Ahumada impone su visión: Boric dilatará ratificación del TPP11 a la espera de las side letters (que podrían demorar años)

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Subsecretario José Miguel Ahumada en el Senado, tras la aprobación del TPP11. Créditos: Agencia Uno

La canciller Antonia Urrejola dijo que en otras ocasiones el Ejecutivo ha tardado más de dos años en promulgar acuerdos aprobados por el Congreso. El anuncio enfría el entusiasmo de una parte del Socialismo Democrático, que consiguió hoy la aprobación en el Senado del TPP11.


Ahumada. El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, se anotó un triunfo luego de que el Gobierno de Gabriel Boric se inclinara por su posición en el TPP11: el Presidente solo ratificará el Tratado Transpacífico una vez que el subsecretario no solo haya concluido las gestiones de su “estrategia de side letters“, sino que se tramite por la Cámara y el Senado un nuevo proyecto de ley con esos resultados.

  • La propia Urrejola proporcionó tres antecedentes de acuerdos internacionales que, habiendo sido aprobados por el Congreso, no fueron ratificados en el corto plazo. De esos tres casos, dijo, en dos la demora fue de más de dos años, y en el otro de más de un año.
  • Dada la complejidad de contar con 10 respuestas de los signatarios del TPP11, y además de la tramitación de un nuevo proyecto de ley al respecto, podrían pasar varios meses o incluso años antes de que Gabriel Boric ratifique el tratado. Como diputado, lo votó en contra en 2019 y ha dicho que esa iniciativa no es parte de su programa presidencial.
  • Pese a corresponder a un acuerdo comercial despachado por el Congreso, la cuenta de Twitter de la Subrei no consignó su aprobación en el Senado.
  • Al presentar distintos antecedentes, la ministra destacó el “liderazgo” de Ahumada y cómo el politólogo ha participado en foros en que se busca formar una nueva “masa crítica” para que el resto de los países del TPP11 se muevan en la dirección de Chile en materia de solución de disputas inversionistas-Estado.
  • La ministra también expresó que el Gobierno considera que las sugerencias de parlamentarios de Apruebo Dignidad para acompañar declaraciones interpretativas al texto del acuerdo “van en el sentido correcto”, y que el Ejecutivo las analizará.

Los tiempos. El anuncio de demorar la ratificación lo realizó la canciller Antonia Urrejola en la Sala del Senado, minutos después de que la mayoría de la Cámara Alta aprobara el acuerdo tras varias semanas de dilación. La Cámara de Diputados lo había despachado en abril de 2019.

  • Sentada en el hemiciclo y acompañada solo por el subsecretario Ahumada (el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se tuvo que retirar unos minutos antes), la ministra Urrejola no destacó ningún beneficio asociado al  Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAP en español, CPTPP en inglés), más conocido en Chile como TPP11. “No podemos esconder que este tema es de una alta sensibilidad política, que ha estado latente durante los últimos cuatro años”, señaló.
  • “Tal como ha sido informado por el Gobierno, el Presidente ha decidido, dentro de sus facultades exclusivas, esperar el avance de las side letters antes de ratificar el acuerdo”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores.
  • “Para esto el Gobierno ha desplegado sus esfuerzos para negociar estas cartas en los distintos foros en que participa, tanto a nivel del subsecretario [Ahumada] en la reunión de ministros CPTPP, de la canciller y el propio Presidente”.
  • “Las side letters deben verse como acuerdos bilaterales entre países, por lo que deben seguir un trámite legislativo como tales, debiendo pasar por la Cámara de Diputados y el Senado, para luego ser ratificados por el Presidente de la República”, señaló Urrejola.
  • “Esperar para la ratificación de un acuerdo por parte del Ejecutivo no es novedad. Quiero insistir en este punto: ocurrió respecto del acuerdo marco de cooperación entre la Comunidad Europea y Chile, que fue aprobado por el Congreso el 22 de enero de 1997 y recién fue promulgado el 15 de febrero de 1999. Ocurrió respecto del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, que fue aprobado por el Congreso el 23 de mayo de 2013 y fue promulgado el 14 de julio de 2015. Ocurrió también, tal como lo ha señalado el senador Walker, respecto del Protocolo de San Salvador sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que fue aprobado finalmente en el Congreso en 2021 y fue recién promulgado en septiembre del 2022″, enumeró.
  • En una conferencia de prensa posterior, la ministra manifestó: “No he dicho que vamos a esperar dos años. Simplemente me he referido de otros acuerdos donde ha habido dos años. Entendemos que esta es una prioridad y estamos trabajando de manera urgente en este tema”. No obstante, no comprometió plazos.

Inversiones. El jefe de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) demuestra con esta decisión que su influencia en esta materia es mayor incluso a la de los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Interior, Carolina Tohá, que son partidarios del TPP11.

