La semana pasada, representantes de la oposición y del Gobierno presentaron su proyecto de reforma previsional. Finalmente, y tras décadas de debate, se acordó aumentar la tasa de cotización obligatoria con cargo al empleador, pero que finalmente lo paga el trabajador. El costo para las empresas será de un 8,5% que se reflejará en la remuneración del trabajador.
Finalmente, veremos 7 puntos de aumento directo de cargo de la cotización que se implementará de manera gradual en un período de 9 años, y 1,5 puntos que se sacará del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), que ya pagan las empresas.
Aunque se ha resaltado la gradualidad del aumento, lo cierto es que la cotización obligatoria pasará del 10% al 18,5%, con un impacto significativo en el empleo formal en una economía donde la informalidad laboral alcanza a cerca del 28%.
El acuerdo alcanzado permite al Gobierno cumplir algunas promesas de campaña a pesar de que para la economía terminará con una serie de compromisos de largo plazo.
Un punto de la cotización y el 1,5 del SIS, es decir 2,5%, se destinará a la creación de un mecanismo solidario (Seguro Social) para financiar beneficios redistributivos, que será complementado por un 1,5% que será un préstamo que entregarán los trabajadores de sus cotizaciones que irá al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).
El Seguro Social cubrirá beneficios como compensaciones por expectativa de vida y absorberá el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Por su parte, el FAPP, con rentabilidad protegida por el Estado, pero no de mercado, financiará beneficios futuros como el bono por años cotizados, convirtiéndose en un préstamo obligatorio al Gobierno.
En síntesis, el sistema previsional tendrá tres componentes: un ahorro individual con rentabilidades reales o fully funded, un pilar solidario financiado por la PGU que ahora se extenderá, y un componente de reparto con rentabilidad nocional en el caso del FAPP.
Críticas y riesgos del proyecto
La evidencia internacional muestra que los niveles de evasión previsional son mayores en sistemas de reparto, especialmente en economías con alta informalidad laboral como Chile. Incorporar este componente de reparto podría aumentar la informalidad y desincentivar la formalización, profundizando los problemas estructurales del mercado laboral.
El costo total de la reforma se estima en 1,5% del PIB, aproximadamente US$4.500 millones. Este gasto incluye el alza en la PGU, los beneficios redistributivos y los aportes estatales al FAPP, así como la creación de nuevas entidades para administrar el sistema y supervisar el Seguro Social. A esto se suma un aumento significativo en el número de empleados públicos, que desde marzo de 2022 ya se incrementó en 100.000 personas.
Se suponía que la Ley de Cumplimiento Tributario generaría una recaudación adicional de 1,5% del PIB para financiar estos gastos permanentes. Sin embargo, es probable que la recaudación real sea cercana a 0,5% del PIB, y la repatriación de capitales ha sido un fracaso. Todo esto, plantea dudas sobre si este aumento de la cotización del 2,75% en los tres primeros años- de los cuales apenas el 0,25% se destinará a la cuenta de capitalización individual-, no son, en realidad, una reforma tributaria encubierta para cumplir con la promesa de que la deuda no superará el 45% del PIB al final del mandato.
Reflexiones finales
La reforma previsional representa un avance necesario, pero también plantea riesgos significativos que no deben subestimarse. La incorporación de un componente de reparto en un país con alta informalidad podría agravar problemas estructurales y afectar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Además, el costo fiscal y la falta de una recaudación suficiente para financiar estos gastos permanentes podrían generar tensiones adicionales en las finanzas públicas.
Es crucial que cualquier reforma considere incentivos que promuevan la formalización laboral, la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico, evitando cargar de manera desproporcionada a los trabajadores formales y a las empresas. La discusión no puede quedarse en cómo financiar el sistema, sino en cómo garantizar pensiones dignas de manera sostenible para todos los chilenos.
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