Marzo 10, 2022

Boric concreta medidas a presos del estallido tras freno al proyecto de indulto: retirará 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado

Alex von Baer
Imagen: Agencia Uno

Ante las bajas opciones de que prospere el proyecto de indulto 18-O en el Senado, las futuras autoridades de Justicia e Interior apuraron un paquete de medidas dentro de las cuales está el retiro de acciones judiciales contra presos del estallido -algunos acusados o condenados por delitos graves-. Además instaurarán una mesa para reparar a víctimas de violaciones a los DD.HH., y medidas de apoyo a pymes saqueadas.


Por qué importa: El gobierno de Boric está buscando fórmulas que permitan cumplir con uno de sus principales compromisos de campaña, por 2 factores: está rodeado por la presión de una izquierda más radical que no ha aflojado en instarlo a que avance el indulto -por eso el mandatario electo buscó que el Senado lo aprobara antes del 11 de marzo, sin éxito-, pero también su administración lo visualiza como una medida que permita sanar las heridas de convivencia social que dejó el estallido social.

  • El proyecto -presentado en 2020 y que ha sido objeto de críticas transversales por indultar a autores o acusados de quemas del metro y ataques a locales comerciales- permitía a Boric una suerte de un nuevo inicio en la permanente tensión entre las manifestaciones sociales y el control del orden público.
  • Con las situaciones de presos del 18-O ya sanadas, un gobierno de transformaciones en curso y la Convención andando, existía un piso más amplio para un accionar más estricto de la fuerza policial cuando existan actos de violencia -como podría suceder en algunas fechas complejas de marzo-, los que Boric condenó en campaña.
  • La presión de la izquierda ha seguido estando presente: en su discurso de triunfo en segunda vuelta, Boric fue interrumpido con consignas por los presos. “He hablado con las familias, tenemos claro lo que tenemos que hacer”, contestó esa vez.
  • Días después, Giorgio Jackson recibió a la organización de familiares de los presos del 18-O, liderados por su vocero Jaime Fuentes (militante del partido de Boric). En días siguientes, hubo rayados e incidentes violentos afuera de las oficinas del Presidente electo, pero este dijo que no se relacionaban a los familiares.
  • A fines de febrero, las autoridades del futuro gobierno sondearon con senadores si había piso para votar el proyecto en Sala (ya está aprobado por comisión de Constitución), pero no tuvieron eco, admitían entonces en la administración Boric.

Lo que dijo el comunicado de Justicia e Interior: La declaración firmada por la nueva ministra del Interior Izkia Siches y su par de Justicia Marcela Ríos contenía anuncios en 3 ejes, destinados a expresar una “voluntad política de reconstruir confianzas y avanzar hacia la paz social”.

  1. “Retiro inmediato” de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) presentadas en el marco del estallido social. “Esta medida busca que la LSE no sea utilizada para la persecución injusta y desproporcionada”, señala, aludiendo al argumento utilizado al momento de presentar el proyecto de indulto: las extensas prisiones preventivas y denuncias de falta de debido proceso.
  2. Mesa de Reparación para las víctimas de violación de DD.HH., a cargo de la subsecretaria de DD.HH. Haydee Oberreuter.
  3. Apoyo a micro, pequeños y medianos comerciantes de sectores afectados en el contexto de las manifestaciones del estallido, “quienes sufrieron de forma directa daño en sus fuentes de trabajo”; medida que será brindada por el ministerio de Economía. Se añaden recursos para reactivar barrios y espacios afectados.

El análisis de las alternativas y sus efectos: La futura ministra de Justicia Marcela Ríos había transmitido al interior del futuro gobierno que se estaba trabajando un paquete para abordar la situación de los presos -en el que también ha trabajado el subsecretario del Interior Manuel Monsalve-, lo que se combinaría con las medidas de reparación. El mensaje era que habría un anuncio en los primeros días del nuevo gobierno, y en las horas previas empezó a trascender que sería la noche anterior.

  • El retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado, desde el punto de vista jurídico podría ser efectivo para lograr la libertad de algunos presos al permitirse el cambio de medidas cautelares, aunque ello depende de que no estén imputados por otros delitos, y que estos no sean graves, estiman expertos.
  • Queda abierta la opción de poner urgencia al proyecto de indulto para presionar al Senado (lo que sería poco aconsejable dado el áspero clima que impera hoy en esa corporación con el futuro gobierno de Boric).
  • Los indultos presidenciales -potestad que tiene Boric para quienes ya estén condenados- también han estado sobre la mesa en las conversaciones con senadores, para quienes no logren salir libres con el retiro de querellas o el proyecto de indulto.
  • Y en Apruebo Dignidad también se menciona la opción de que la comisión de reparación pueda revisar si hay casos en los que no hubo debido proceso, en un trabajo con la Fiscalía y el Poder Judicial.
  • En cuanto a reparación, el programa señalaba, en su medida n° 26 de las 53 priorizadas: “Repararemos integralmente a todas las personas vulneradas en sus DD.HH a partir del 18-O, con énfasis en víctimas con daños físicos irreversibles, lesiones oculares y violencia sexual, y familiares de víctimas de homicidios”, a través de leyes y medidas administrativas.
  • Ya electo, Boric se había abierto a que las medidas de reparación incluyan a locales comerciales afectados por la violencia, como gesto también a sectores más moderados de la población.

El telón de fondo: El gesto a una izquierda más dura (el PC, la ex-Lista del Pueblo y otros movimientos sociales de la Convención) es altamente simbólico, pero Boric también debe cuidar que sea consonante con que uno de los ejes del relato de su puntapié inicial será la seguridad (a nivel país, no solo en La Araucanía y la crisis migratoria del norte): si las medidas para presos o un indulto terminaran liberando a los condenados o acusados por delitos graves, podría resultar un contrasentido con la prioridad que la ciudadanía asigna en este minuto a la seguridad.

  • En la campaña de segunda vuelta, Boric matizó por primera vez su apoyo al indulto, despejando que pudiera incluirse a delitos graves que incluía el proyecto inicial. “No se puede indultar a una persona que quemó una iglesia, una pyme o saqueó un supermercado”, afirmó.

 


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