En su primera cuenta pública, el Presidente Boric anunció que aumentaría las pensiones de gracia para víctimas del 18-O —las que habían comenzado a otorgarse en el gobierno pasado—, en el marco de su agenda tras el estallido social. Un año y medio después, calificó que “indignante” su otorgamiento a condenados por delitos graves. Era el reconocimiento del fracaso, al menos parcial, de una medida que benefició a 418 personas —148 en el gobierno anterior y 270 en el actual—, cuyo costo económico para el Estado ya supera los 4 millones de dólares, según informó Tesorería.
Qué observar. En su primera cuenta pública tras llegar a La Moneda, el Presidente Gabriel Boric anunció que aumentaría la entrega de recursos estatales a las víctimas de violaciones a los derechos humanos tras el 18-O.
- “Hemos presentado una agenda integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del estallido social”, dijo el mandatario el 1 de junio de 2022. “La cual contempla reformular los programas de salud para víctimas y aumentar sus pensiones de gracia”.
- Era el reforzamiento de un beneficio que comenzó a otorgarse en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el cual se originó en una indicación presentada en 2020 por el entonces diputado y actual senador Daniel Núñez (PC), en el marco de la ley de presupuesto.
- El beneficio que el Presidente Boric prometió aumentar se sumaba a la promoción de la liberación de los denominados “presos de la revuelta”, la que —tras fracasar en el Congreso— dio paso a los indultos de 12 presos del 18-O y del exfrentista Jorge Mateluna.
- Un año y medio más tarde, el escenario era otro. El episodio de los indultos se transformó en una de las mayores crisis de su gestión, al conocerse el largo prontuario de Luis Castillo, el “insurrecto”, y los antecedentes penales de otros beneficiados.
- En el caso de las pensiones de gracia, se hizo público que al menos seis beneficiados habían sido condenados por delitos del 18-O, convirtiéndolos a la vez en víctimas y victimarios.
- Esta situación había sido posible porque ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) —puerta de entrada del proceso— ni la comisión presidencial designada para proponer la entrega de pensiones vitalicias, había revisado sus prontuarios.
- En total, 69 pensionados vitalicios tenían antecedentes penales de distintos períodos, 48 beneficiados por este gobierno y 21 por el anterior.
- “Hay una situación indignante, hemos conocido antecedentes que no estaban a disposición cuando se entregaron”, dijo el mandatario en enero, tras confirmar poco antes que revocaría los beneficios en casos de delitos graves.
- Era el reconocimiento del fracaso, al menos parcial, de una medida que benefició a 418 personas —148 en el gobierno pasado y 270 en la actual administración—, cuyo costo económico para el Estado ya supera los 4 millones de dólares, según informó la Tesorería General de la República.
$3.861.177.192. La Tesorería General de la República —en respuesta a una pregunta formulada vía Ley de Transparencia—, entregó los antecedentes de 407 de los 418 pensionados de gracia.
- El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda detalló que el dinero entregado a estos beneficiados, entre el gobierno anterior y el actual, ascendía a $3.861.177.192, es decir, 4,1 millones de dólares, de acuerdo con el dólar observado de este jueves.
- Los 11 casos no respondidos, dijo Tesorería en su respuesta, fueron porque el pago no fue activado.
- Los más de US$ 4 millones otorgados por este concepto permitirían, por ejemplo, comprar 66 retenes móviles de Carabineros.
Los 28 revocados. Tesorería informó también que el gobierno les instruyó dejar de pagar 28 pensiones de gracia, que corresponden a los casos revocados a la fecha. Entre estos están condenados por robo a supermercados saqueados, sentenciados por violencia intrafamiliar y lanzamiento de molotov, además de una falsa víctima del 18-O. A continuación, los principales.
