Avanza negociación de las enmiendas mientras oficialismo y oposición fijan sus líneas rojas

Los primeros buscan reforzar el Estado social y democrático de derecho, consagrar el rango constitucional de los tratados de DD.HH. y proteger los avances en materia de igualdad de género. Los segundos pretenden fortalecer las libertades en salud, educación y pensiones, y avanzar en materias de seguridad. Por su parte, en las comisiones fueron recibidos la expresidenta Michelle Bachelet, el Fiscal Nacional y el presidente de la Corte Suprema, quienes manifestaron sus acuerdos y aprensiones con las indicaciones presentadas.

Las claves constitucionales de la semana

Logros de la mesa coordinadora. Durante la semana, la instancia coordinadora dio señales esperanzadoras sobre la posibilidad de lograr acuerdos, mientras que los alegatos en la Corte Suprema mantienen el ánimo confrontacional.  Acordaron mínimos comunes para iniciar el debate y se reunieron para que cada sector manifestara los temas más importantes:

• Oficialismo: tratará de reforzar el Estado social y democrático de derecho, consagrar el rango constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos y evitar la aprobación de las enmiendas que consideran un retroceso en derechos de las mujeres, como la paridad de género y que la protección de la vida del que está por nacer.
• Oposición: su principio general es defender las libertades y los derechos fundamentales, especialmente en salud, pensiones y educación. Además, mencionaron el avance en seguridad, el redistritaje y la disminución de escaños en el Congreso.

Ambos bloques decidieron postergar las discusiones más complejas, como el derecho a la vida del que está por nacer, la jerarquía de los tratados internacionales, la paridad y pueblos indígenas. Además, optaron por iniciar las negociaciones con las enmiendas sobre probidad y combate a la corrupción que generan más consensos.

En qué está la reclamación ante la Suprema. El jueves 11, la Corte Suprema estudió la reclamación de los consejeros oficialistas por la incorporación de nuevos capítulos al anteproyecto. Alegaron los abogados de cada parte sobre la procedencia o no del requerimiento.

• William García, por el oficialismo, manifestó que buscan evitar que una parte del Consejo Constitucional avasalle al resto imponiendo sus términos. Señaló era una trampa procedimental haber admitido a tramitación las indicaciones de nuevos capítulos, pues los de la Comisión Experta pudieron ser objeto de enmiendas, mientras que los propuestos por los consejeros no podrán. Lo anterior otorgaría un privilegio irremontable a sus autores.
• Por la oposición, Alan Bronfman argumentó que ni la Constitución ni el reglamento explicitan límites a la labor del Consejo. Detalló que, de acuerdo al reglamento, en armonía con la Constitución, el Consejo Constitucional puede incorporar nuevas normas y que esta facultad no se agota en preceptos o disposiciones numeradas del cuerpo del texto.

Trabajo de las comisiones

Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado. El 7 de agosto asistió la expresidenta Michelle Bachelet, quien expuso sobre el anteproyecto de la Comisión Experta, el escenario político actual y los desafíos de redactar una nueva constitución.

• Señaló que votaría a favor de una propuesta parecida al anteproyecto de la Comisión Experta, destacando el esfuerzo por encontrar un acuerdo.
• En relación con la tarea de los consejeros, Bachelet señaló que es de relevancia entregar a Chile la posibilidad de reencontrarse y dar un curso institucional y pacífico, y que para lograrlo es esencial enfocarse en lo que une y no en posiciones personales ni partidarias.
• También se refirió a la influencia de la contingencia en el Consejo, señalando que todas las campañas fueron sobre seguridad, que gente creyó que la seguridad iba a resolverse con esta Constitución, pero la seguridad nunca se ha resuelto por ninguna constitución.

