CAM llama a “organizar la resistencia armada” mientras gobierno busca los votos para “estado de excepción intermedio”

Victor Hugo Durán

Héctor Llaitul, fundador de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), llamó a “preparar fuerzas, a organizar la resistencia armada” ante el proyecto del gobierno de crear “un estado de excepción intermedio” para permitir que las FFAA controlen las rutas en la Macrozona Sur. Paralelamente, el gobierno busca los votos para sacar el proyecto – mirado con desconfianza por el PC- cuyas definiciones todavía no están listas y provocan una serie de dudas.


Lo que dijo Llaitul. El líder de la CAM hizo sus declaraciones en el medio electrónico “Werken Noticias”.

  • “Se viene el estado intermedio, que no es otra cosa que un nuevo estado de excepción. Es decir los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu custodiando los intereses del gran capital. Es la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuche siempre hemos sufrido, dictadura que ahora asume el gobierno lacayo de Boric”, afirmó.
  • “A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche”.
  • La violencia política en la zona la inauguró en 1997 la CAM. Parte de los otros 6 grupos radicales identificados que operan en la Macrozona Sur son escisiones producto de quiebres internos en los años posteriores. Ninguno de esos grupos acogió el llamado al diálogo que hizo el gobierno de Boric al asumir. Al revés, intensificaron sus accciones.

El proyecto y las gestiones del gobierno. 93 diputados y 30 senadores. Ese es el quorum que requiere la aprobación de la propuesta con la que el gobierno busca establecer un “estado de excepción intermedio” a través de una indicación sustitutiva que presentará en la Comisión Mixta que analiza el proyecto de infraestructura crítica. Los detalles del proyecto todavía no están definidos.

  • El proyecto para proteger la infraestructura crítica surgió en 2019 por parte de los senadores Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pugh (ambos independientes pro RN) y buscaba responder a la serie de ataques que se produjeron tras el 18-O.
  • Fue aprobado en el Senado, pero no logró los 93 votos que requería en la Cámara de Diputados. Entre otros, votaron contra dicha iniciativa, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Maya Fernández y Manuel Monsalve. En 68 ocasiones el Gobierno de Sebastián Piñera le puso urgencia y no avanzó.
  • La crisis de seguridad que se vive en el sur, el incremento de actos delictuales y ataques luego que no se renovara el Estado de Emergencia que rigió entre el 12 de octubre y el 26 de marzo, sumado al paro de los camioneros, obligó al Ejecutivo a buscar una salida que, más que acuerdos, genera disputas internas dentro de la coalición oficialista.
  • Para avanzar en el proyecto, y no enfrentarse a un fracaso como ocurrió con el último intento de retiros de fondos previsionales, el Ejecutivo desplegó a los ministros Izkia Siches, Giorgio Jackson y Camila Vallejo para sacar adelante la propuesta.
  • El lunes, el tema comenzó a ser socializado en el comité político ampliado. Ese mismo día, el ministro Jackson se reunió con los senadores Ximena Rincón y Matías Walker (DC), quienes se manifestaron disponibles para avanzar en una agenda de seguridad.
  • Este martes, Siches y Jackson se reunieron por separado con el Partido de la Gente y sus seis diputados. Cada uno estuvo por espacio de media hora con los legisladores, y entregaron líneas generales del proyecto que se presentará.
  • La diputada y jefa de bancada del Partido de la Gente, Yovana Ahumada, dijo a Ex – Ante que “se comprometieron a enviarnos un documento con la propuesta, a la que, dijeron, le estaban haciendo ajustes, por lo que una vez que la recibamos tendremos una posición”. De todas formas, dijo, dos temas que les despiertan dudas son el mando civil sobre el militar y lo otro, aún más relevante, para qué buscar un nuevo estado si existe el de excepción actual.

Los nudos críticos. La discusión parlamentaria tendrá varios puntos clave a resolver, como los siguientes:

  1. La amplitud de la cobertura. Una dudas es si se restringirá a carreteras y rutas o se abrirá a recintos clave como generadoras eléctricas, plantas de agua o incluso algunos edificios públicos. Hasta ahora, el deseo del Ejecutivo y lo que ha manifestado en forma pública, es que se trata de un despliegue solo de tipo carretero.
  2. La duración de la medida. Aunque ha trascendido que este estado intermedio se aplicaría por 15 días con posibilidad de renovación, desde la derecha la idea es presionar para que se extienda por un tiempo mayor -se habla hasta de 90 días- para lograr efectividad.
  3. La misión de las Fuerzas Armadas. Esta es una de las mayores interrogantes. Si se despliegan, cuál será la misión. Dado que se trata de una medida “intermedia”, existe la duda en torno si los militares podrán hacer controles carreteros a personas o solo tendrán un rol disuasivo por presencia.
  4. Reglas del uso de la fuerza. La otra duda que podría hacer tambalear un avance se refiera a si los militares estarán fijos o se desplazarán, es decir, si será seguridad “estática” o “móvil”. A ello se suma la duda sobre cuál será el actuar en caso de ataques y la definición de las Reglas de Uso de la Fuerza para este estado específico.

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