Escuetas palabras tuvo el Presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública para el mayor escándalo de probidad del último tiempo, donde más de 25.000 funcionarios públicos que, estando con licencia médica, habrían salido del país. Nadie esperaba que la máxima autoridad se sumara al coro de los indignados, pero se perdió la oportunidad de convocar a un acuerdo político para que, de una vez por todas, reformemos el empleo público. Porque no nos engañemos, lo de las licencias está lejos de ser una anécdota o excepción. Es un síntoma. Y uno grave.
Detrás del caso de licencias falsas no hay solo un problema ético, sino que uno estructural. La administración pública crece desordenadamente, sin mecanismos eficaces para atraer a los mejores, ni herramientas reales para gestionar equipos. Si no cambiamos esta realidad, de nada servirán los esfuerzos para disminuir listas de espera en salud, mejorar los aprendizajes en educación, simplificar los permisos para la inversión o combatir el crimen organizado. Al final de cuentas, el Estado se compone de personas.
Hoy los funcionarios públicos se rigen bajo un añejo Estatuto Administrativo que data de 1989, donde (con excepción de los cargos ADP) se ingresa sin concurso público, se asciende por redes y se permanece sin mérito. Así lo demuestra una inédita encuesta –donde participaron 26.000 empleados públicos– del Servicio Civil en conjunto con el BID y tres universidades extranjeras: el 38% de los funcionarios cree que el apoyo de amigos o familiares tienen importancia para ascender y el 61% percibe que no tiene buenas oportunidades para desarrollar su carrera en el Estado.
A esto hay que agregarle un sistema de evaluación (PMG) no sirve. De lo contrario, ¿cómo se explica que mientras el 97% de los trabajadores públicos es calificado como “excelente”, un 40% de los chilenos experimenta malos tratos por parte de ellos (PNUD, 2017)?
En otro lado, la jurisprudencia impulsada por el ex-contralor Jorge Bermúdez ha blindado con “confianza legítima” a todos los trabajadores con más de dos años de antigüedad. ¿Resultado? Funcionarios inamovibles y cero capacidad de gestión.
Ahora, el problema no se reduce a despedir gente ni achicar el Estado (que por cierto hay que hacerlo cuando lo amerite). El objetivo es tener un mejor Estado: ágil, moderno, eficiente y efectivo. Uno que premie el mérito, que diferencie con claridad entre funcionarios de carrera y asesores de gobierno. Que establezca un sistema único de ingreso con concursos abiertos y exigentes. Que entregue a los jefes de servicio herramientas reales de gestión y que permita cesar funciones por razones justificadas. Que elimine los incentivos perversos de los PMG y los reemplace por evaluaciones reales, vinculadas a resultados y satisfacción ciudadana.
Si queremos devolverle el Estado a la gente, debemos empezar por su base: el empleo público. Pero no caigamos en voluntarismos. Sin liderazgo político para enfrentar las resistencias de los grupos de interés -y vaya que los hay en este caso- no será posible. Y es por esto, que la ausencia de este tema en la última cuenta pública del Presidente Boric, fue una oportunidad perdida. Quedará por ver si los candidatos a sucederlo la quieren tomar.
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Reforma de pensiones: impacto y desafíos en su implementación. Por María Cristina Fernández.https://t.co/9WVZGsiXEU
— Ex-Ante (@exantecl) June 5, 2025
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