Presupuesto 2025: Aprobado con ajustes y controversias constitucionales

Finalmente el Presupuesto de la Nación para 2025 salió del Congreso culminando un proceso legislativo marcado por acuerdos en la comisión mixta y un respaldo en ambas cámaras. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel anunció que llevará algunos cambios introducidos por los parlamentarios al Tribunal Constitucional (TC), argumentando que exceden los límites establecidos por la Constitución, lo que añade un capítulo controversial al cierre de esta discusión. Hubo acuerdo de eliminar la glosa que obligaba a las autoridades a realizarse un el test de drogas luego que el Ejecutivo se comprometiera a presentar un proyecto de ley que aborde la incompatibilidad de la función pública con el consumo de drogas.

Un trámite con tensiones. La Sala del Senado aprobó el proyecto con 37 votos a favor y uno en contra, mientras que la Cámara de Diputados lo hizo previamente con 106 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones. Así, el texto fue despachado antes del plazo constitucional del 29 de noviembre.

El acuerdo logrado en la comisión mixta fue clave para destrabar el trámite. En cerca de cuatro horas de negociación, senadores, diputados y el Ejecutivo alcanzaron consensos sobre recursos rechazados en la Cámara Baja. Entre las partidas reincorporadas destacan:

• Defensoría Penal Pública: Se aclaró que los fondos para la defensa de migrantes representan una fracción mínima del total.
• Senda y Sercotec: Se repusieron fondos para el Servicio Nacional de Alcohol y Drogas (Senda) y $1.000 millones para el programa de apoyo a pequeñas y medianas empresas afectadas por el estallido social, con una convocatoria pública prevista para el primer semestre de 2025.
• Secretaría de Comunicaciones (Secom): Se asignaron $400 millones para gastos internos, condicionados a reasignaciones dentro de la partida.

Se definirá en el Tribunal Constitucional (TC). Pese al avance legislativo, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que el Ejecutivo recurrirá al TC para revisar ciertas glosas del Presupuesto. “Aceptar que la Ley de Presupuesto sea utilizada para legislar sobre cualquier materia abriría la puerta para normas que establecieran nuevas exigencias para inversiones privadas o regularan materias propias del Código del Trabajo”, sostuvo.

• Entre las que se llevarán al TC están las relacionadas con el avalúo fiscal de propiedades de adultos mayores beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la suspensión de la Ley Lafkenche. Según Marcel, estas disposiciones exceden las competencias constitucionales de una Ley de Presupuesto.
• “La Ley de Presupuesto no es una ley ómnibus. Su objetivo es regular la recaudación y aplicación de los recursos del Estado, no legislar sobre materias permanentes”, afirmó el ministro.
• También se refirió al caso de los test de drogas para el presidente, ministros y subsecretarios que fue un tema de debate durante la tramitación del Presupuesto 2025. Aprobado por la Cámara de Diputados, luego en en la comisión mixta, se acordó eliminar la glosa que establecía la obligatoriedad del test de drogas para las altas autoridades.
• A cambio, el Ejecutivo se comprometió a presentar un proyecto de ley que aborde la incompatibilidad de la función pública con el consumo de drogas, permitiendo una discusión más adecuada y permanente sobre el tem
• “En el caso de los test de drogas, por ejemplo, estas disposiciones deberían ser incorporadas a través de normas de carácter permanente, y no mediante glosas presupuestarias”, dijo Marcel.

Compromiso con la institucionalidad. El Gobierno subrayó la importancia de mantener el carácter técnico y constitucional del presupuesto. Marcel advirtió que permitir estas disposiciones podría abrir la puerta a normas que regulen inversiones privadas o materias laborales a través de leyes transitorias, lo que generaría incertidumbre jurídica.

• “Tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Las glosas que exceden las competencias establecidas serán llevadas al Tribunal Constitucional para asegurar que respeten el marco institucional vigente”, señaló Marcel. El recurso al TC será presentado en los próximos días.

Ajustes fiscales inéditos. Uno de los aspectos más destacados de este presupuesto fue el ajuste fiscal. Se redujeron en US$600 millones los gastos proyectados para 2025, moderando el crecimiento del gasto público a un 2%, frente al 2,7% originalmente estimado. Además, Hacienda comprometió recortes por US$1.000 millones en 2024 para cumplir con las metas fiscales.

• Otro avance significativo fue el acuerdo para que cualquier retiro del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) superior al 0,3% del PIB requiera autorización del Congreso. También se solicitará asesoría internacional para mejorar las proyecciones de ingresos fiscales y reforzar el control mensual de metas.

Prioridades y acuerdos clave. El Presupuesto 2025 refleja un enfoque claro en seguridad, salud, educación y política habitacional. Entre las medidas destacadas se incluyen:

• Capacitaciones en violencia de género: Estas serán abordadas en la ley de reajuste del sector público.
• INDH: Se modificará la composición de la comisión que revisará el funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), integrando a representantes de ambas cámaras.
• Racionalización de glosas: Hacienda trabajó con el Congreso para optimizar las glosas presupuestarias, asegurando un uso más eficiente de los recursos públicos.

Desafíos y perspectivas. Aunque el proceso de aprobación avanzó con éxito, el recurso al TC plantea desafíos para el Ejecutivo y el Congreso. La inclusión de glosas consideradas inadmisibles por el Gobierno pone en evidencia tensiones entre las atribuciones legislativas y el control constitucional.

• El Presupuesto 2025 mostró el complejo equilibrio entre las prioridades políticas y los compromisos fiscales. La intervención del TC definirá si este equilibrio se mantiene en línea con las normas constitucionales o si las glosas en cuestión deberán ser eliminadas, generando posibles ajustes en la implementación de los fondos aprobados.
• Con un crecimiento del gasto moderado (2%) y medidas de control fiscal reforzadas, el Gobierno trató de dar una señal de responsabilidad en un contexto de incertidumbre internacional.

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