El 3 de junio de 2026, en la población Santa Teresa, cerro Rodelillo, Valparaíso, ocurrió un grave ataque armado: un grupo de vecinos que permanecía en la vía pública fue acribillado desde un auto. No hubo intercambio de disparos. Fue un acto unilateral, que causó la muerte de dos mujeres jóvenes y siete heridos.
El fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Valparaíso, y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, José Uribe, declaró que el sitio del suceso fue alterado: “Cuando llegó Carabineros, (…) estaba limpio. (…) barrido, se echó un líquido para limpiar, incluso no había rastro de sangre y ningún tipo de casquillo” (soychile.cl, 4. 6. 26).
Considerando la cantidad de disparos registrados, era una situación anómala, en contraste con el carácter excepcional de este crimen, al que describió como un “hecho de extremada violencia y casi inédito en la región, en cuanto al número de personas heridas por impacto balístico” (24 Horas-TVN, 5. 6. 26).
Por eso, no descartó ninguna hipótesis: “Puede ser una disputa territorial, una vendetta, incluso puede ser una señal que dan a veces organizaciones criminales de presencia en un territorio”.
Ninoska Carvajal, de 19 años, fue la primera víctima fatal. Su hermana, Constanza Sepúlveda, declaró: “No somos traficantes, no es un ajuste de cuentas. Mi hermana iba caminando” (soychile.cl, 5. 6. 26).
El 5 de junio, falleció Nashmia Escobar Jofré, de 20 años. Había salido a buscar el carnet de control médico de su hija.
Uno de los sobrevivientes a la balacera, Miguel Carvajal, padre de Ninoska, fue diagnosticado con paraplejia.
Constanza cuestionó las declaraciones del fiscal Uribe sobre el sitio del suceso: “no sólo porque la sangre de mi hermana permanecía en el lugar, sino porque además generó aún más incertidumbre en nuestra familia respecto de lo que estaba ocurriendo en la investigación” (soychile.cl, 12. 6. 26).
Dos semanas después del ataque, el abogado Leonardo Contreras, oriundo de Rodelillo, concejal de Valparaíso (RN), y representante de la familia de Ninoska, anunció la presentación de una querella por homicidio calificado y obstrucción a la investigación. Según él, la declaración inicial del fiscal Uribe, relativa a la remoción de elementos de la escena del crimen, habría perjudicado el proceso investigativo.
Contreras negó que el sitio del suceso hubiese sido alterado: “Nadie limpió absolutamente nada”. Además, atribuyó un “sesgo social histórico estigmatizante” tanto al Ministerio Público como a las policías, debido al origen territorial de las víctimas, las cuales habrían sido consideradas “como eventuales sujetos de investigación” (biobiochile.cl, 19. 6. 26).
No obstante, al igual que el fiscal Uribe, reconoció que “Valparaíso nunca había vivido un hecho de violencia de tal magnitud. (…) una matanza, un intento de matar de esta naturaleza, con este nivel de violencia”.
La fiscal regional Claudia Perivancich señaló que Uribe “describió particularidades del sitio del suceso, en que se advertía (…) menos hallazgo de las señas que normalmente (…) se debían haber encontrado. (…) no es que estaba absolutamente limpio”.
Finalmente, el fiscal a cargo, Germán Klug, admitió que el sitio del suceso fue intervenido, debido a la presencia de muchos testigos durante el desarrollo del crimen, y al traslado inmediato de las víctimas por sus familiares. En efecto, la escena del crimen no fue resguardada. Pero esto “no implica que no haya ni evidencia ni material para poder desarrollar una investigación en ese sitio del suceso” (soychile.cl, 19. 6. 26).
Según el informe Radiografía de la seguridad en Chile 2025: desafíos en el contexto del nuevo gobierno. Región de Valparaíso, del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo UNAB, publicado en junio de 2026, entre 2014 y 2025 los homicidios presentaron un aumento acumulado de 56% en la región.
Por otro lado, el porte de armas o explosivos presentó un aumento acumulado de 71, 0%. Y la tasa regional por cada 100 mil habitantes, un aumento de 52, 9%. Tales cifras confirman “una expansión sostenida” de este delito en la región, “consolidando los niveles más altos de toda la década en el último año analizado”.
Entonces, ¿a qué se debe esa oscuridad en torno al estado del sitio del suceso, esa contradicción entre la negación terminante de su alteración y la admisión de tal?
Ésta no es la primera balacera que acontece en Valparaíso. Tampoco en Rodelillo: algunos de sus sectores han sido reconocidos como peligrosos desde hace años, con anterioridad al auge del narcotráfico y el crimen organizado en la última década. Hay zonas a las que ni la policía se atreve a entrar. Por lo tanto, alegar estigmatización y discriminación está fuera de lugar.
La diferencia radica en que esta vez se trata de un hecho inédito en Valparaíso, debido a su inusitada violencia, cuya exposición acusa desatención y abandono anteriores. En consecuencia, debe ser investigado exhaustivamente, lo cual implica realizar todas las diligencias que sean necesarias.
Por lo pronto, el auto habría sido calcinado.
El informe del OCRIT-UNAB establece los desafíos que deberá enfrentar el gobierno del Presidente Kast: “un escenario de alta complejidad, caracterizado por la consolidación del crimen organizado, la transformación del fenómeno criminal y debilidades institucionales acumuladas”.
En cuanto a la Región de Valparaíso: “La recuperación total de la soberanía territorial (…) constituye uno de los ejes centrales de la política de seguridad”.
Si este caso no es resuelto a la luz de la verdad, y los culpables quedan libres e impunes, tal fracaso será un índice más de que Valparaíso ha sido entregado a su propia suerte, en el oscuro horizonte del estado de naturaleza y la guerra de todos contra todos. Peor aún, será un mensaje auspicioso, proveniente del propio Estado, consintiendo la expansión de la gobernanza criminal en esta ciudad ruinosa, en la Región de Valparaíso, y en el país.
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