Los contratos con el Estado de FIMA, la ONG favorita del Frente Amplio

FIMA, liderada por Ezio Costa, se ha consolidado como un actor clave en la oposición a proyectos de inversión en Chile, representando a comunidades, grupos locales y municipalidades, principalmente vinculadas al Frente Amplio.

Qué observar. FIMA (Fiscalía del Medio Ambiente) se ha posicionado como una Organización no Gubernamental (ONG) clave en la oposición a grandes proyectos de inversión. Muchas de sus ofensivas han llevado que las iniciativas acumulen años judicializadas, desgastando a sus titulares e inversionistas.

• Litigan, por ejemplo, en representación de grupos locales, comunidades indígenas, a veces en forma independiente. Pero en los últimos años lo han hecho representando municipalidades a lo largo de Chile.
• Las órdenes de compra y transferencias -que tienen como objetivo que FIMA asesore y colabore con los municipios- suman poco menos de $550 millones.
• De ese total, cerca de $526 millones provienen del Pacto Chile Mejor (oficialismo + DC). Gran parte de las autoridades que aprobaron esos contratos están vinculados al Frente Amplio (FA), según información de Transparencia.
• Algunas de estas transferencias han sido fuertemente cuestionadas por la Contraloría General de La República (CGR).
• FIMA es liderada por Ezio Costa, abogado cercano al FA y cerebro detrás de la fallida Constitución ecológica. Costa sonó como candidato de Revolución Democrática para integrar el gabinete.

La historia de los contratos. A través de una sociedad llamada “Asesorías en Derecho, Regulación y Cumplimiento Normativo”, la cual es controlada por Costa, se registraron contratos con el Estado desde 2015, en el gobierno de Michelle Bachelet. Ahí se realizaron traspasos desde la Subsecretaría del Medio Ambiente por $127 millones y contratos con la Conaf. Estos últimos se mantuvieron en la administración del expresidente Piñera.

• Pero en 2021 -cuando el FA consiguió varias alcaldías- los contratos se hicieron bajo el nombre de FIMA y se enfocaron en las asesorías a municipalidades.
• En Maipú, la mayoría de los contratos suscritos por su alcalde, Tomás Vodanovic (FA), tienen relación con la oposición a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Edificio Pajaritos”. Actualmente la disputa se encuentra en la Corte Suprema. Según Vodanovic, su antecesora, Kathy Barriga, también firmó contratos con Fima.
• En Cerrillos, FIMA fue contratada por Lorena Facuse (IND-PL) para oponerse al proyecto de Data Center de Google que se haría entre esa comuna y San Bernardo, aunque desistieron de su ofensiva luego de que la compañía anunció modificaciones en el proyecto.
• En Quilicura, durante la administración de Paulina Bobadilla (IND-FA), se ejecutó un contrato de $30 millones para invalidar la calificación ambiental favorable al megaproyecto inmobiliario “Parque Quilicura”. También se opusieron —a través de la ONG— a la “Planta Fotovoltaica Hugo Lorenzo”, que había sido aprobada ambientalmente.
• En Ñuñoa, bajo el mandato de Emilia Ríos (FA), se contrató a FIMA en noviembre de 2021 para oponerse al proyecto inmobiliario Egaña Comunidad Sustentable, de la empresa Fundamenta.
• Aproximadamente un año después, se contrató a la ONG para invalidar la RCA del centro comercial Mall Vivo Santiago Etapa II, así como su representación ante el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema.

Los cuestionamientos a Emilia Ríos. En julio de 2023, la Contraloría formuló reparos al contrato que firmó la Municipalidad de Ñuñoa con la ONG FIMA en el marco de la disputa judicial que inició en contra de los proyectos de Fundamenta y el centro comercial.

• “De los antecedentes tenidos a la vista, aparece que tanto en los decretos alcaldicios que autorizaron las respectivas contrataciones directas como aquellos que aprobaron los contratos con FIMA no se contemplaron los motivos de la contratación, además de la verificación de la idoneidad técnica del prestador, conjuntamente con las razones por las cuales las funciones no podían ejecutarse por personal de la entidad”, concluyó el dictamen elaborado por el contralor de la RM, Carlos Frías.

Fima y su financiamiento. FIMA es una ONG fundada en 1998 y dirigida por Ezio Costa. La organización ha actuado en litigios y campañas ambientales, dando el soporte jurídico para el rechazo a proyectos como Hidroaysén, Dominga y Central y Puerto Castilla. También a proyectos forestales.

• Actualmente apoya las campañas de las comunidades en Magallanes y otras regiones para terminar con la presencia de la salmonicultura en los parques nacionales, a raíz de lo cual desarrollaron el informe “Impactos de la Salmonicultura en la Reserva Nacional Kawésqar” en febrero de este año.
• En el caso de Dominga, su rol ha sido liderar la ofensiva judicial de Oceana, una de las principales organizaciones en contra del proyecto minero.

Contraloría contra Mundaca. En diciembre de 2022 Fima firmó un convenio con la Gobernación de Valparaíso por $400 millones. El gobernador Rodrigo Mundaca (ind-FA), era dirigente del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) organización ambientalista aliada de Fima.

• Según los balances de la ONG de Costa, el aporte del Gore de Valparaíso representó un 20,8% de los ingresos en 2023 y su objetivo, según señalan, es fortalecer el acceso a la justicia en materia ambiental.
• En ese marco asesoran a los municipios de Algarrobo, Concón, Limache, Nogales, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quintero, San Antonio, Viña del Mar.
• El traspaso fue cuestionado por Contraloría. En un informe de fines de 2023 señaló que “se comprobó que la transferencia otorgada a Corporación FIMA, a través de asignación directa de recursos por $400.000.000 se materializaron el 31 de diciembre de 2022, en una única cuota, y no conforme a los programas de caja entregados por esas entidades ni al avance efectivo de las actividades comprometidas en los convenios respectivos”.
• “Se advirtió que las actividades programadas en los convenios fueron planteadas de forma genérica sin ningún tipo de detalle técnico, mostrando, en general, costos globales, sin que esa entidad haya solicitado antecedentes para evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de sus costos”, complementaron.

Ojo con. Justamente en el último tiempo ha tomado fuerza la idea de que es necesario que se transparente el financiamiento y los ingresos de las ONGs. Actualmente se está tramitando un proyecto en el Congreso.