En lo que va del año, el gobierno ha retirado US$2.400 millones de los fondos soberanos. A principios de esta semana conocimos un decepcionante IMACEC para septiembre de 0% que, según el ministro Mario Marcel, volvió “inalcanzable” la meta de crecimiento del año. Y, ayer, el Gobierno anunció un inédito recorte de US$600 millones al Presupuesto 2025 que se discute en el Congreso.
¿Qué factor común se esconde tras el deterioro de las cuentas fiscales, la necesidad de echarle mano a los fondos soberanos y un IMACEC de 0%? La respuesta, evidente a esta altura, es un estancamiento estructural de nuestra economía. Hoy, no atravesamos una crisis coyuntural, sino que los motores de la innovación, productividad e inversión, se han apagado lentamente. Estamos sumidos en la mediocridad e imposibilitados a dar el salto hacia el desarrollo.
“Agoreros” dijo el Presidente Gabriel Boric hace unas semanas, criticando a quienes no han sido igual de generosos que su gobierno con las proyecciones de crecimiento. Sin embargo, según el Banco Central, el crecimiento tendencial para el periodo 2024-2035 alcanzaría apenas un 1,8%; la productividad está estancada desde hace dos décadas y la inversión, que crecía a tasas del 9% anual en los 2000’, se estancó en un magro 0,6% anual en la última década. Se equivoca entonces el Presidente, ya que las predicciones de sus críticos -a diferencia de los agoreros- sí se anclan en bases sólidas y están lejos de ser solo supersticiones.
Pero el problema en el que estamos sumidos va mucho más allá de este gobierno. Sin una hoja de ruta compartida, será difícil volver a las tasas de crecimiento de los tan denostados “30 años”. En los 90’, con un marco regulatorio que incentivaba la inversión e innovación privada, logramos desarrollar industrias desde cero como la salmonicultura o la forestal. El Estado también aportó con lo suyo, desarrollando obras públicas, entregando certeza jurídica a la minería y abriendo nuestra economía al mundo con una extensa red de tratados de libre comercio. Todo esto con estrategas y líderes políticos que lograron imprimir una “visión país” compartida.
Hoy, producto de una regulación excesiva para la inversión, un abandono total de la calidad de la educación, de políticas públicas mal diseñadas y un disfuncional sistema político que no logra avanzar en reformas estructurales, estamos sumidos en lo que lo que se denomina la “trampa de ingreso medio”. La buena noticia es que las oportunidades siguen ahí presentes. ¿La mala noticia? No tenemos una estrategia común, un pacto de desarrollo, que nos permita trabajar unidos para aprovechar dichas oportunidades.
¿Cómo posicionar a Chile como un proveedor de clase mundial de cobre y litio, insumos críticos para la electromovilidad? ¿Cuánto tenemos que aumentar la producción de estos minerales para lograrlo? ¿Cómo atraer mayor inversión al país, que a su vez genere más capacidades en los actores locales? ¿Cómo lograremos tener trabajadores con las competencias necesarias para enfrentar la inminente automatización e irrupción de la IA?
Las respuestas a estas y a todas las otras preguntas para reactivar el crecimiento deberían ser parte de un pacto de desarrollo, que incluya a empresarios, trabajadores, gremios y Estado. Sin aspiraciones refundacionales, que tanto daño han hecho en los últimos años. Por el contrario, con pragmatismo, en base a nuestras ventajas comparativas, con incentivos a la innovación e inversión privada y con un mejor Estado. Países como Irlanda, Corea del Sur o Taiwán así lo han hecho y los resultados están a la vista.
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