Cuando la delincuencia entra a la sala de clases. Por Gabriel Ugarte

Investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP)

La delincuencia no es solo un problema de seguridad pública, es también una amenaza directa a la calidad educativa. Junto con blindar los entornos donde están insertas las escuelas, urgen apoyos específicos y herramientas concretas que empoderen a las comunidades escolares para enfrentar esta crisis. Evitar que la delincuencia se infiltre en las aulas es una tarea urgente, que definirá el camino y las oportunidades de miles de estudiantes.


La reciente balacera ocurrida dentro de un colegio en San Pedro de la Paz remeció al país, evidenciando cómo la crisis de seguridad está empujando los límites de la violencia a espacios que solíamos considerar sagrados. Pero la verdad es que el crimen no necesita cruzar el portón del establecimiento para dejar huella. La violencia que ocurre en el barrio se infiltra de forma silenciosa y persistente en la vida escolar generando graves consecuencias. Veamos cómo.

No es necesario vivir un crimen para sufrir sus efectos. Hechos violentos de alta connotación social, como un homicidio o balacera, generan miedo e inseguridad en la comunidad. La respuesta —mayor presencia policial o nuevas medidas de control— puede aumentar la tensión. Estrés, irritabilidad, trastornos del sueño y dificultades para concentrarse son reacciones comunes, que afectan el bienestar de los estudiantes y su capacidad de aprender.

Por primera vez en Chile, un estudio puso números concretos a esta preocupación (CEP 2025). Se analizaron los resultados académicos de estudiantes de 2° medio en comunas donde había ocurrido al menos un homicidio en las dos semanas previas al SIMCE, comparándolos con los de lugares donde el crimen sucedió después. El hallazgo es claro: los primeros obtuvieron puntajes significativamente más bajos en lectura y matemáticas, con efectos equivalentes a perder cerca de un cuarto de año escolar.

Quienes sufren las peores consecuencias son, justamente, los adolescentes de comunas donde la violencia es más frecuente, que además suelen ser las más vulnerables. Dentro de este grupo, los más perjudicados son aquellos que ya partían con rezago académico. A esto se suma que un buen clima escolar en el colegio no está logrando contener el daño, lo que sugiere que las estrategias tradicionales ya no son suficientes frente a una realidad que está adquiriendo otras dimensiones.

Si bien el análisis revela el impacto inmediato de la violencia, aún desconocemos qué ocurre con estos estudiantes en el mediano y largo plazo. En el mejor de los escenarios, los efectos se diluyen con el tiempo y los aprendizajes se logran recuperar. Sin embargo, la evidencia internacional apunta a que cuando los hechos de violencia se repiten y se normalizan en el entorno, los impactos negativos se profundizan y se vuelven crónicos.

En estos casos los efectos trascienden el impacto inmediato que un hecho puntual tiene sobre el bienestar psicológico: la comunidad escolar en su conjunto entra en un círculo vicioso. Aumentan las ausencias de los alumnos, el ausentismo docente se incrementa, los cargos directivos comienzan a rotar con mayor frecuencia, y recuperar los aprendizajes perdidos se vuelve cada vez más difícil. De ahí la especial gravedad que tienen las clases suspendidas por los narcofunerales, que reflejan con crudeza cómo la violencia impacta de manera persistente el funcionamiento de las escuelas.

La delincuencia no es solo un problema de seguridad pública, es también una amenaza directa a la calidad educativa. Junto con blindar los entornos donde están insertas las escuelas, urgen apoyos específicos y herramientas concretas que empoderen a las comunidades escolares para enfrentar esta crisis. Evitar que la delincuencia se infiltre en las aulas es una tarea urgente, que definirá el camino y las oportunidades de miles de estudiantes.

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