Indulto a imputados del 18-O: 10 claves de cómo avanzó en la agenda política hasta marcar el primer debate de la Convención

Alex von Baer
Presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncón, junto con el subsecretario General de la Presidencia.

El órgano constituyente iba a discutir hoy lunes, a propuesta de su presidenta Elisa Loncón, pedir una amnistía para liberar a presos acusados o condenados por graves delitos de orden público en el 18-O, cifrados en 25 por la Fiscalía. El proyecto había avanzado lento en el Senado por los severos reparos desde la centroizquierda, pero la presión de la Lista del Pueblo -reforzado por el PC- ha gatillado que se vayan abriendo puertas a la iniciativa, que cuenta con el apoyo de  la presidenta del Senado y presidenciable DC Yasna Provoste. Eso sí, la declaración no pudo discutirse por la suspensión de la sesión por falencias técnicas.

  1. Los delitos de los que se acusa: Cuando se presentó el proyecto en diciembre, la entonces presidenta del Senado Adriana Muñoz (PPD) -firmante del texto- cifró en 800 los presos en prisión preventiva por el 18-O, y antes había defendido a la “primera línea”. Pero la Corte Suprema aclaró que eran 20, y en mayo la Fiscalía actualizó que eran 25 imputados o condenados con instancias de apelación pendiente, por delitos como quemar una zapatería o el metro San Pablo, lanzar molotovs y robar una farmacia y quemar a una mujer.
  2. El impulso PC que siguió FA: La idea de presentar un proyecto la instaló la diputada PC Camila Vallejo, a petición de familiares de los que denominaron “presos políticos” (aún cuando han sido sometidos a los tribunales por los delitos que cometieron). El PC se les acercó como parte de un diseño de retomar lazos con organizaciones de izquierda extrainstitucionales tras el 18-O. Desde el FA se sumó el partido del candidato presidencial Gabriel Boric (Convergencia Social), pero el proyecto debía partir por el Senado (los indultos son de su iniciativa exclusiva), por lo que el aliado para presentarlo fue el senador FA Juan Ignacio Latorre.
  3. Apoyo de presidenta del Senado: Que lo firmara Adriana Muñoz mientras estaba en el cargo instaló el proyecto en la agenda, aunque en forma polémica”. Ella argumentó que había jóvenes “sin debido proceso” al extenderse sus prisiones preventivas por 1 año. Lo firmaron también Isabel Allende (PS) y Provoste, antes de asumir la presidencia del Senado. Provoste mantuvo hoy su apoyo, tras la petición de la presidenta de la Convención, Elisa Loncón. “En Chile ha habido una situación abusiva respecto de la prisión preventiva”, dijo. Otras veces ha señalado que hay jóvenes acusados con pruebas débiles.
  4. Reticencia en la centroizquierda: En diciembre el proyecto perdió inmediatamente piso político: al menos 5 senadores de ese sector estaban en contra (ya se caía el proyecto, si se consideraban los 19 de Chile Vamos), argumentando que era una intromisión en fallos judiciales y que legitimaba la violencia. Nueve condicionaban su apoyo a que se acote el universo de beneficiarios para no indultar a quienes sí cometieron delitos (el proyecto incluso incluía a autores de homicidio frustrado). Pronto Allende se distanció y el proyecto quedó congelado en enero.
  5. Presión de la Lista del Pueblo: Hasta la elección de mayo solo había sido aprobado en comisión de DD.HH. (donde están Provoste y Latorre) y dormía en la de la comisión de Seguridad del Senado. Entonces la Lista del Pueblo demandó el indulto tras irrumpir como 3ra fuerza de la constituyente, y la presión surtió efecto: Latorre insistió y la comisión lo aprobó en general, con voto a favor de 3 senadores que antes habían expresado reparos al proyecto (José Miguel Insulza y Jaime Quintana, y en privado Francisco Huenchumilla.
  6. FA-PC reactivan ofensiva: Tras el impulso que dio la Lista del Pueblo, el candidato presidencial PC Daniel Jadue pidió liberar a presos del 18-O como primer punto al iniciar su campaña a primarias. Y Boric saludó a los “presos de la revuelta” en su lanzamiento de campaña.
  7. El guiño a la Lista del Pueblo en la sesión inaugural: Constituyentes del bloque interrumpieron la primera sesión demandando liberar a los presos, y cuando constituyentes PS y FA intentaban reanudarla, la Lista del Pueblo reclamaba que primero se debía abordar esta situación. Desde el FA se les transmitió que se iba a tratar el tema y que ellos también lo promovían: la sesión se reanudó, y en la noche Loncón instaló el tema -tras omitirlo de su primer discurso, lo que desató un reclamó la Lista del Pueblo-. El vicecepresidente Jaime Bassa explicitó que sería el primer tema.
  8. ¿Senado lo acelera?: Cuando el tema había aflorado al inicio de la Convención, el domingo, Provoste se contactó por teléfono con Pedro Araya (ind. PPD), presidente de la comisión de Constitución del Senado, donde está radicado hoy el proyecto. “Él me manifestó todo su interés de iniciar este proceso”, afirmó Provoste, aunque el parlamentario –crítico de la iniciativa- había mantenido hasta ahora congelado el proyecto aduciendo otras prioridades en la comisión.
  9. Intromisión en facultades del Congreso: En pasillos del Congreso ronda hace meses la inquietud de que la instalación de la Convención conlleve una tentación de involucrarse en atribuciones propias del Parlamento. “Los constituyentes no pueden hacer exigencias que no corresponden a la labor que tienen como constituyentes”, había dicho Araya. Por su apoyo al proyecto Provoste fue más cauta: dijo primero que el Congreso no le indicará a la Convención “lo que tiene que hacer (…) Aspiramos a una reciprocidad”, y más tarde pidió a la Convención “respeto por el resto de las instituciones”. El domingo, el vicepresidente de los convencionales, Jaime Bassa, admitió que era potestad del Congreso, pero lo presionó afirmando que este “ejerce sus funciones en un contexto político marcado por la emergencia de un poder constituyente”.
  10. ¿Indulto o Amnistía?: Si bien fue presentado como un proyecto de indulto -en el cual se extingue solo el cumplimiento de la pena, pero la persona sigue siendo culpable del delito, por lo tanto recae solo sobre condenas ejecutoriadas-, abogados y el mismo Araya han advertido que la redacción corresponde más bien a una amnistía, es decir que elimina por completo la pena y la persona deja de ser culpable del delito. Loncón fue la primera en sincerar que la aspiración es “amnistiar los procesos de las personas que son los prisioneros de la revuelta y del Wallmapu”.

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