parlamentarismo de facto”.
El gobierno del presidente Gabriel Boric, por su parte, en sus primeras semanas, está siendo desafiado por los diputados y las diputadas a propósito de un nuevo retiro de fondos desde las AFP. En este duelo participan no sólo parlamentarios de oposición como habría sido previsible pensar, sino que el movimiento está liderado por miembros de la propia coalición, o coaliciones, de gobierno. En el fondo, de lo que se trata para los parlamentarios, transversalmente, es de no perder el poder que la iniciativa propia les había otorgado en la legislatura anterior.
Algunos de los principales intelectuales de la coalición de gobierno no ocultan su preferencia por el parlamentarismo, el que ha sido explícito en los primeros debates de la Convención Constitucional a propósito de la organización política del Estado. Si bien en teoría se impuso en la Convención la primacía del Ejecutivo, es decir, un régimen presidencial, en el detalle se trata de un presidencialismo atenuado o mejor muy atenuado, o sea, desprovisto de algunas de sus atribuciones exclusivas en beneficio del Congreso de los diputados que se prevé crear sin el contrapeso del extinto Senado.
En otras palabras, tanto desde la práctica política cotidiana que estamos atravesando con el parlamentarismo de facto, como en las normas que está aprobando la Convención Constitucional, se puede apreciar una pérdida efectiva de poder del gobierno en beneficio de un Congreso de diputados y diputadas verdaderamente omnipotente dadas sus nuevas atribuciones y los quórums con que podrá aprobar leyes, intervenir en la administración del gobierno y de la justicia, reformar leyes electorales y la propia Constitución.
La estrategia del gobierno para enfrentar el desafío parlamentario no fue en este caso del 5° retiro intentar ejercer el liderazgo presidencial con la fuerza que le dio el 55% de los electores, buscando ordenar a una propia coalición que parece poco comprometida con su éxito, sino que ir por un mal menor (el retiro condicionado) con la esperanza de obtener la comprensión de los diputados y las diputadas. Es cierto que habría sido bochornoso para un nuevo gobierno que se aprobara el 5° retiro con su oposición. Pero, es bien dudosa la eficacia de la estrategia asumida: probablemente se aprobará la propuesta del ministro de Hacienda Mario Marcel, pero nada de eso evitará un proyecto de 6° y 7° y 8° retiro.
Lo único que puede evitarlo es que el poder vuelva al ejecutivo. Esto es, no sólo velar por el respeto a la Constitución vigente, sino también recuperar la iniciativa política a través de una propuesta de reforma al sistema previsional. No se comprende que el gobierno esté pensando en presentar ese proyecto a fines del presente año, como si el país no llevara una década completa discutiendo distintos programas de reforma previsional o como si la situación de los pensionados no tuviera urgencia.
En este contexto, con una cámara de diputados entregado en cuerpo y alma al populismo más desenfrenado y con un senado deprimido y en retirada, el gobierno no tiene más opción que plantar cara apoyándose en los instrumentos que tiene y el apoyo popular al presidente, o perder toda su credibilidad.
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