-¿Cómo evalúas la posibilidad de que finalmente se logre un acuerdo en la reforma de pensiones luego de tanta discusión?
-La reforma de pensiones es un tema que tiene repercusiones a largo plazo. Las decisiones que tomemos hoy tendrán efectos en 15, 20 o incluso en 30 años más. Por eso, no podemos improvisar. No podemos volver a lo que vivimos al inicio de este gobierno, cuando las propuestas en materia de solidaridad y cambios en la industria estaban mal fundamentadas técnicamente. Ese tipo de improvisaciones no pueden repetirse.
Hasta ahora, hemos tenido dos intentos fallidos de reforma, en dos gobiernos distintos y ahora estamos en un punto crítico porque, de no priorizar los fundamentos técnicos y superar las ideologías, podríamos enfrentarnos a un tercer fracaso. La clave está en que el Ejecutivo deje de lado posturas rígidas y permita que la técnica prevalezca. Si esto ocurre, sectores de oposición y otros actores podrían alcanzar un consenso.
-¿Cuál ha sido a tu juicio el papel de los comités técnicos en este proceso? ¿Han logrado avances significativos?
-Los comités técnicos han cumplido con su mandato. Su tarea ha sido calcular los costos reales de los beneficios que se proponen y definir a quiénes deberían entregarse. Esto incluye a los jubilados actuales y a los futuros. Además, han trabajado en mecanismos de financiamiento que no afecten a los trabajadores ni a la estructura fiscal.
Por ejemplo, se han centrado en determinar cuál es el costo de los beneficios transitorios, como aquellos destinados a los jubilados actuales que no se beneficiarán directamente de las cuentas individuales. También han explorado fórmulas para financiar estos beneficios sin comprometer la sostenibilidad a largo plazo.
Sin embargo, una cosa es el trabajo técnico y otra son las decisiones políticas. Aunque los números y las proyecciones están claras, la política debe decidir qué hacer con ellos. Es fundamental que no se pongan en duda las cifras que los técnicos han producido, porque de eso depende la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo.
-En este contexto, ¿qué opinas sobre la posibilidad de que durante este mes se avance en los puntos más sensibles del proyecto, considerando que hay un compromiso de sacar el proyecto del Senado en enero?
-Mi principal temor es que este esfuerzo termine como los dos anteriores: en fracaso. Sin embargo, hay algo que me da esperanza. He visto que los senadores de la Comisión de Trabajo del Senado son conscientes de lo que está en juego. Hasta ahora, las decisiones tomadas han tenido un sólido respaldo técnico, y eso es un buen indicador.
Es importante mencionar que estamos discutiendo temas técnicos complejos, pero también profundamente políticos. Por ejemplo, la distribución del 6% adicional de cotización es uno de los puntos más delicados. Si logramos resolver esto con un enfoque técnico claro, podríamos avanzar. No obstante, si se politiza demasiado, corremos el riesgo de que se bloquee nuevamente.
-Hablemos de ese 6% adicional. ¿Qué opinas de las propuestas que se han presentado para su distribución?
-Este es, sin duda, uno de los puntos más sensibles de la reforma. Hay consenso en que una parte de ese 6% debe destinarse a reducir las brechas de género en el ahorro previsional. Esto es fundamental, ya que sabemos que las mujeres enfrentan una situación desfavorable en términos de ahorro simplemente por cuestiones estructurales.
Sin embargo, la discusión se complica cuando se trata de definir el resto de ese 6%. Algunas propuestas plantean que todo vaya a cuentas individuales, mientras que otras sugieren que una parte se asigne a un fondo solidario. Además, está el tema del financiamiento de los beneficios transitorios. ¿De dónde saldrán los recursos para cubrir a los jubilados actuales que no recibirán beneficios directos de este aporte adicional? Todo esto requiere cálculos precisos y un enfoque técnico que no comprometa la sostenibilidad fiscal.
-En cuanto al Presupuesto para 2025, tú fuiste director de Presupuestos ¿qué impresión te dejó el proceso de aprobación?
-Este proceso puso en evidencia dos problemas fundamentales. Primero, los ingresos proyectados tanto para este año como para el próximo estaban sobreestimados. Esto generó discusiones innecesarias y ajustes de última hora que no resolvieron el problema de fondo. Segundo, la discusión presupuestaria se utilizó para abordar problemas acumulados durante el año, como los servicios locales de educación y el sistema de salud, desviando el foco de lo que realmente importa.
El presupuesto debería ser una herramienta para garantizar una asignación eficiente de los recursos. Sin embargo, se convirtió en un espacio para resolver conflictos que debieron haberse atendido durante el año. Esto no solo genera desgaste político, sino que también afecta la credibilidad fiscal del país.
-¿Qué tan graves son las sobreestimaciones de ingresos?
-Son bastante graves. El Fondo Monetario Internacional ya señaló que este año no se cumplirá la meta fiscal, y es probable que el próximo año tampoco. Estamos hablando de una brecha de aproximadamente US$3.500 millones. Esto no solo refleja una falta de planificación seria, sino que también desgasta innecesariamente el debate político.
Cuando se sobreestiman los ingresos, se crean compromisos de gasto que no pueden sostenerse. Esto genera un círculo vicioso que debemos evitar. Lo que se necesita es una planificación más realista y responsable.
-¿Cómo afecta esta situación a la credibilidad del gobierno?
-La repetida falta de cumplimiento de las metas fiscales es muy dañina. Cuando esto ocurre, tanto los mercados como la ciudadanía pierden confianza en la capacidad del gobierno para gestionar los recursos. Además, genera una sensación de normalización de la ineficiencia. Si sabemos que las metas no se van a cumplir, ¿para qué las fijamos? Esto termina erosionando la confianza en las instituciones y en el sistema fiscal.
-¿Consideras que la discusión presupuestaria se desvió de los temas clave?
-Sí, y creo que eso fue evidente. En lugar de centrarse en cómo asignar mejor los recursos, la discusión se enfocó en problemas que no se resolvieron durante el año. Temas como los Servicios Locales de Educación o el sistema de salud deberían haberse tratado de manera separada y con mayor profundidad, en lugar de ser incluidos en un debate tan limitado como el del presupuesto.
Esto diluye el propósito del presupuesto, que debería ser garantizar una distribución eficiente de los recursos y promover el desarrollo del país.
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