Los concejales de Chile Vamos Juan Mena y Santiago Mekis hicieron este miércoles una presentación a Contraloría acusando que la alcaldesa Irací Hassler (PC) transgredió la ley del Ministerio de Hacienda sobre responsabilidad fiscal que establece que los servicios públicos requieren autorización de esa cartera para incurrir en obligaciones de pago a futuro. Denuncian que esto ocurrió en el caso de la compra de la ex clínica Sierra Bella, ya que el pago se pactó en cuotas. Paralelamente la fiscalía investiga penalmente el caso. La alcaldesa afirmó esta semana que han actuado con “transparencia”.
Qué observar. Una nueva presentación a Contraloría fue ingresada este miércoles por el caso de la ex clínica Sierra Bella, cuya compra fue suspendida este mes por instrucción del organismo fiscalizador.
- Se trata de un escrito de 7 páginas ingresado por los concejales de Chile Vamos Juan Mena y Santiago Mekis, además de la ex concejal de la UDI Adriana Morán.
- En el documento acusaron que la alcaldesa Irací Hassler (PC) transgredió la ley del Ministerio de Hacienda sobre responsabilidad fiscal, que establece que los servicios públicos requieren autorización de esa cartera para incurrir en obligaciones de pago a futuro. Denunciaron que lo anterior ocurrió en este caso, ya que el pago de la ex clínica se pactó en cuotas.
- La presentación se suma a otras 3 realizadas en Contraloría. La primera la hizo el abogado Diego Berríos de Las Malvas —sociedad que ofrecía otro inmueble al municipio— el 18 de enero, día en que el concejo municipal aprobó la compra de la ex clínica.
- Ese escrito dio inicio a una investigación administrativa, todavía en desarrollo, para esclarecer por qué la municipalidad buscaba pagar más de $8.200 millones a la Sociedad San Valentino, que había comprado por $2.080 millones una propiedad en calle Sierra Bella cuyo avalúo fiscal es de $1.940 millones, y que se había ofertado en portales públicos a $3.347 millones, según acusan las sucesivas presentaciones hechas al contralor. San Valentino compró la propiedad a la Sociedad Médica Sierra Bella, que enfrenta distintas causas en tribunales.
- A la presentación de Berríos siguieron otras. El 26 de enero la concejal Rosario Carvajal —ex aliada de Hassler— ingresó un escrito acusando presuntas irregularidades en el proceso de aprobación de la compra. El 30 de enero los concejales Mena y Mekis de Chile Vamos hicieron una tercera presentación denunciando “un perjuicio patrimonial enorme” por la adquisición.
- El 2 de febrero Contraloría instruyó a la municipalidad congelar la compra mientras desarrolla la investigación. La Municipalidad, que había defendido la adquisición apoyada en que había pedido las 3 tasaciones requeridas por Contraloría para acordar el precio, acató la instrucción.
- Paralelamente, la fiscalía metropolitana centro norte desarrolla una investigación penal a cargo del fiscal Patricio Cooper, la que fue abierta tras la presentación de 2 querellas por un eventual fraude: una fue interpuesta por los diputados de la bancada de Republicanos Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser, y otra por el abogado Aldo Duque.
- “Estamos siempre disponibles a colaborar como lo hemos hecho con Contraloría o cualquier institución que lo requiera”, dijo este martes la alcaldesa durante una actividad en calle Bandera. “Hemos trabajado como siempre, con transparencia, probidad y una profunda vocación de servicio público para fortalecer la salud de todas las personas”.
Qué dice la presentación. “El precio de compra (…) se pactó en 3 cuotas, lo que origina una obligación a futuro por parte de la Municipalidad de Santiago. Lo anterior consta en la cláusula tercera del contrato suscrito entre la alcaldesa (en representación del Municipio) y la empresa Inmobiliaria San Valentino SPA”, sostuvo la presentación.
- “Que, al pactar esta modalidad de pago, la Municipalidad de Santiago omitió un trámite esencial para la validez del contrato, esto es la autorización previa del Ministerio de Hacienda, todo ello según consta en el artículo 14 de la Ley N°20.128, esto es:”.
- “Artículo 14.- Los órganos y servicios públicos regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra o adquisición a otro título del bien arrendado y para celebrar cualquier tipo de contratos o convenios que originen obligaciones de pago a futuro por la obtención de la propiedad o el uso y goce de ciertos bienes, y de determinados servicios”.
- “Que, por tanto, al vulnerar un requisito legal, previo al pacto con la referida empresa, la Municipalidad de Santiago, incurre en una notable transgresión de la norma, actuando por consiguiente fuera de sus competencias, vulnerando lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución”.
- “Artículo 6º.- Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional”.
- “Por tanto, en mérito de lo expuesto, ruego al sr. Contralor tener por formulada denuncia, solicitando se investigue y fiscalice los hechos denunciados, ordenando los procedimientos disciplinarios correspondientes ante eventuales responsabilidades administrativas y en definitiva la anulación de la compra”.
Tasas de criminalidad. A la controversia por la compra de la ex clínica Sierra Bella se suman las altas tasas de criminalidad de la comuna. Estadísticas del Centro de Estudios y Análisis (CEAD) de la Subsecretaría de Prevención del Delito mostraron que Santiago Centro tiene la tercera mayor tasa de homicidios de la región (10,4 por cada 100 mil habitantes) después de San Ramón y San Joaquín.
Los vendedores. El abogado Felipe Rojas habló el viernes en representación de la sociedad San Valentino, que hizo el negocio con la municipalidad.
- “Si bien este es el único negocio que realiza San Valentino, pertenece a un holding que ha hecho otros con anterioridad. No es un aparecido ni un palo blanco del Partido Comunista, como he escuchado. Nunca ha pisado la sede del PC; no es un palo blanco de la Municipalidad de Santiago, tampoco. No tiene pacto con ningún político”, dijo a este medio.
Lea la presentación a Contraloría:
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