Presidente de comisión de Constitución e indulto a presos 18-O: “Los constituyentes no pueden hacer exigencias que no corresponden a su labor”

Senador Pedro Araya (ind. PPD) rechaza las presiones de la Lista del Pueblo, que ha señalado como condición para dialogar en la Convención que se libere a presos por delitos cometidos en el 18-O. Lo ve como un intento de intervenir en la labor del Parlamento: el proyecto de indulto a esos reos tras esa solicitud, y será revisado por la comisión de Constitución del Senado, que preside. Además cuestiona el proyecto y afirma que en Chile “no hay presos políticos”.

La carga de trabajo de la comisión de Constitución hace prever que el proyecto -firmado por Juan Ignacio Latorre (RD), Yasna Provoste (DC), Adriana Muñoz (PPD) e Isabel Allende (PS)- no se revise pronto, pese a que se reactivó al aprobarse por la comisión de Seguridad luego de que la Lista del Pueblo afirmara que su condición para dialogar en la Convención es que se libere a presos del 18-O (mensaje que respaldó el candidato presidencial PC Daniel Jadue.

—Usted ha planteado severas críticas, ¿hay espacio para aprobar la idea de legislar?
—Hay que estudiarlo con cuidado, bajo ciertas premisas: en Chile no hay presos políticos por sus ideas, sino personas sometidas a prisión preventiva o condenadas por violencia cometida en el marco del estallido social. Segundo: los tribunales han actuado con total independencia, con sentencias condenatorias o absolutorias, dependiendo de las pruebas, y penas que han correspondido a los tipos penales, no hubo penas especiales. Y tercero: cosa distinta que uno quiera discutir cómo la Fiscalía ha investigado, la duración, el uso de prisión preventiva, pero eso es una discusión mucho más general del sistema penal

—¿Y eso último se puede abordar legislativamente o son atribuciones de la Fiscalía y Poder Judicial?
—Se podría regular las prisiones preventivas a través de proyectos de ley.

—Abogados de los presos han admitido que cometieron los ilícitos, pero apelan que lo que se busca es un perdón por el contexto de los hechos cometidos.
—Es que siempre la autoridad política, para buscar la paz social, puede dictar leyes. En ese contexto, si hay voluntad política, se les podría dar una salida a los denominados presos de la revuelta, pero teniendo presente: no son presos políticos y el Poder Judicial está actuando independientemente. Pero como está hoy el proyecto, tiene varias complejidades.

—¿Cuáles?
—Confunde 2 instituciones: indulto con amnistía. Ambas tienen el mismo objetivo, extinguir responsabilidad penal, pero requisitos y efectos distintos. El indulto supone que existe una condena y lo que se hace es extinguir la pena: la persona sigue siendo culpable, pero se le perdona el cumplir la pena. La amnistía extingue la responsabilidad penal, es decir, se considera que la persona nunca cometió el delito. Un tema a resolver en la comisión es si es un proyecto de indulto o de aministía. Yo creo que es de amnistía, y debe tener quorum de mayoría de senadores en ejercicio (y 2/3 en delitos terroristas 2/3).

—¿Y cuáles son las complejidades prácticas de eso?
—Pasa que el artículo 1 del proyecto habla de conceder un indulto general cuando en realidad se refiere a una amnistía. Y luego, la redacción de los requisitos para acceder al indulto es bastante confusa: permitiría que puedan acceder condenados que nada tienen que ver con quienes en teoría serían presos de la revuelta.

—¿Qué le parece que se reactivara porque la Lista del Pueblo lo planteó como requisito para dialogar en la Convención?
—No comparto lo que han dicho los constituyentes electos. Ellos tienen un mandato expreso, que es redactar una nueva Constitución en un plazo de 1 año: no fueron elegidos para llevar adelante este tipo de demandas. Entonces malamente pueden hacer exigencias que no corresponden a la labor que tienen como constituyentes.

—¿Lo sintió como una primera señal de presiones de los constituyentes al Congreso?
—No corresponde que las haya, porque su labor está bastante clara. La Convención se estableció para un fin absolutamente específico: redactar la nueva Constitución. A ellos no les compete las labores legislativas que hoy están radicadas en el Congreso.

—¿Le inquieta que senadores o candidatos presidenciales se hagan eco de ese mensaje para avanzar en el Parlamento?
—Cada uno debe responder por sus opiniones en esta materia. Yo en lo personal, creo que es un tema que no debiera mezclarse con la Convención.

—Esa postura de algunos constituyentes, ¿podría bloquear avances en la Convención?
—Si siguen con esa actitud, estarían desatendiendo sus labores. Sería muy triste que la Constitución no avanzara, o que al final del día no tuviéramos nueva Constitución, producto de esta actitud que están teniendo algunos constituyentes, teniendo presente que ellos tienen un plazo acotado para redactar la Constitución: 9 meses, más 1 prórroga.