Los consejeros le realizaron preguntas sobre las siguientes materias:

• Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: respondió que cree que las mujeres son las que deben tomar sus decisiones. Tienen el derecho a decidir si quieren tener hijos, cuántos y el Estado nunca puede imponer una posición. Lo que debe hacer es ofrecer opciones para que las personas, de acuerdo a sus propias creencias, puedan decidir.
• Posibilidad de excluir la paridad de género: señaló que sería un retroceso, pues se necesita seguir avanzando en el rol de las mujeres en la toma de decisiones y representación popular.
• Umbral del 5% para representación en el Congreso: cree que va en la dirección correcta para evitar mayor fraccionamiento y dar mayor gobernabilidad.
• Salud y pensiones: le parece un despropósito constitucionalizar las isapres cuando solo tienen un 20% de afiliados y las AFP, pues son materias de ley.
• Jerarquía de los tratados de DD.HH.: indicó que no limitan la soberanía y que deberían ser constitucionales o supraconstitucionales. Considera buena la redacción del anteproyecto.
• Pueblos originarios: estima que hay que compensar una deuda histórica y, a su juicio, la manera de hacerlo es con escaños reservados o cuotas.
• Fuerzas Armadas: aseveró que, al no ser autónomas, y no le parece raro que estén bajo el Poder Ejecutivo.

En las sesiones del 8, 9 y 10 de agosto, la Comisión inició el debate en general de las enmiendas correspondientes al capítulo III del anteproyecto “Representación Política y Participación”. Se trataron algunas controvertidas:

• Disminución del número de parlamentarios: los republicanos defendieron su idea de bajar los escaños de la Cámara de Diputados de 155 a 132 y los del Senado de 50 a 48. Además, plantean que cada región elija la misma cantidad de senadores.
• La reducción de la magnitud de los distritos: la UDI explicó que son partidarios del redistritaje para promover la cercanía con la ciudadanía.
• El alza del quórum para algunas leyes especiales.

Desde el oficialismo discrepan de estas ideas. Sobre la reducción de parlamentarios, el consejero Christian Suárez señaló que no es conveniente establecerlo en la Constitución y tampoco en esta instancia. Gabriel Osorio estima que el argumento de acercar la política a la gente puede esconder el intento de provocar efectos mayoritarios sobre el sistema proporcional.

Las discrepancias también se dieron entre los representantes de la oposición, pues republicanos y la UDI comparten la idea de aumentar de 35 a 40 años la edad para postular a la Presidencia de la República, ante lo cual la consejera Gloria Hutt (Evópoli) manifestó que, teniendo buenos gobiernos, la edad no es una materia clave constitucionalmente.

Comisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. La sesión del 8 de agosto contó con la asistencia del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien expuso del alcance de las enmiendas.

• Destacó los aspectos que se mantienen en la propuesta, rescatando lo que está vigente y funciona, como la autonomía del Ministerio Público y la atribución de adoptar medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. Afirmó que la autonomía es esencial para que cumpla sus objetivos, pues si no lo es respecto del gobierno o de la administración central, podría no ser lo suficientemente eficaz para perseguir la corrupción pública. Además, existiría el riesgo de que se utilizara como herramienta de persecución a los adversarios políticos.
• En relación con la Fiscalía de Alta Complejidad de carácter supraterritorial, manifestó que es muy importante poder determinar su accionar y las materias que serán definidas como de alta complejidad. Agregó que debiera agregarse una mención expresa al crimen organizado para dar mayor amplitud al sentido de su competencia.
• Aseveró que la Fiscalía de Asuntos Internos parece inadecuada y resulta inorgánica a la institucionalidad vigente, ya que provoca una personalización en la persecución penal que puede generar incentivos perversos.
• Considera que el Consejo Consultivo atenta contra la autonomía constitucional del Ministerio Público por la injerencia que puede tener el Poder Ejecutivo. Sugirió que de mantenerse la idea su función e integración se establezcan en la ley institucional.

El 10 de agosto asistió el titular de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, junto al ministro Leopoldo Llanos. Llanos se refirió a la propuesta que busca constitucionalizar los tratados internacionales de DD.HH., materias referidas a libertades personales y la iniciativa que propone otorgar reclusión domiciliaria a reos mayores de 75 años que padezcan enfermedades terminales. Sobre esta última, el ministro manifestó sus aprehensiones sobre lo que podría generar en el ámbito jurídico internacional, en relación con los tratados de DD.HH. suscritos por Chile.

Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. Esta comisión recibió a diversas exposiciones sobre las enmiendas presentadas por los consejeros al Capítulo I.

• Asistieron representantes de la Defensoría de la Niñez, Giannina Mondino y Gabriel Guzmán, quienes dijeron que como institución les parece importante no retroceder en lo que ya se ha avanzado en materia de niños y adolescentes. Recordaron que Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño y que hace 22 años se estableció la Ley de Garantías y Protección de la Infancia, las cuales reconocen y fortalecen los deberes del Estado con los niños en distintos ámbitos de manera integral y sistemática.
• Además, recomendaron considerar en la propuesta la asistencia jurídica especializada, la edad mínima en artículos relativos a la responsabilidad penal de adolescentes, el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión y no incluir la restricción de nacionalidad a hijos de extranjeros irregulares y transeúntes.

Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. El 10 de agosto concluyeron las exposiciones generales de las diferentes bancadas sobre las enmiendas de derecho a la educación, libertad de enseñanza y medio ambiente.

• Los consejeros republicanos Ninoska Payauna y Sebastián Figueroa se refirieron a las indicaciones de educación, argumentando que el objetivo es centrarse en los niños y sus familias y robustecer el derecho a la educación y la libertad de enseñanza en todas sus dimensiones. Figueroa enfatizó que no es el Estado el primer encargado de la educación, sino los padres, ya que el Estado tiene una labor de apoyo, pero no de sustitución del rol de la familia.

Asistió a la comisión el exministro de Educación y director ejecutivo del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Raúl Figueroa, quien expuso los alcances de normas en materia de acceso, financiamiento, aseguramiento de la continuidad del servicio educativo y bases curriculares, entre otras materias.

• Destacó el amplio consenso en todas las bancadas respecto a la necesidad de promover y resguardar la diversidad de proyectos educativos.
• Recomendó buscar una redacción que asegure la diversidad y reconozca la autonomía de los establecimientos para fijar sus proyectos propios. A nivel curricular, planteó que el Estado diseñe y disponga las bases y se faculte a los establecimientos que cumplan ciertas exigencias a usar parte de eso y complementarlo con lo adecuado a sus proyectos educativos.

De medio ambiente, expusieron las consejeras Paloma Zúñiga (RD) y Nancy Márquez (CS) sobre los principios y principales enmiendas que postulan. Zúñiga valoró el apoyo transversal de la Comisión Experta para incorporar el tema a nivel constitucional. Márquez destacó que no se trata de imponer un modelo de sociedad en particular sino incorporar un mínimo.

Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. El 10 de agosto expuso Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos y profesora de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, invitada por el oficialismo, y se refirió a la protección a la vida del que está por nacer y la maternidad. Estima que las propuestas respectivas sólo coartan la posibilidad de las mujeres y las niñas a decidir sobre sus vidas. Criticó puntualmente la enmienda de la bancada de RN-Evópoli, que establece que se protege la vida del ser humano que está por nacer y la maternidad.

• Asistió Gabriel Bocksang, decano de la Facultad de Derecho de la UC, invitado por la bancada del Partido Republicano. Entre otras enmiendas, se refirió a la que señala que el ejercicio de los poderes sancionadores administrativos estará sometido a criterios de legalidad, eficacia, proporcionalidad e igualdad ante la ley. Las garantías penales mínimas y el derecho a un debido proceso se aplican al ejercicio de las potestades sancionadoras administrativas.
• Gonzalo García, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Los Andes, invitado por la bancada de RN-Evópoli, expuso sobre las garantías penales mínimas, valorando tanto el anteproyecto de la Comisión Experta como las enmiendas, y sugirió hacer algunos cambios para que no afecten la garantía de los derechos de los ciudadanos.
• La consejera Ivonne Mangelsdorff (RN) defendió las enmiendas sobre probidad que incorpora un párrafo que establece la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos a funcionarios del Estado condenados a pena aflictiva por delitos contra la probidad pública y el otro que establece la obligación de adjudicar contratos o recursos públicos con licitación de por medio bajo estrictos requisitos.

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