Cómo se destrabó el conflicto entre Codelco y Contraloría tras presentación de recurso de amparo económico de la empresa
Ex-Ante
El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, y la contralora Dorothy Pérez.
Aunque Codelco y la Contraloría ya mantenían conversaciones antes de que la estatal acudiera a la justicia, la minera optó por presentar un amparo económico para resguardar su posición jurídica. En los diálogos participó directamente la Contralora Dorothy Pérez y el presidente del directorio de la empresa Bernardo Fontaine.
Qué observar. Fue el viernes pasado cuando el directorio de Codelco decidió retirar el recurso de amparo económico que había presentado contra la Contraloría, poniendo fin a un conflicto por el alcance del control del organismo sobre determinadas decisiones corporativas de la estatal.
La acción judicial había sido ingresada por la cuprera el 18 de junio, luego de que la entidad liderada por Dorothy Pérez revisara el procedimiento vinculado al otorgamiento de un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) para Minera Ascotán SpA, empresa coligada a Codelco.
En ese momento, la estatal cuestionó que se exigiera someter ciertas decisiones corporativas al trámite de toma de razón, calificando esa interpretación como inédita y argumentado que sus actividades empresariales se rigen por normas de derecho privado.
Contraloría se adelanta. El cambio de escenario se produjo luego de que la Contraloría publicara, el jueves 9 de julio -un día antes de que Codelco retirara el recurso- la Resolución N°14/2026, que modifica la Resolución N°36 sobre normas de exención del trámite de toma de razón. El organismo estableció un sistema de control ex post para ciertas decisiones de las empresas estatales productoras de cobre.
Con ello, Codelco y Enami deberán informar a la Contraloría, dentro de los 10 días hábiles siguientes, acuerdos como la creación, modificación o término de sociedades, así como operaciones relacionadas con la adquisición de acciones o cambios en la participación estatal. Sin embargo, esas decisiones ya no estarán sujetas al trámite previo de toma de razón.
Cómo se originó el conflicto. La disputa se había iniciado el 18 de junio, cuando Codelco presentó un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra la Contraloría.
En la acción, la estatal acusó que el organismo estaba excediendo sus atribuciones al exigir que determinadas decisiones societarias —como la constitución, modificación o participación en sociedades— se materializaran mediante actos administrativos y quedaran sujetas al trámite de toma de razón.
Según Codelco, ese criterio era inédito en sus más de 50 años de historia y alteraba el régimen jurídico bajo el que opera la empresa, cuyas actividades empresariales se rigen por normas de derecho privado y un gobierno corporativo diseñado para competir en igualdad de condiciones con compañías privadas.
La estatal sostuvo que someter esas decisiones a un control previo afectaría la agilidad de su gestión y pondría en riesgo su modelo de asociaciones con terceros.
El conflicto se originó luego de que la Contraloría presentara un decreto que otorgaba un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) a Minera Ascotán SpA, sociedad coligada de Codelco.
Entre sus observaciones, el organismo cuestionó que la estatal hubiera constituido esa sociedad sin someterla previamente al trámite de toma de razón.
Diálogos Bernardo Fontaine-Dorothy Pérez. Consultado por El Mercurio, el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, afirmó que “me consta que la contralora comprende la dinámica de Codelco y lo indispensables que son las asociaciones para recuperar el liderazgo de la compañía”.
Agregó que “fue en ese contexto que se logró una solución, que llevó al directorio a retirar el recurso de amparo económico”.
Fuentes conocedoras de las conversaciones señalan que los contactos entre Codelco y la Contraloría comenzaron hace al menos un mes, incluso antes de que la estatal presentara el recurso.
Durante ese período se reunieron tanto los equipos jurídicos de ambas instituciones como sus máximas autoridades: Bernardo Fontaine y Dorothy Pérez.
Voces al interior de Contraloría sostienen que el organismo ya había recogido las inquietudes planteadas por Codelco y que, antes de la ofensiva judicial, trabajaba en la resolución que reemplaza la toma de razón por un mecanismo de fiscalización posterior.
Según esas fuentes, la nueva normativa resolvía de antemano el principal punto de conflicto planteado por la minera estatal.
“La Contraloría mantiene y asegura sus objetivos de control y obtiene mucha mayor información que hoy, acerca de los movimientos societarios de las empresas productoras de cobre, para así contar oportunamente con todos los elementos que permitan iniciar fiscalizaciones en los casos que la ley lo autoriza”, señalan desde la CGR.
¿Por qué Codelco presentó el recurso?. Pese a que las conversaciones entre Codelco y la Contraloría comenzaron semanas antes de que la estatal ingresara el recurso de amparo económico —e incluso el ente fiscalizador ya trabajaba en la resolución que modificaría el mecanismo de control—, la minera estatal igualmente decidió acudir a la Corte de Apelaciones.
En la estatal estimaron que, mientras no existiera una modificación formal del criterio de la Contraloría, era necesario presentar el recurso para obtener certeza jurídica respecto del régimen legal que regula su gobierno corporativo.
Ese ajuste llegó el 9 de julio, cuando se publicó en el Diario Oficial la Resolución N°14/2026, que modificó la Resolución N°36 y estableció que las empresas estatales productoras de cobre quedarían sujetas a un mecanismo de control de reemplazo, dejando sin efecto la exigencia de someter determinadas decisiones societarias al trámite de toma de razón.
Con ese antecedente, el directorio de Codelco realizó una sesión extraordinaria el viernes pasado, cerca del mediodía, en la que acordó por unanimidad retirar el recurso de amparo económico.
En el escrito presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la estatal argumentó que la nueva resolución modificó los presupuestos fácticos que motivaron la acción judicial, ya que la Contraloría dejó de exigir que Codelco emitiera actos administrativos y sometiera a toma de razón decisiones corporativas relativas a las sociedades en las que participa.
Por ello, explicó que el desistimiento respondía “única y exclusivamente” a esa “circunstancia sobreviniente” y precisó que ello no altera su posición institucional respecto del estatuto jurídico que rige su autonomía corporativa, la naturaleza de sus actuaciones ni el régimen de control establecido por la legislación vigente.
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