En un contexto donde Chile enfrenta la urgente necesidad de crecer y aumentar nuestra productividad, resulta impresentable que un grupo de parlamentarios presente un proyecto de ley que atenta contra la innovación y busca defender a un grupo de interés.
Las demandas de Aproleche a NotCo, que van camino a la Corte Suprema, y el reciente proyecto de ley que busca regular la industria FoodTech, evidencian un dilema que podría frenar el progreso en un sector que muestra un gran potencial. Este proyecto busca clasificar los alimentos simulados y prohibir el uso de palabras que describen productos tradicionalmente de origen animal, cuando su origen es vegetal.
Lo absurdo y contradictorio de esta situación es que mientras el país busca fomentar la innovación a través de fondos y leyes, se intenta matar un caso de éxito por la vía legislativa. Si seguimos este camino, podríamos argumentar que los diarios digitales no deberían llamarse diarios, que el correo electrónico no puede evocar cartas, que las redes inalámbricas son una contradicción ilegal, o que los autos eléctricos deben buscar un nuevo nombre porque sus predecesores eran a petróleo. Este tipo de regulaciones no sólo son retrocesos, sino que también muestran un temor infundado a la evolución natural del mercado.
El exceso de regulación que se propone en este proyecto es preocupante. Necesitamos resguardar la libre competencia y prevenir la intervención excesiva en el mercado. Es fundamental velar por la salud de los consumidores, pero regular el lenguaje que se puede usar para describir productos es un ánimo de control Estatal excesivo. Si una marca de leche vegetal se jacta de no tener origen animal; es absurdo que sea cuestionado por decir la verdad. El lenguaje evoluciona y por lo mismo no es regulado.
Las empresas deben ser libres de promocionar sus productos sin miedo a represalias, mientras no engañen a sus consumidores. Decir que “leche de almendras” atenta contra la verdad, es tan absurdo como decir que el patrimonio de la palabra leche es solo de unos pocos. Se rumorea que viene demanda del gremio marítimo contra las aerolíneas por los aero-puertos. Miles de consumidores decepcionados al enterarse que los aviones no flotan.
Además, ¿qué pasaría si hacemos el ejercicio al revés? ¿Cómo deberíamos regular a los productos animales que buscan decirle algo más al consumidor? En ese caso, debiésemos prohibir hablar de huevos de gallinas libres si la verdad no lo son. Para que hablar de animales felices que nunca fueron encuestados. Y ni se nos ocurra hablar de ganado libre sufrimiento si tuvieron que enfrentarse matadero antes de llegar a la góndola. Pongámonos serios.
No se pueden buscar soluciones en el Congreso para conflictos que deberían resolverse en el poder judicial o en el mercado. Si los consumidores creen que un producto es mejor y les gusta, no podemos usar el poder legislativo para dar una pelea en nombre de los ganaderos o lecheros. En caso que una empresa emergente está infringiendo la ley, deben acudir a los tribunales. Pero no podemos andar legislando para desnivelar la cancha en favor de los incumbentes. Queremos que todos les vaya bien, pero innovando y compitiendo, no resolviendo por secretaria lo que se debe jugar en la cancha.
Raya para la suma, debemos plantearnos si queremos promover la innovación y crear empleos de valor agregado, o si preferimos decirles a nuestros emprendedores que es mejor que se vayan del país. Si un startup tiene éxito, no debería ser objeto de represalias por parte de un gremio afectado que utiliza el poder del Estado para competir deslealmente. La esencia del mercado es la destrucción creativa, donde, aunque algunos pierden temporalmente, en el agregado todos están mejor. Convertirnos en un país desarrollado implica remar hacia el mismo lado, potenciar empresas foodtech y alentar a las empresas tradicionales a innovar.
El reembolso, tal como indica su nombre, sólo se entrega para cubrir aquel monto de gastos electorales autorizados y aprobados -no el crédito de consumo familiar ni la cuenta del supermercado- que no han sido previamente cubiertos por otras vías de financiamiento, con un tope máximo de 0,04 UF por voto obtenido.
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