“Si el señor Torrealba estaba malversando fondos municipales, eso nos podría afectar”, declaró el exdirector de la PDI Sergio Muñoz, para explicar su filtración al abogado Luis Hermosilla de un diagrama del desfalco en Vitacura. El motivo era que el alcalde era un “aliado estratégico” para la policía civil, de cuyo municipio recibían recursos, dijo. En abril de 2017, el entonces director Héctor Espinosa había inaugurado un cuartel policial en Gerónimo de Alderete, con la presencia de Torrealba. El año anterior, Vitacura había aprobado 2 aportes para la PDI: uno de $40 millones y otro de $8 millones mensuales.
La inauguración del cuartel. El 25 de abril de 2017, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI) Héctor Espinosa inauguró junto al alcalde Raúl Torrealba (ex RN), un cuartel policial en Gerónimo de Alderete con Vitacura.
- Según detalló entonces la Subsecretaría de Prevención del Delito, el cuartel de la Brigada de Investigación Criminal e Intervención Policial de la PDI tenía 1.850 metros cuadrados construidos, contaba con 12 vehículos, 80 funcionarios y un alto equipamiento tecnológico.
- “Hemos hecho una alianza estratégica con la municipalidad, de modo que hoy día estamos dando a conocer el resultado”, dijo Espinosa a los medios. “Estamos concretando básicamente un proyecto muy anhelado, que era traer una unidad de intervención, que tiene jurisdicción en toda la Región Metropolitana, pero sucede que va a estar acá y que obviamente también eso hace que produzca seguridad para los vecinos de Vitacura”.
- “Agradecemos a la PDI estar aquí y tenemos que seguir trabajando todos juntos en esto”, dijo Torrealba. “Hacerle sentir a los malos, que los buenos somos más”.
- La ceremonia, que contó con la presencia del entonces subsecretario de Prevención del Delito Óscar Carrasco, incluyó el corte de cinta del cuartel.
La preocupación de Sergio Muñoz. La inauguración del cuartel en Vitacura fue recordada por el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, en su declaración del lunes por las filtraciones, en al menos 5 causas, al abogado Luis Hermosilla.
- Estas comenzaron con la causa por malversación de caudales públicos y lavado de activos contra su predecesor, Héctor Espinosa, de quien Hermosilla era abogado.
- Luego se extendieron a otras 4, donde el abogado no tenía representación: minera Dominga, Casino Enjoy, del exintendente metropolitano Felipe Guevara (RN) y del exalcalde Torrealba.
- El martes, la fiscalía formalizó cargos contra Muñoz por revelación de secreto en el marco de la ley de lavado de activos y la de deber de reserva de los funcionarios públicos. El tribunal ordenó su prisión preventiva en un cuartel de Cerrillos.
- El lunes, los fiscales Lorena Parra y Felipe Sepúlveda consultaron a Muñoz por un croquis del caso Torrealba que envió a Hermosilla el 12 de noviembre de 2021. Entonces Torreaba era indagado desformalizadamente bajo el secreto de la ley de lavado de activos.
- “Reconozco esta foto del manuscrito que envié a Hermosilla, que fue escrito de puño y letra por mí”, respondió.
- “¿Cómo obtuvo esa información?”, preguntaron los fiscales.
- “Esa información ya era pública, creo. Pero debo señalar que a mí me llega(ba) mucha información relevante por el cargo que mantenía”.
- “¿Por qué le envía esa información a Hermosilla?”.
- “Porque él llevaba esas causas, imagino. Además, tenía preocupación por Torrealba, ya que era un aliado estratégico en la comuna. Se obtenían recursos municipales, se había instalado una brigada y si el señor Torrealba estaba malversando fondos municipales, eso nos podría afectar, a la institución”.
Qué filtró Muñoz sobre el caso. Según explicó el fiscal Francisco Lanas en la audiencia del martes, a las 6:13 pm del 12 de noviembre de 2021, Muñoz envió a Hermosilla la fotografía de un esquema que describía el mecanismo de desvíos de recursos indagado en la comuna.
- En éste enumeraba las corporaciones Vita Salud, Vita Emprende y Vita Deportes, que describió como “triángulo $”. Estas corporaciones comunitarias dependían del municipio, pero tenían un directorio propio y, de acuerdo con la investigación, eran usadas por Torrealba para mover recursos sin advertir al Concejo Municipal.
- También mencionó “todos los meses sobre”, que era uno de los mecanismos usados por Torrealba para extraer recursos, a través de funcionarios de confianza.
- El croquis identificaba a 3 personajes claves en el caso. Nombró a Domingo Prieto, quien fue director de las corporaciones Vita y que, en julio de 2021, alertó a la nueva administración de Camila Merino (Evópoli) de los traspasos irregulares que habían ocurrido en la gestión del exalcalde.
- También incluyó la frase “sobrina de Prieto”, con una flecha que indicaba que “habla”. Antonia Larraín era en realidad sobrina nieta de Domingo Prieto. Es quien, en una autodenuncia a la fiscalía, reveló el pago de dinero en sobres.
- También mencionó a René Sepúlveda, cofundador de RN y exdirector de desarrollo comunitario de la municipalidad.
- El esquema además conectaba con una flecha los nombres Torrealba y Felipe Guevara.
- En su declaración en fiscalía, Prieto sostendría que el exintendente metropolitano Felipe Guevara fue el autor del mecanismo de triangulación de dinero cuando fue director de desarrollo comunitario de Vitacura, en la década de 1990, y que recibió pagos incluso cuando ya era alcalde en Lo Barnechea. Guevara negó tajantemente esa versión.
- El 14 de febrero de este año, Torrealba dejó el anexo Capitán Yáber, donde estuvo recluido 8 meses, tras ser formalizado como presunto autor asociación ilícita, lavado de activos, fraude al fisco por $766.890.886 y delitos tributarios por al menos $174 millones, perpetrados entre 2011 y 2021.
El convenio por el cuartel. El 7 de septiembre de 2016, el Concejo Municipal de Vitacura aprobó, por unanimidad, “autorizar al alcalde para celebrar (el) Convenio de Colaboración con la Policía de Investigaciones de Chile, con el objeto de habilitar la operación de un cuartel policial en Vitacura, por un plazo de 5 años”, consignó el acta de la sesión.
- En el debate, el entonces concejal UDI Matías Bascuñán recordó que un par de sesiones atrás habían aprobado “un presupuesto de 40 millones de pesos al año 2016” para una brigada de intervención móvil de 120 personas y 20 vehículos.
- Este nuevo acuerdo, dijo, era para “aprobar 8 millones de pesos mensuales como un gasto permanente para el arriendo del inmueble, que vale más, por estos 5 meses de este año 2016 y por 5 años”.
- Torrealba precisó que “el canon de arriendo es mayor que el aporte nuestro. Por lo tanto, este es un aporte a la PDI, en definitiva, es una subvención a la PDI para estos fines. Ellos van a tener que poner más. Por eso ellos han querido que el convenio sea más amplio, a fin de que puedan tener las distintas eventualidades cubiertas. De hecho, por ejemplo, tienen que habilitar calabozos. Por lo tanto, el aporte nuestro va a la operación general, donde está incluido el canon de arriendo”.
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