  • Desde el punto de vista público, el Gabinete se presenta con el discurso de que el Senado pudo debatir la iniciativa y votarla sin intervención del Ejecutivo (desde el PC habían pedido retirar el proyecto), de que nunca el CPTPP estuvo en el programa presidencial y de que de todos modos se avanza con una solución intermedia en la estrategia de side letters.
  • Desde la dimensión técnica, la canciller abrazó la tesis de que los mecanismos de solución de controversias inversionistas-Estado tienen los siguientes problemas: “Inconsistencia entre su jurisprudencia y sus fallos contradictorios; la falta de transparencia en los procesos, los conflictos de interés de árbitros y abogados, y la ausencia de instancias de apelación. A su vez, la ambigüedad y la falta de definición de algunos acuerdos de protección de inversiones generan aún mayor incertidumbre con respecto a los arbitrajes”. Esos juicios no son apoyados por otros especialistas ni ex autoridades del área.
  • Es desde la dimensión económica donde esta decisión del Presidente genera más problemas: el ministro Mario Marcel ha visitado Europa y prepara ahora una tercera visita a Estados Unidos donde su misión ha sido transmitir que Chile es atractivo para las inversiones globales, justo ad portas de una recesión que se sentirá con fuerza en 2023.
  • En su agenda, Marcel trabaja en una Reforma Tributaria atacada por el empresariado y un conjunto de tributaristas porque desincentiva los negocios; tramita ahora el Presupuesto 2023, y prepara el camino para una difícil reforma a las pensiones. Lo único que bajó la presión en su cometido fue la derrota del Apruebo, aunque la incertidumbre se mantiene en el debate del nuevo proceso constituyente.
  • La dilación del TPP11, que no será ratificado en el corto plazo, complica un nervio central de la estrategia de Marcel ante el mundo: lo que critican Ahumada, en particular, y Apruebo Dignidad en general, es la manera en que el Estado de Chile ha abordado la protección de las inversiones foráneas. Esa crítica se traduce en el mecanismo de solución de disputas contenido en decenas de tratados bilaterales y multilaterales de Chile, el último de los cuales es el TPP11.

Arbitrajes. En el TPP11 y otros acuerdos firmados por Chile, se deja en manos de centros de arbitrajes ad hoc como el Ciadi la forma en que los capitales pueden defenderse ante actuaciones de Estados que consideren les generan un menoscabo. El Estado de Chile se ha defendido solo seis veces en ese tipo de laudos en décadas de historia: el Estado perdió en una ocasión, ganó en tres casos y está pendiente de fallo en dos.

  • La “estrategia de side letters” busca que los otros signatarios del TPP11 no usen el capítulo 9, sección B del tratado con Chile. Allí se establece el tradicional mecanismo de solución de disputas mediante arbitraje. Si Chile no queda afecto a esa disposición, ocurren dos cosas: solo opera para Chile y el signatario que acepte, y en ese caso las disputas inversionista-Estado se resolverían como si no existiera TPP11.
  • Chile ya tiene un mecanismo de solución de diferencias inversionista-Estado con casi todos los mismos países, por lo que no habría mayor cambio.
    • Pero con Nueva Zelandia, por ejemplo, no existe nada vigente, por lo que si se levanta una disputa de ese tipo, el camino lógico sería que la controversia se resuelva en la jurisdicción nacional de cada Estado.
  • “Es importante señalar que en mundo ha habido cerca de mil arbitrajes bajo estos mecanismos, los cuales han crecido significativamente en los últimos años, abarcando la última década más de la mitad de estos”, dijo la canciller Urrejola a los senadores. “Junto con el aumento de casos, han aumentado también los montos solicitados por los inversionistas en sus demandas”, agregó.
  • Continuó: “Este debate se encuentra abierto y en pleno desarrollo desde hace ya algunos años a nivel internacional. Prueba de esto es la estrategia de side letters que mira la estrategia llevada adelante por Nueva Zelandia para el mismo propósito el año 2018. Haciéndose parte de este debate, Chile está participando activamente en las conversaciones que se están llevando en la comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés), específicamente en el grupo de trabajo 3, sobre reforma del sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estados, el cual recientemente se reunió en la sede de Uncitral en Viena”.

Protocolo. El Gobierno también planteó que el protocolo firmado en 2019 entre el entonces canciller Teodoro Ribera, en la administración de Sebastián Piñera, y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se tomará como una “hoja de ruta” para cautelar el futuro desempeño del TPP11.

  • La mayoría de los puntos del protocolo eran aclaraciones de cuestiones que el tratado no tiene, pero que en la campaña en su contra por parte de algunas organizaciones se presentaron como verdaderas.
  • En el punto hoy más controvertido, sobre el capítulo 9, sección B, de mecanismo de solución de controversias entre inversionistas extranjeros y Estados, el Gobierno de entonces solo se comprometió a “a promover, en el ámbito de nuestra política exterior y de su participación en instancias bilaterales y multilaterales, un seguimiento y evaluación de los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas extranjeros y el Estado, considerando las iniciativas que hoy se están promoviendo en diversos países o grupos de países en el mundo. Se informará adecuadamente a nuestro Congreso nacional sobre este punto”.

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