¿Funcionaría la propuesta de Javier Milei en Chile? Por Tomás Sánchez

Javier Milei ganó la presidencia de Argentina sin prometer beneficios inmediatos, sino sacrificios y tiempos difíciles para lograr reformas. Medio año después, sigue adelante con avances legislativos y apoyo social dividido entre optimismo e incertidumbre. Esto plantea si en Chile un candidato podría hacer lo mismo, ofreciendo reformas en vez de promesas populistas. Modernizar el estado chileno es esencial, pero implica enfrentar grupos de interés poderosos y asumir riesgos políticos. ¿Estarían los chilenos dispuestos a apoyar tal enfoque?

Javier Milei ganó una campaña presidencial sin prometer bonos ni jardines de rosas. Todo lo contrario. Casi el 56% de los argentinos votaron por él en segunda vuelta respaldando un discurso que, si bien tenía elementos populistas, como despotricar en contra de la casta política, también tenía un mensaje sobre cómo el cambio que llevaría adelante no sería fácil.

No prometió un corto plazo lleno de regalías y promociones de campaña, sino que fue explícito sobre cómo el país tendría que apretarse el cinturón, que venían tiempos difíciles, y que era necesario hacer sacrificios durante al menos un año, antes de ver los frutos del control inflacionario, el orden fiscal y la apertura económica.

Después de ganar, muchos de los analistas, e incluido gran parte de sus votantes, no le daban seis meses. Entendían que el desafío era dantesco. La sociedad puede haber estado hastiada de la corrupción y descalabro peronista, pero otra cosa era vivir un país sin subsidios cuando llevaba décadas acostumbrado a ellos. La realidad cotidiana sería más fuerte que la esperanza de la promesa y ello acabaría con los anhelos de reforma.

Pues bien, medio año después Milei sigue en pie y su programa da importantes pasos legislativos con la aprobación en el Senado de su ley bases. Las encuestas muestran como la “esperanza” es el sentimiento más mencionado, seguido por “tristeza”, “bronca” e “incertidumbre”. En paralelo, 57% cree que “lo peor ya pasó” y el 42% dice que “lo peor está por venir”. Sin embargo, el 49% cree que el esfuerzo que está haciendo Argentina valdrá la pena, aunque cayendo algunos puntos con respecto a un mes atrás. Y ahí está el corazón del asunto: el compromiso y resiliencia frente a presente difícil dado el compromiso por un futuro mejor.

¿Sería posible ver algo así en Chile? ¿Podría la próxima campaña presidencial darse en un tono donde no escuchemos ofertones, sino que, por el contrario, algún candidato hable de las reformas difíciles pero necesarias? ¿Estarían los chilenos dispuestos a votar por un candidato que ofrece sacrificios?

Sin duda las dificultades económicas y en seguridad que sufre Chile distan en órdenes de magnitud de la situación argentina. Sin embargo, para llevar a Chile al desarrollo es imprescindible una reforma profunda a nuestro Estado. Mejores servicios públicos, sea seguridad, salud o educación, pasan inevitablemente por una modernización de nuestra burocracia.

A su vez, para que el país crezca necesita de permisos ágiles, un sistema judicial eficiente y transparente; una institucionalidad que de garantías para atraer la inversión. Así, vemos como el camino la prosperidad pasa por una reforma que carece del atractivo propio de tiempos electorales.

Modernizar el Estado no solo es poco sexy, sino que es meterse en las patas de los caballos. Es arremangarse las mangas para entrar en las salas de máquinas, en vez de pintar la fachada. Es desgastante, requiere de muchísimo trabajo, y sin una ciudadanía comprometida, es ingrato y riesgoso. Con resultados que no se ven en el corto plazo, es fácil sentir que la próxima elección peligra y hasta los parlamentarios oficialistas empezarán a plantear sus dudas. Peor aún, frente al primer paro de algún grupo de interés que vea sus intereses y privilegios amenazados, todo puede derrumbarse.

He ahí la interrogante crucial: ¿podrá un candidato a la Presidencia de Chile advertir a los votantes, y conseguir su respaldo para poner los intereses del país frente a un paro de funcionarios que deje sin atención pública a niños, enfermos o ancianos?

¿Se puede aumentar la competencia del mercado logístico con una ley de cabotaje abierto, y mayor inversión ferroviaria sin ser rehén de un paro camionero? ¿Puede Chile reformar el Estatuto Administrativo para crear un servicio público meritocrático, moderno y flexible sin arriesgar que el Registro Civil no atienda ciudadanos, los hospitales dejen de operar y los niños detengan su aprendizaje?

La dura realidad es que hoy Chile es rehén de diferentes grupos de interés que tienen entre sus manos el poder fáctico que impide avanzar. Desde taxistas que defienden injustificablemente un oligopolio en desmedro de sus clientes, hasta los trabajadores portuarios que tienen beneficios que ningún otro trabajador en Chile tiene, pero que para mantenerlos ponen en peligro en ingreso de miles de agricultores. Son también jóvenes que rocían impunemente con bencina profesores y destruyen en semanas instituciones que tomó décadas construir.

Modernizar Chile es un desafío que necesita hacer frente a múltiples grupos de interés con enorme poder fáctico, y, por lo tanto, garantiza un proceso extenuante e ingrato para toda administración que lo intente. Por lo mismo, cabe hacerse la pregunta, si los chilenos están dispuestos a prestarle ropa a un candidato que ponga los intereses del país por delante, y que sus votantes lo recuerden, cada vez que la negociación de vuelva difícil.

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