El decreto de estado de emergencia para el Biobío y La Araucanía ingresado este martes a Contraloría buscará restablecer “el libre tránsito” en la zona. Esto se traduciría en que las Fuerzas Armadas podrán apoyar a las policías en controles vehiculares, que constituyeron un 64% de las labores realizadas durante el estado de excepción constitucional que rigió hasta el 26 marzo. Los principales beneficiados con la medida serán quienes transiten por 6 rutas que concentran los ataques. Quedarían fuera los controles a personas y el acompañamiento a policías en el cumplimiento de órdenes judiciales.
Qué observar: El decreto de estado de excepción constitucional de emergencia anunciado el lunes por la noche por La Moneda y que este martes por la mañana fue ingresado a Contraloría para su toma de razón fue la respuesta del gobierno de Gabriel Boric a la crisis de violencia que se registra en la Macrozona Sur y que derivó en protestas organizadas por contratistas forestales y camioneros que a principios de mes efectuaron bloqueos parciales de ruta en distintos puntos del país.
- La falta de apoyo parlamentario desde Apruebo Dignidad inclinó a La Moneda a desistir del proyecto de “estado intermedio” adelantado por el Presidente Gabriel Boric, que implicaba declarar a los caminos como infraestructura crítica susceptible ser resguardada por las Fuerzas Armadas (FFAA), sin necesidad de recurrir a la declaración de un estado de excepción constitucional.
- El anuncio de Boric de devolver a los militares a la zona fue seguido de amenazas efectuadas por 2 de los principales grupos de radicales de la Macrozona Sur, acompañadas de atentados incendiarios. El fundador y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, llamó el miércoles 11 a “organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio”. La Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) dijo en una declaración publicada este lunes 16 que “dejamos en claro al gobierno que no habrá ninguna agresión sin respuesta”.
- El anuncio de que el decreto estaría enfocado, según dijo el lunes por la noche la ministra del Interior, Izkia Siches, en restablecer “el libre tránsito de las personas”, generó dudas sobre los alcances que tendría. El texto permite esclarecerlas.
Qué dice el decreto ingresado: En los 10 considerandos con que el gobierno justificó la declaración de estado de emergencia se sostiene que “hemos tenido un aumento de los actos violentos en las rutas, especialmente en la Región de la Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío de la Región del Biobío”.
- A su vez se sostiene que “también hemos visto cortes extendidos de las carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito, alteran el orden público y obstaculizan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas”.
- Con esas justificaciones se declaró “estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de la Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío, para la protección de rutas en aquellos territorios”.
- “Las medidas adoptadas, en función de este decreto, deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas, buscando minimizar el impacto en el normal desenvolvimiento de la vida de la población en las zonas afectadas”.
- La medida fue decretada por 15 días, que el Ejecutivo puede prorrogar por otros 15 sin consultar al Congreso. Tras esto requerirá de mayoría simple tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado si decide mantenerla.
Las diferencias con el decreto de emergencia anterior: El decreto de emergencia que rigió por más de 5 meses —entre el 13 de octubre de 2021 y el 26 de marzo de este año— tuvo como eje la realización de patrullajes mixtos entre efectivos de las Fuerzas Armadas y las policías en 2 provincias del Biobío y 2 de La Araucanía.
- Esta es la primera diferencia entre ambos decretos, ya que el nuevo aumenta la cobertura de las provincias de Cautín y Malleco del texto anterior, a toda la región de La Araucanía. En el caso del Biobío se mantiene la superficie a resguardar: las provincias de Arauco y el Biobío.
- La declaración de estado de emergencia exclusivamente para la “protección de rutas en aquellos territorios” mencionados, restringe el ámbito de acción de las Fuerzas Armadas.
- El texto previo autorizaba a que las Fuerzas Armadas pudieran “desplegar unidades aéreas, terrestres y/o marítimas para prestar apoyo logístico, de vigilancia, de transporte y tecnológico a los procedimientos policiales a desarrollarse en las zonas declaradas en estado de emergencia” y sólo imponía como restricción que las FFAA “no podrán llevar a cabo procedimientos policiales de manera autónoma y directa”.
Cómo afectará la restricción de funciones del nuevo decreto: Un informe del 27 de febrero de la Subsecretaría de Interior detalló que el 64% de los 69 mil 217 operativos realizados por las FFAA en estado de excepción correspondían a controles vehiculares (44 mil 459). Estos podrían mantenerse con el nuevo decreto.
- El 36% restante correspondía a controles a personas (24 mil 758), que no estarían cubiertos de acuerdo con la redacción del decreto. Tampoco están explicitados en el decreto que las FFAA acompañen a las policías a cumplir mandatos judiciales a zonas de alto riesgo.
- Durante 2021 las rutas con mayor incidencia de violencia hacia camiones, de acuerdo a un informe de Interior de febrero, fueron la P-72S y P-60R en el Biobío, la S-155, R-35 y R-181 en La Araucanía y la Ruta 5 Sur que cruza ambas regiones.
- “En 3 de cada 4 ataques a camiones hubo presencia o uso de armas de fuego con el objetivo de detener a los vehículos (235)”, detalló ese informe.
El rol de la Armada: El nuevo decreto asignó como jefes de la defensa al general de brigada Edward Slater, en La Araucanía, y al contraalmirante Jorge Parga, en el Biobío, manteniendo los mandos del Ejército en IX Región y de la Armada en la VIII del decreto anterior, que a su vez replicaba un esquema aplicado durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia (entre marzo de 2020 y septiembre de 2021).
- Esto ocurrió a pesar de las tensiones existentes entre La Moneda y La Armada.
- La evaluación del nuevo gobierno ha sido desfavorable hacia esa institución desde la muerte del comunero Yordan Llempi durante un operativo en que participaron infantes de marina, en noviembre pasado. Un episodio que también fue evaluado negativamente por fuentes de gobierno fue la denuncia presentada en abril por un capitán de fragata en contra del fiscal del caso Nelson Vigueras por supuestamente haber abusado de su poder y amenazado a un sargento que declaraba como testigo. La Asociación de Fiscales respaldó al fiscal en una declaración.
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