Hace pocos días el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta declaró la nulidad de la resolución del Comité de Ministros de enero de 2023, que había rechazado el proyecto minero-portuario Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo. El Tribunal indica que el comité transgredió principios fundamentales como la imparcialidad y la confianza legítima, ya que estaba a cargo de ministros que habían manifestado públicamente su postura contraria al proyecto, quienes debieron inhabilitarse.
Con la información que se conoce hasta ahora, el gobierno está considerando apelar a la Corte Suprema. Paralelamente, se prepara para una nueva evaluación del proyecto Dominga por parte del Comité de Ministros, teniendo un plazo de 15 días para dar cumplimiento a las directrices establecidas por el Tribunal Ambiental.
Dicho tribunal confirmó que no hay razones técnicas ambientales que justifiquen un rechazo al proyecto. Por ello, señala que se transgredieron principios fundamentales como la imparcialidad y la confianza legítima. Esto es de gravedad, ya que muestra una inconsistencia del gobierno entre su discurso y su accionar, lo que no contribuye a la tan solicitada certeza jurídica que requiere el país para volver a atraer inversiones, esenciales para el crecimiento en el largo plazo.
De hecho, no se entiende la relación entre la insistencia del gobierno en rechazar el proyecto, incluso recurriendo a la Corte Suprema, y los objetivos del llamado Gabinete Pro Crecimiento, que tiene como objetivos promover el crecimiento económico, la inversión y el empleo. El proyecto minero-portuario Dominga considera una inversión de US$ 2.500 millones, 10.000 nuevos empleos en la etapa de construcción y 1.500 nuevos empleos en la etapa de operación. Ello es muy valorado por la comunidad de la región en que se emplaza el proyecto.
Con estas inconsistencias no es necesario contar con sistemas de permisos expeditos, ni hacer un esfuerzo como Estado en simplificar los procesos, trabajando tanto desde el ejecutivo como desde el legislativo. Si un grupo acotado de ministros tiene la potencialidad de demoler en una mesa de reuniones el trabajo de años de toda una compañía, de las instituciones de gobierno y del mundo legislativo, es suficiente para desmotivar cualquier intento de contribuir a la inversión. Si a estas inconsistencias se suma la potencialidad de una ONG, por ejemplo, de judicializar cualquier proyecto, agregando años de tramitación, ¿qué incentivo puede tener un inversionista, tanto nacional como internacional, de seguir arriesgando su capital en el país?
Este caso pone de manifiesto solicitudes de años por parte de inversionistas. Un ejemplo es la necesidad de acotar el carácter político de las decisiones de inversión en el país, yendo hacia instancias más apolíticas que permitan visualizar el bien de Chile en el largo plazo. Ello, evidentemente, obligaría a ponerse de acuerdo en la visión de país que se tiene. No puede ser que la inversión dependa del ciclo político. Es necesario que Chile se ponga de acuerdo en una postura común para este tipo de proyectos.
El tiempo pasa, pero no en vano. El bajo crecimiento (¿estancamiento?) que el Banco Central ha proyectado para los próximos diez años, al menos, significan un retroceso relativo. Esto es, Chile se queda atrás frente a sus pares. El otrora tigre de Latinoamérica se acerca más a un inofensivo gatito. Algunos ejemplos: el año 1998 el PIB per cápita de Chile (PPP) era 2,83 el de los países emergentes y economías en desarrollo, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde ahí la caída ha sido sistemática, excepto en los gobiernos de Piñera I y II. Hoy es solo de 1,97 y la proyección que hace el FMI para el 2029 es de 1,86.-
Si se hace un zoom en la región, Uruguay es una buena comparación. El año 1980 el PIB per cápita de ese país era 1,38 veces el de Chile. El año 1995 se igualaron para luego Chile pasar adelante. El año 2004 el PIB per cápita chileno era 1,29 veces el de los uruguayos, pero desde ahí el desplome es sistemático: Uruguay supera a Chile el año 2022 y la proyección del FMI para este año es que el indicador sea 1,03 en favor de ese país.
Todo esto solo nos puede afectar negativamente. El FMI advirtió a mediados de este año que periodos largos de crecimiento lento pueden provocar un serio revés en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y, en particular, la pobreza, era un indicador del que nuestro país se sentía muy orgulloso hasta el estallido del año 2019.-
Es importante la protección del medioambiente, quien podría dudarlo; de ello depende el futuro de nuestros hijos y nietos. Sin embargo, también hay que cuidar el crecimiento económico, en las acciones, no solo en el discurso. El objetivo debería ser promover el desarrollo sostenible, para revertir un crecimiento bajo que perpetúe la pobreza y la desigualdad. Aun estamos a tiempo.
Lea también. Perfil: Sebastián Aylwin y la nueva ofensiva que baraja el Gobierno contra Dominga
Perfil: Sebastián Aylwin y la nueva ofensiva que baraja el Gobierno contra Dominga. https://t.co/5acbHanD2d
— Ex-Ante (@exantecl) December 20, 2024
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