“Yo no sé si los jóvenes de la primera línea están en los actos vandálicos (…) Están en una movilización, se enfrentan a carabineros, y tiran piedras, pero no son los instigadores”, señaló el 20 de octubre pasado Adriana Muñoz (PPD), cuyo rol como firmante del proyecto para indultar a presos por desórdenes públicos en el 18-O ha desatado polémica. En enero, miembros de la primera línea participaron en un foro en el Congreso que ella convocó junto a Alejandro Navarro. Posteriormente aclaró el papel que desempeñó.
Panorama general: Muñoz (PPD) firmó -junto con Juan I. Latorre (Frente Amplio), Alejandro Navarro (PRO) e Isabel Allende (PS)- el proyecto que busca liberar incluso a autores de delitos como incendio o homicidio frustrado. Recibió críticas generalizadas de senadores de oficialismo y oposición y de la Corte Suprema, Fiscalía y Defensoría Nacional.
Lo que había dicho: La presidenta del Senado aludió a la primera línea cuando dio una entrevista a Radio Pauta el martes 20/10 de este año, 2 días después de los hechos de violencia en el primer aniversario del 18-O. Fue consultada por si existía alguna responsabilidad de sectores políticos que recibieron con aplausos a representantes de la primera línea en un foro de DD.HH. en el ex-Congreso, el 24/01.
El controvertido foro: La presencia de la primera línea en el Foro Latinoamericano de DD.HH. (Foladh) -que tuvo invitados internacionales como Baltazar Garzón y Dilma Rouseff- ya había generado controversia en enero: la actividad se realizó en el Salón de Honor del ex–Congreso, ingresaron encapuchados y fueron anunciados como “héroes” por el presentador Fabián Luengo, ex asesor de Navarro.
La explicación de Muñoz: Entonces la senadora contestó que ella había participado moderando el panel de Garzón y que no estaba ligada a la presencia de los encapuchados. En la difusión previa del encuentro, se indicó a Muñoz como convocante junto a Navarro y Latorre -como consta en publicaciones de Bío-Bío y la U. de Chile.-, y participó el 23/01 en el punto de prensa para inaugurar el encuentro, con Navarro y Garzón.
Contraloría detectó una serie de irregularidades en Gendarmería y el Registro Civil, abriendo un flanco para el ministro Jaime Gajardo (PC), ya que se trata de dos organismos dependientes de la cartera de Justicia. El secretario ya había enfrentado críticas por el control de las cárceles por la decapitación de un interno en un penal.
El presidente del PC criticó que el fiscal Barros sostuviera públicamente que el régimen de Maduro estuvo tras el secuestro y homicidio del oficial disidente, en vez de comprobar judicialmente sus dichos. La ministra Tohá confirmó el alineamiento del gobierno con el Ministerio Público, pese a que la causa sigue abierta.
El integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados sostiene que el Ejecutivo “tiene que rebajar, para no seguir endeudando al país, pero no puede tocar la seguridad” y cuestiona que la ministra del Interior no haya estado enterada de la reducción de presupuestos de Carabineros y la PDI.
Crimen organizado, crecimiento y disminución de listas de espera son algunas de las prioridades del equipo programático de Matthei, encabezado por Juan Luis Ossa. Este sábado, de manera reservada, el historiador presentó a la UDI el diagnóstico país de la exalcaldesa, detalló las cuatro comisiones en que se enfocará el trabajo de cara a las […]
Los dichos del fiscal Barros reiterando su hipótesis de que tras el crimen estuvo el régimen de Maduro, enredaron a La Moneda. Mientras la vocera optó por una respuesta ajustada al protocolo de las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, el subsecretario Cordero adelantó un juicio en una causa abierta. “El Ejecutivo no […]