Trasfondo: El impacto de la grabación de la PDI a Crispi y cómo el caso enreda a Boric
Ex-Ante
Imagen: Agencia Uno.
La PDI grabó un diálogo del ex asesor del presidente Boric con su madre, Claudia Serrano, sobre la venta de la casa del ex mandatario, en el cual dice que Isabel Allende, presionó mucho al gobierno. La conversación, revelada por La Tercera, desata dudas sobre el rol de Boric en el caso. Cuando se destaparon, Crispi era su principal asesor.
Panorama general. La conversación entre Miguel Crispi y su madre, Claudia Serrano, ex ministra del Trabajo de Bachelet 1, fue grabada por la PDI el 7 de enero. El teléfono del entonces jefe del Segundo Piso de La Moneda estaba siendo monitoreado por su rol en el Caso ProCultura.
Crispi renunció dos meses después por los cuestionamientos a su rol en la fallida compra, a lo que se suman otros por su papel en ProCultura y Democracia Viva.
El diálogo con su madre provocó que se abriera una investigación penal contra la ex senadora Isabel Allende, ya que la conversación apunta a tráfico de influencias en la fallida venta por $933 millones de la residencia de su padre.
En la grabación, Claudia Serrano crítica la forma en que el gobierno se estaba manejando con la compra de la casa y con su posterior anulación.
Serrano le pregunta a su hijo: “¿Ella (Isabel Allende) lo pidió?”.
Crispi: “O sea llamó hasta al portero del ministerio. Weveando, weveando, weveando que se haga, que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”. Además, afirma que la familia Allende es “totalmente incompetente”.
Al día siguiente se envió el diálogo al fiscal Patricio Cooper, encargado de investigar el caso ProCultura y también la arista penal de la fallida compraventa.
Según La Tercera, fue entonces que Crispi -y su abogado Guillermo Chahuán- tomaron conocimiento de que el teléfono venía siendo monitoreado por la PDI desde hace meses por ProCultura.
Posteriormente el ex asesor de Boric declaró ante la fiscalía y le restó relevancia al diálogo con su madre, calificándolo de “discusión política”. “Es una conversación en un espacio familiar y, por supuesto, sacada de contexto, se presta para otras interpretaciones”, señaló.
Isabel Allende en su último discurso en el Senado tras ser destituida por el Tribunal Constitucional. Agencia Uno.
Isabel Allende reaccionó con un desmentido: “Lo dicho por el señor Crispi en ese llamado es falso y constituye una falta de respeto a mi familia”.
Pese a que el Tribunal Constitucional la despojó del cargo de senadora por su intervención en el caso, Isabel Allende señaló: “No intervine en la venta de la casa de mi padre. Como hemos reiterado seguimos las instrucciones del gobierno”(…) “Que el señor Crispi explique sus dichos a la brevedad”.
Por qué importa. El diálogo pone en aprietos al gobierno, dado que en la fecha de la grabación Crispi era el principal asesor del presidente Gabriel Boric.
El problema más complicado es que ahora mucho es más inverosímil que Boric no lo supiera si Crispi lo sabía, ya que una de sus principales funciones es mantener informado al presidente.
Crispi venía siendo objeto de presiones para que renunciara mucho antes de que se anulara la compra de la casa de Allende y pese a eso el presidente lo mantuvo en el cargo. Las presiones por su salida se relacionaban con la fallida compraventa, ProCultura y Democracia Viva.
Boric le pidió la renuncia la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval y a la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Allende y que participó en la transacción, pero mantuvo a Crispi, quién solo dejó su cargo el 10 de marzo pasado.
A eso se suma que la Fiscalía le tomó declaración al equipo de asesores de La Moneda, quienes recibieron advertencias de que la compra del inmueble podría generar conflictos de interés y problemas legales y políticos.
Además, el gobierno y el PS lanzaron una ofensiva para defender a Isabel Allende cuando estalló el caso, pese que en La Moneda conocían su real participación.
También hay sospechas de que la anunciada compra por parte del gobierno de la casa del expresidente Patricio Aylwin fue una maniobra para darle más legitimidad a la transacción de la casa de Allende.
Democracia Viva. Aunque este caso estalló en junio de 2023, recién en enero de 2025 su abogado Guillermo Chahuán admitió que Crispi conversó el tema en Cerro Castillo con la desaforada diputada Catalina Pérez , dos días antes que el medio Timeline diera a conocer el escándalo
En la comisión investigadora de la Cámara —el 6 de noviembre de 2023— Crispi omitió esa conversación con Pérez. Y sostuvo algo que ahora cuesta más que nunca creer: que se enteró del problema el 7 de junio de 2023, por medio de “un rumor similar al que puede pasar por los escritorios” del Segundo Piso.
Carlos Contreras, el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, en prisión preventiva, ha declarado que la tía de Crispi, Verónica Serrano, quien era jefa de asentamientos precarios del Minvu, lo presionó para apurar los convenios de la repartición.
ProCultura. El otro caso que ha salpicado al gobierno, y a Crispi en particular, son los convenios con el Estado de la fundación Procultura, del siquiatra Alberto Larraín, muy cercano al FA, al presidente, y al gobernador de la RM, Claudio Orrego. Este último ha sido declarado “sujeto de interés” en la investigación
La gobernación de Santiago le transfirió $1.683.788.000 a esa fundación para un programa destinado a prevenir suicidios, de los cuales ProCultura solo rindió $600 millones.
ProCultura fue cerrada en noviembre de 2023. En los dos primeros años del mandato de Boric los ingresos de la fundación por contratos con reparticiones públicas se multiplicaron por 10: desde $316.849.723 en 2021 a $3.282.841.556 en 2022.
Larraín declaró como imputado en febrero de 2024, a raíz del convenio entre la Gobernación Regional de Antofagasta y la fundación Procultura por un proyecto por $629 millones para pintar fachadas de esa ciudad (el valor aproximado por m2 fue de $ 262 mil). Desde su anterior cargo en la Subdere, Crispi validó esa operación.
El 6 de enero en la comisión de la Cámara Crispi fue consultado si conocía a Larraín al validar la transferencia de fondos públicos. “Lo conocía, sí. No tengo relación de amistad personal ni política con él”.
“No conocía a ProCultura hasta que se destapó este caso”, aseguró.
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