Al independizarse en 1965, Singapur era una isla pequeña, pobre, sin agua dulce, ni recursos naturales. Peor aún, cuando en 1971 Reino Unido retiró sus bases militares, la nación debutante perdió abruptamente el 20% de su PIB. Sin embargo, medio siglo después, Singapur es uno de los países con mayor ingreso per cápita (85 mil dólares), ocupa posiciones privilegiadas en calidad de vida, educación y el tercer puesto global en el Índice de Percepción de Corrupción.
Lee Kuan Yew atacó la corrupción antes que la pobreza. El gobierno puso en el centro de su estrategia la lucha implacable contra la corrupción. En lugar de ofrecer incentivos, estableció fuertes castigos para aquellos empleados públicos que cometieran faltas o no desempeñaran adecuadamente su labor. Era necesario cambiar una cultural abiertamente corrupta y su receta era clara: al funcionario deshonesto, cárcel; al ineficiente, despido. Recién en 1984, cuando ya habían alcanzado un nivel económico medio, equipararon los salarios públicos al 80% del mercado privado. Hoy la administración central suma 152, 000 empleados, apenas el 3.7 % de su fuerza laboral, y cada dólar se ejecuta como si fuera el último.
En Chile, sin embargo, estamos en las antípodas. El Estado se ha transformado en sinónimo de corrupción e ineficiencia, convirtiéndose paradójicamente en un empleador apetecido por las razones incorrectas: salarios más elevados que el sector privado y la imposibilidad de ser despedido en la práctica ¿Qué mejor evidencia de corrupción sistémica que empleados públicos usando licencias médicas falsas para extender vacaciones, además un ausentismo laboral promedio de 35 días cada año? ¿O cirugías programadas deliberadamente fuera del horario regular para cobrar horas extras? El Estado de Chile no sirve a los chilenos, sino que sus funcionarios se sirven de él.
Singapur entendió que la institucionalidad pública definiría la experiencia y confianza de los inversionistas, y que ella era fundamental para crear prosperidad. Por lo mismo, en los años 70, y en un contexto dónde atraer inversiones a un país naciente era una odisea, estableció una ventanilla única para inversionista que resolvía en días cualquier complicación. Así, en sus primeros 10 años de existencia pasó de 157 millones a 3.700 millones de inversión extranjera. Hoy, Singapur es el segundo país en el Ranking Doing Business, mientras Chile está en un mediocre lugar 59.
Singapur no solo ha profesionalizó sus instituciones públicas, sino que también ha implementado mecanismos claros y transparentes de auditoría y monitoreo anual, que garantizan eficiencia constante. En contraste, meterle más recursos al Estado de Chile es como llenar un balde agujereado. Demasiados pesos que pagamos en IVA, contribuciones o impuestos específicos tienen como destino horas extras fantasmas, licencias fraudulentas y consultorías de amigos. Por eso cualquier reforma tributaria tropieza con desconfianza: nadie quiere financiar un aparato que protege al infractor. Modernizar el Estado no es un capricho tecnocrático; es la condición mínima para cualquier agenda social.
Singapur demostró que la prosperidad se construye sobre confianza institucional; Chile confirma que la corrupción la devora. Queremos pensiones dignas, salud oportuna y seguridad moderna, pero seguirán siendo una ilusión mientras licencias falsas y huelgas ilegales sean deporte nacional.
Un Estado moderno no es Leviatán: es una máquina que convierte impuestos en futuro. Los singapurenses calibraron la suya hace sesenta años y hoy disfrutan los resultados. Mientras, nosotros seguimos rasgando vestiduras sin implementar cambios. Cada día de inacción cuesta empleo, inversión y —lo más grave— confianza. La prosperidad no depende de la suerte sino del coraje institucional. Es hora de demostrarlo. Seguir los pasos de Singapur no requiere su régimen político – probemos que no necesitamos un gobierno autoritario para tener un Estado eficiente al servicio de la ciudadanía – basta adoptar su ética de servicio: una cultura de probidad, mérito como principio mandate y cárcel al corrupto. Con ese piso, inversión y bienestar llegarán solos.
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— Ex-Ante (@exantecl) June 18, 2025
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El problema es cuando se instalan por inercia. Sin preguntarse qué comportamiento están empujando. Porque cuando los incentivos están mal diseñados, no dejan de ayudar: empiezan a dañar.
Los costos que implica ignorar la opinión de los economistas bien entrenados no son abstracciones teóricas; son consecuencias concretas para las personas, quienes merecen que sus líderes tomen decisiones basadas en la evidencia, la racionalidad económica y el contexto cultural.
En materia energética, postergar decisiones no es neutral, es la forma más cara de no avanzar. Por lo mismo, la competitividad del país depende de cuán rápido seamos capaces de convertir las ventajas, como el gran desarrollo de energías renovables, en seguridad, eficiencia y menores costos para las personas y empresas.
La cuenta regresiva ya empezó, y la lección más urgente para los sostenedores chilenos es clara: la privacidad y la velocidad de respuesta ya no son un anexo del contrato de matrícula. Son la nueva regla de convivencia escolar.
Con todo, esta cuarta ventana, junto con la integración total, parece ir en una dirección razonable: cerrar, a un costo conocido y acotado, un capítulo del sistema tributario que lleva más de una década generando dudas, para poder ofrecer hacia adelante un sistema más simple y competitivo.
