Esta semana en la portada de un importante diario económico del país aparecía que Mina Zaldívar, operada por Antofagasta Minerals, contaba con menos de 40 días para obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto que le permitirá extender la vida útil del yacimiento hasta el año 2051. En efecto, el 31 de mayo vencen los permisos de explotación minera y extracción de agua del yacimiento.
Dicha minera habría ingresado el Proyecto “Extensión Vida Útil con Transición Hídrica”, cuya inversión alcanza a US$1.200 millones, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en junio de 2023. Cabe señalar que Antofagasta Minerals es la única minera de gran tamaño en Chile cuyos capitales son nacionales.
De acuerdo con información del SEIA, en lo que va del presente año, el promedio de días totales de tramitación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) asciende a 1.147.- Entre el año 2021 y el 2025, este promedio fue de 1.093 días, pero en el caso de la minería alcanzó a 1.313 días, siendo el segundo sector productivo identificado por la institución en que el promedio es tan alto, después de Saneamiento Ambiental, con 1.444 días totales de tramitación.
El promedio de días de evaluación, en tanto, alcanza a 164 en general, mientras para el sector minero llega a 170, siendo el sector con mayor demora. El SEIA también identifica el número de días de suspensión otorgados al titular, el que alcanzó a 809 entre el año 2021 y el 2025. Este alcanzó a 1.045 días para el caso del sector minero, siendo nuevamente el segundo mayor después de Saneamiento Ambiental, que alcanzó a 1.158 días.
Estos largos plazos de tramitación son los que tienen que sufrir los proyectos de inversión que ingresan a Evaluación Ambiental, siendo unos más afectados que otros. En particular, en el caso de la minería depende de la duración de la vida útil de los yacimientos. Mientras la gran minería opera con una planificación a décadas, la mediana minería va construyendo su vida útil por fases que contemplan periodos de tres a cinco años, aunque sus faenas pueden durar 30 o más años.
Cada una de las fases debe ser tramitada en forma independiente, a pesar de tratarse de la misma mina y planta, muchas veces de los mismos volúmenes de tratamiento e, incluso, de los mismos trabajadores.
Dado que la construcción de la vida útil de la mediana minería es por fases, la obliga a ingresar constantemente a evaluación ambiental, enfrentando no solo las demoras indicadas, sino también los cambios normativos que ocurran en ese periodo, que son cada vez más frecuentes. Esto no solo es negativo para las empresas, sino para el país como un todo, pues implica un alto nivel de ineficiencia del Estado, con el consecuente gasto fiscal. Y esto cobra mayor importancia en momentos de estrechez presupuestaria en el Estado, como la que vivimos hoy en día.
La situación se vuelve más crítica aún al considerar que el futuro de la minería chilena es a través de proyectos del tamaño de la mediana minería. Las positivas perspectivas para la demanda de cobre en el futuro, derivada de la transición energética, y la escasez de grandes yacimientos determinan este desafío.
Y los retrasos también afectan a proyectos estratégicos, como aquellos vinculados a tierras raras, que han sido noticia en los últimos días, dado que China está usando este tipo de minerales, entre otros, como forma de negociación de aranceles con EEUU. Esto podría ser una oportunidad para Chile, dado que China suspendió sus exportaciones a ese país, sin embargo, el proyecto de Aclara Resources que se desarrolla en Penco, Región del Biobío, lleva nueve años de tramitación y espera iniciar operación el año 2027. De acuerdo a lo señalado por la empresa, las tierras raras existentes en Penco son extremadamente escasas fuera de China.
En enero de 2024, el gobierno ingresó al Congreso dos proyectos para agilizar la permisología, aquel que actualiza la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N° 19.300), conocido como “Evaluación Ambiental 2.0” y el “Sistema Inteligente de Permisos”, que apunta a los permisos sectoriales. Ambos tienen por objetivo bajar los tiempos de tramitación de proyectos de inversión y están en segundo trámite constitucional.
Más allá de estos proyectos de ley, existe otra forma de hacer más ágil la tramitación de la mediana minería, que es reconocer sus particularidades al uniformar su definición a través de la normativa vigente.
En efecto, la multiplicidad de definiciones que en la actualidad existen para este segmento, dependiendo de la institución o legislación considerada, incide en falta de criterios de evaluación uniformes y dificultades para identificar los proyectos bajo evaluación de parte de los equipos de trabajo estatales, entre otros.
Cuando el país ya cuenta con una década creciendo alrededor del 2%, con un aporte nulo o, incluso, negativo de la productividad, es lamentable que la ineficiencia del aparato estatal limite el potencial de sectores clave como la minería. Las herramientas para mejorar existen, pero lo fundamental es tener la voluntad de usarlas… y hacerlo.
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