- Francisco Gatica Catalán: En noviembre de 2019, el INDH presentó una querella por los apremios ilegítimos sufridos por Gatica Catalán, quien acusó ser víctima de trauma ocular tras el 18-O. Ese fue el punto de partida de la pensión de gracia que le otorgó el gobierno pasado y que el actual subió. En marzo, el Instituto presentó un desestimiento. Tras revisar la carpeta de investigación y entrevistarse con él, concluyeron que sus lesiones provenían de un accidente de tránsito.
- Su pensión fue revocada oficialmente el 27 de agosto, pero las transferencias se detuvieron el 20 de marzo, tras conocerse que era una falsa víctima. Alcanzó a recibir $7.341.227.
- Robinson Jaramillo Monje: En febrero de 2022, el gobierno pasado le otorgó la pensión por recibir un disparo en un tobillo en una protesta en Valdivia. Al recibir el beneficio tenía una condena por abuso a una niña de 6 años, en 2009.
- Su pensión fue revocada en febrero. Alcanzó a recibir $6.896.461.
- Andrés Fuica Fuica: fue condenado por robar un supermercado saqueado en Viña del Mar, el 22 de octubre de 2019. Su pensión se remonta a un parte policial que lo incluyó entre los heridos por perdigones en la Plaza Sucre, ubicada a cuatro cuadras del supermercado saqueado. Sin embargo, la sentencia del tribunal que condenó a dos carabineros por el caso, lo excluyó de la lista de víctimas. Una segunda causa donde figura como víctima, está desformalizada.
- Su pensión fue revocada en febrero. Alcanzó a recibir $3.140.438.
- Gabriel Allende Torres: fue condenado por lanzar una molotov a Carabineros en Curacaví, el 21 de octubre de 2019. Su pensión se originó en una querella del INDH por sus heridas con perdigones, caso en que la fiscalía formuló cargos contra un sargento de Carabineros por apremios ilegítimos, contra quien la fiscalía retiró este año los cargos.
- Su pensión fue revocada en febrero. Alcanzó a recibir $5.894.124.
- Adán Castro Cifuentes: fue condenado por dos delitos de maltrato de obra a Carabineros tras golpear a un cabo y a un sargento en un control de detención en Villarrica, en octubre de 2019. Al cabo lo pateó en la cabeza cuando estaba en el suelo, dijo su sentencia. Su pensión nace de que, al ser detenido, recibió golpes que le provocaron “erosiones y contusiones en zona maxilo-mandibular derecha y erosiones en dorso de las manos”, dijo la formalización por apremios ilegítimos en contra del sargento. El tribunal y la Corte de Apelaciones de Temuco rechazaron entonces dejar al policía con medidas cautelares.
- Su pensión fue revocada en febrero. Alcanzó a recibir $3.442.106.
- Jonathan Parra Rebolledo: fue condenado por incendio y desórdenes públicos por quemar una caseta de Carabineros de la Plaza de Armas de Talca, el 19 de octubre de 2019. Al día siguiente —consignó una querella del INDH— recibió en una protesta un perdigón en el hombro y otro en el tórax, cuando se cayó el escudo que llevaba, el que estaba hecho con una tapa de basurero.
- Su pensión fue revocada en febrero. Alcanzó a recibir $3.140.438.
- Osvaldo Cepeda González: fue incluido entre los pensionados de gracia por, según testificó, ser golpeado por Carabineros tras ser detenido en una protesta en La Ligua, el 20 de octubre de 2019. La querella del INDH detalló que no hubo constatación de lesiones. Al recibir la pensión de gracia, tenía dos condenas por golpear a su mujer en la cabeza.
- Su pensión fue revocada en febrero. Alcanzó a recibir $3.140.438.
- José Lagos Lagos: En enero de 2020 fue golpeado en el pómulo izquierdo por un carabinero, declaró. Previamente había asegurado haber sido impactado por lacrimógenas. Las causas se cerraron, pero el gobierno le otorgó en febrero de 2023 una pensión. Lo que se desconocía entonces era que llevaba siete meses condenado por producción de material pornográfico infantil.
- Su pensión fue revocada en febrero. Alcanzó a recibir $3.442.106.
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