Lo que implica la reforma que anunció Kast para permitir arriendos e hipotecas en tierras indígenas

En su Cuenta Pública, el Presidente Kast anunció una reforma a la Ley Indígena para eliminar restricciones sobre el uso de tierras indígenas, permitiendo su arriendo e hipoteca, además de cambios al sistema de compra de predios. La iniciativa reabre un debate que ya había sido abordado por la Comisión para la Paz y el Entendimiento. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), René Muñoz, respaldó la medida.

Lo nuevo. Kast anunció que enviará un proyecto para reformular la Ley Indígena, con el objetivo de eliminar las restricciones al uso de tierras indígenas para que puedan arrendarse o hipotecarse “en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía chilena”.

• La actual política de tierras, dijo, “ha demostrado ser ineficiente y desconectada de las necesidades reales de las comunidades”.
• “Para ello reformularemos el proceso de consulta sobre el nuevo sistema de tierras, que el gobierno anterior abandonó sin resultados”, señaló.
• “Garantizaremos que el proceso sea legítimo y libre de interferencias de quienes promuevan la violencia o actúen de mala fe”, acotó.
• Adicionalmente, indicó que se ordenará el actual sistema de compra de tierras mediante tasaciones transparentes a valor de mercado y mecanismos de trazabilidad en cada adquisición.
• “Para dar certeza y estabilidad a las familias que viven en comunidad, avanzaremos en el otorgamiento de derechos de uso y goce individuales sobre las tierras entregadas, permitiéndoles postular a subsidios habitacionales”, dijo.

Lo que dice la ley. Actualmente, la Ley Indígena (19.253) establece un régimen especial para este tipo de terrenos. Si bien no prohíbe todos los usos del suelo, sí contempla restricciones relevantes sobre la propiedad, transferencia y administración de las tierras indígenas.

• La normativa establece que estas tierras no pueden ser vendidas libremente a personas no indígenas, tampoco pueden ser embargadas y solo pueden ser enajenadas entre personas o comunidades indígenas de una misma etnia, salvo excepciones establecidas por ley.
• Asimismo, las tierras indígenas comunitarias no pueden arrendarse a terceros, entregarse en comodato ni cederse para su uso o administración.
• La legislación también limita la constitución de gravámenes. Para establecer hipotecas u otras cargas sobre estos terrenos se requiere autorización de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
• De prosperar, los planes del Ejecutivo podrían convertirse en algunas de las modificaciones más profundas al régimen de tierras indígenas desde la promulgación de la legislación actual, en 1993.

El antecedente de la Comisión para la Paz. Parte de la materias abordadas por Kast ya habían sido discutidas en el marco de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, instancia creada durante la administración Boric para elaborar una propuesta de largo plazo frente al conflicto territorial en la macrozona sur.

• El informe final de la comisión —entregado en mayo de 2025, tras casi dos años de trabajo— incluyó recomendaciones sobre tierras indígenas, desarrollo territorial y mecanismos para facilitar el uso productivo de los terrenos restituidos.
• Entre ellas figuraban modificaciones en materia de contratos sobre tierras indígenas, cambios al sistema de compra de predios y fórmulas para ampliar las alternativas de desarrollo económico de las comunidades.
• De hecho, una de las propuestas apuntaba a revisar las restricciones que actualmente existen sobre el uso de las tierras indígenas, bajo el argumento de que muchas comunidades enfrentan dificultades para acceder a financiamiento, inversión o desarrollar proyectos productivos en terrenos que han sido restituidos por el Estado.
• Entre las principales recomendaciones del texto figuraba la transición hacia un modelo de desarrollo integral que combinara derechos culturales, participación efectiva, autonomía territorial y proyectos productivos sostenibles.
• El informe planteaba estos cambios dentro de un esquema más amplio de reparación territorial, acompañamiento técnico y fortalecimiento institucional, en el marco de las 21 recomendaciones que elaboró la instancia.

Los contratistas forestales. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), René Muñoz, valoró el anuncio del Presidente y sostuvo que las restricciones actuales han limitado el desarrollo productivo de una parte importante de los terrenos entregados a comunidades indígenas.

• “Lo que ocurre es que la Ley Indígena, tal como fue concebida hace más de 20 años, probablemente cumplió un objetivo en su momento. Pero lo cierto es que muchos de los terrenos que han sido traspasados hoy están sin uso, porque el concepto comunitario restringe el desarrollo de cada una de las personas que componen esas comunidades”, afirmó.
• Según explicó, el carácter comunitario de la propiedad dificulta que los beneficiarios puedan acceder a financiamiento o desarrollar proyectos propios.
• “Si un comunero quisiera solicitar un crédito hipotecario o arrendar su hectárea, no lo puede hacer porque todo está bajo una propiedad comunitaria. Es una gran oportunidad para los comuneros que han sido beneficiados con esta ley, porque permitiría emprender, realizar actividades individuales y no depender de una decisión colectiva donde muchas veces no existe acuerdo”.
• A juicio de Muñoz, el régimen vigente ha terminado por frenar el desarrollo económico de numerosos territorios: “La propiedad individual hoy permite acceder a crédito y obtener beneficios de manera directa. Las restricciones actuales no están permitiendo que las comunidades avancen en desarrollo productivo y tecnológico”.
• Junto ello, agregó que una parte significativa de los terrenos entregados durante las últimas décadas permanece subutilizada.

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