A propósito de una columna de Joaquín Lavín sobre el “costo oculto” del cierre de escuelas, vale la pena avanzar un paso más y preguntarnos qué está ocurriendo hoy con la red de protección que históricamente han representado los espacios educativos. Porque el problema no son solo los paros ni la pandemia: lo que enfrentamos ahora es un debilitamiento sostenido de la educación parvularia, que está erosionando una de las redes secundarias de defensa frente a la violencia y la negligencia infantil.
Un análisis que hicimos en Fundación Familias Primero, basado en datos del Ministerio de Educación y la Encuesta CASEN, muestra que desde 2019 el sistema ha perdido más de 100 mil matrículas en educación inicial. Solo entre 2023 y 2024, la cobertura en prekínder (NT1) cayó un 7,2%. Y no por falta de niños: según CASEN 2022, un 34% de los hogares con niños de 0 a 5 años declara que no los matricula porque “no lo considera necesario” o prefiere cuidarlos en casa. Si bien esta cifra no corresponde exclusivamente al nivel NT1, sí refleja una percepción cultural que desvaloriza la educación parvularia, incluso en edades donde el acceso ya está garantizado por el sistema escolar.
Esto es grave. No solo se están truncando trayectorias educativas desde la base o minando las oportunidades laborales de las madres, sino que se está desactivando silenciosamente un espacio clave para detectar signos de maltrato o negligencia. Cuando los niños no asisten, no hay educadores que puedan observar, escuchar o alertar.
Como bien menciona Lavín, esto queda evidenciado en el estudio Schools as Safety Nets, de Pilar Larroulet, Damian Clarke, Daniel Pailañir y Daniela Quintana. Durante los cierres escolares por la pandemia, dejaron de reportarse en Chile cerca de 2.800 casos de violencia intrafamiliar contra niños, 2.000 casos de abuso sexual y 230 de violación. La recuperación de esos niveles de denuncia ha sido lenta e incompleta. La asistencia presencial sigue siendo un factor clave para que el sistema de protección funcione.
Este diagnóstico se alinea con evidencia internacional. Un estudio realizado en Alemania por Malte Sandner, Stephan Thomsen y Libertad González (2022), publicado en Journal of Public Economics, demostró que el aumento en la cobertura de centros de cuidado infantil de alta calidad reduce significativamente los casos severos de maltrato infantil.
Por cada punto porcentual de aumento en cobertura, se observó una disminución de un 1% en los casos que terminan con la separación del niño de su familia. Además, se identificaron efectos positivos adicionales: la expansión de estos servicios fortalece el empleo materno y mejora el poder de negociación de las mujeres dentro del hogar, generando un impacto protector también desde el entorno familiar.
Por eso, no basta con políticas que llamen a la asistencia. Las salas cuna, jardines y prekínder no son un lujo ni una opción: son espacios de desarrollo, de vínculo social y también de cuidado. La educación inicial es también política de protección.
Ahora bien, revertir esta tendencia no se logra solo con exhortaciones. Según el informe “Propuestas para aumentar la cobertura de la educación parvularia” de Acción Educar (2024), es clave actuar sobre las causas.
Entre las principales razones que explican la no matrícula en prekínder y kínder se encuentran la falta de confianza de las familias en la calidad de la oferta, la distancia o falta de acceso físico en algunos territorios, la incompatibilidad con las rutinas laborales, y la persistencia de una mirada cultural que ve este nivel como no necesario.
A partir de ese diagnóstico, el informe propone medidas concretas: desarrollar campañas públicas que informen y valoricen el aporte de la educación inicial; implementar programas de habilidades parentales desde NT1 que acompañen a las familias desde el inicio; establecer incentivos por asistencia sostenida adaptados a cada contexto; y, sobre todo, asegurar la cobertura territorial suficiente, especialmente en zonas rurales o aisladas. También es urgente mejorar la ejecución de los recursos ya comprometidos para asistencia y revinculación escolar: según DIPRES, en 2024 solo se ha ejecutado un 57,3% de ese presupuesto.
Chile no puede seguir permitiéndose que miles de niños queden fuera del sistema cada año. Invertir en educación parvularia no es solo invertir en aprendizajes: es garantizar que ningún niño crezca invisible.
Tal vez ha llegado el momento de retomar con decisión la discusión sobre la obligatoriedad del kínder. No como una medida técnica, sino como una política que reafirme el derecho de todos los niños a ser protegidos, acompañados y visibilizados desde los primeros años de vida.
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El cable de Humboldt: una buena decisión estratégica. Por Raúl E. Sáez. https://t.co/6ge9caRUDk
— Ex-Ante (@exantecl) June 24, 2025
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