SII bajo la lupa: la fuerte controversia por el alza de contribuciones que enfrenta Javier Etcheberry

La ‘zona cero’ de Santiago, marcada por propiedades vacías y deterioradas, se enfrenta a un aumento de hasta un 300% desde 2018 en las contribuciones, según la consultora Póliza Gestión Inmobiliaria. Casos como el anterior han generado fuertes cuestionamientos a la metodología utilizada por el SII.

Qué observar. El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, deberá comparecer la próxima semana ante las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado, por los crecientes cuestionamientos que han denunciado el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores, y el Instituto Chileno de Derecho Tributario, entre otros, por una eventual falta de legalidad en la aplicación de los impuestos, junto con restricciones arbitrarias en el acceso a la información de los contribuyentes.

• También su exposición deberá centrarse en las críticas que se han levantado por el alza de las contribuciones, la gestión de los avalúos fiscales y las cargas tributarias impuestas sobre propiedades no agrícolas, particularmente en zonas como el microcentro de Santiago, donde las críticas sobre la equidad y la proporcionalidad del sistema alcanzan su punto álgido.
• Según los datos, casi 49 mil personas reclamaron al SII en 2024 por el reavalúo de sus contribuciones, una cifra casi el doble de los reclamos presentados hace una década.
• Desde 2018, las contribuciones han aumentado en promedio un 82.1%, lo que se ha traducido en una carga tributaria considerable para los propietarios de bienes raíces no agrícolas, particularmente en zonas de Santiago como la “zona cero”, donde el aumento es aún mayor debido a un “coeficiente especial”, de acuerdo a la actualización efectuada por la empresa Póliza Gestión Inmobiliaria.
• En enero de 2018, el SII realizó un reavalúo de los bienes raíces no agrícolas, lo que resultó en un aumento promedio del 37,8% en el avalúo fiscal de las propiedades, en 2019 y 2020 el alza fue de 3% respectivamente, en 2021 se produce un alza de 7,2%. Luego en enero de 2022 el alza promedio por reavalúo llegó a los 36,2%, para subir 3,9% en 2023 y 3% en 2024.

La preocupación de los legisladores. Quien retornará al SII en 2024 luego de 22 de ser considerado el modernizador de la entidad fiscalizadora y reemplazando a un cuestionado Hernán Frigolet, hoy enfrenta la crítica de diferentes sectores. La presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón, acusó “un debilitamiento progresivo de los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos de los contribuyentes” en la citación que envió a la máxima autoridad del SII.

• En respuesta a estas críticas, este lunes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió en defensa de Etcheberry señalando que el director refleja la rigurosidad que requiere el SII para llevar a cabo la fiscalización tributaria, especialmente en un país donde la evasión y elusión fiscal son problemas estructurales.
• A su juicio, el SII debe tener “dientes” para enfrentar la evasión y elusión fiscal, un problema estructural en el país.
• Marcel subraya que las críticas al SII provienen en gran medida de sectores interesados, como los contadores y abogados tributarios, que a menudo no mantienen una postura neutral debido a su rol como asesores.
• El secretario de Estado advierte que es importante saber que los avalúos, no son ingresos para el Fisco sino para las municipalidades: “El 100% es para ellas. No es para resolver problemas fiscales sino que van directamente a las municipalidades”.

La realidad de las contribuciones. Un aspecto clave de este debate es la evolución de las contribuciones no agrícolas en los últimos años. Desde 2018, las contribuciones han aumentado en promedio un 82,1%.

• Uno de los temas de preocupación es que el SII no ha considerado aspectos que han impactado a algunos sectores en el valor de sus propiedades. Sebastián Hudson, de Póliza Gestión Inmobiliaria, advierte por ejemplo lo que ha ocurrido con la llamada “zona cero” en que se aplica un “coeficiente especial” que actúa como un multiplicador, elevando el valor de estas propiedades en un 240% a 310% en comparación con otras zonas del país.
• Así los sectores más afectados por este aumento son aquellos que aún se encuentran en proceso de recuperación tras el estallido social de 2019, como la Alameda, San Antonio, Lastarria y la zona alrededor de Plaza Italia.
• En estos lugares, la vacancia de propiedades no habitacionales ha aumentado en ocho veces, y los precios de arriendo y venta han caído entre 40% y 60%. A pesar de este panorama, “el SII sigue aplicando contribuciones basadas en valores que no reflejan la situación real de los inmuebles”.
• Las críticas se centran en que el SII no tiene en cuenta la vacancia de las propiedades o el daño sufrido por sectores clave, como los comercios de la Alameda, Lastarria y Plaza Italia.
• Propiedades que, a pesar de estar vacías o deterioradas, siguen siendo evaluadas como si estuvieran plenamente operativas, lo que aumenta de forma desproporcionada la carga tributaria para pequeños propietarios y empresas en recuperación.

El impacto en la recuperación urbana. El presidente de la comisión tributaria del Colegio de Contadores de Chile, Juan Alberto Pizarro, sostiene que los contribuyentes requieren certezas sobre sus impuestos y que la tributación debe alinearse con su capacidad contributiva.

• Por eso, desde su el Colegio de Contadores proponen cambios legales que permitan optar por un avalúo basado en el costo de adquisición más corrección monetaria, o un avalúo a elección del contribuyente.
• Según Pizarro, este tipo de medidas ayudaría a reducir la controversia fiscal y mejoraría el cumplimiento tributario al proporcionar a los contribuyentes una mayor capacidad de defensa.
• El impacto económico de este sistema se extiende más allá de los individuos afectados directamente. Hudson, de Póliza Gestión Inmobiliaria, argumenta que el alto impuesto territorial no tiene en cuenta el flujo de caja generado por los inmuebles, lo que genera un perjuicio adicional a personas mayores que han visto reducir sus ingresos, y a empresas que, afectadas por la baja en ventas, deben enfrentar un costo tributario que no guarda relación con su rentabilidad.

 

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