La semana pasada, el Senado despachó el Presupuesto de la Nación para el año 2025. Una de las indicaciones aprobadas suspende, durante un año, el ingreso de nuevas solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), principal herramienta de la Ley Lafkenche, que permite a las comunidades solicitar espacios costeros y eventualmente administrarlos. Además, establece un plazo de seis meses para resolver todas las solicitudes pendientes o, de lo contrario, estas serán rechazadas.
Salvo algunas portadas en medios regionales del sur de Chile, el tema ha recibido escasa atención en el resto del país. Esto no sorprende, considerando el excesivo centralismo que caracteriza la discusión política en Chile pero, como hemos insistido en Pivotes durante más de un año, lo que ocurre con la Ley Lafkenche debería ser una preocupación de primer nivel para quienes tienen real interés en la reactivación económica del país.
Aunque esta legislación tuvo un propósito noble, sus consecuencias han sido desastrosas para la economía del sur de Chile, donde se concentra la mayor parte de las solicitudes de ECMPO. Esto ya que la mera solicitud de uno de estos espacios paraliza cualquier otra solicitud de afectación sobre el mismo.
Esto toma particular relevancia al considerar que, entre La Araucanía y la Región de Los Lagos, prácticamente toda la costa ya ha sido solicitada o otorgada, sumando casi tres millones de hectáreas en tramitación. Además, los ECMPO ya aprobados han tardado en promedio más de seis años en entregarse, cuando por ley deberían resolverse en un plazo máximo de uno. El resultado es dramático: más de 500 solicitudes de concesiones acuícolas y casi 900 marítimas están suspendidas por superponerse con ECMPO en tramitación.
La indicación aprobada en el presupuesto 2025 tiene un propósito legítimo: frenar los efectos desmedidos de la Ley Lafkenche. Sin embargo, esta medida evidencia la incapacidad y la falta de voluntad política para abordar el problema de manera estructural. A pesar de que este año se han presentado tres proyectos de ley para reformar la Ley Lafkenche, sus avances en el Congreso son mínimos y, sin un respaldo decidido del Ejecutivo, es difícil que la situación cambie en el corto plazo.
La medida aprobada responde, en parte, a esta ineficiencia, pero es importante entender que no existen balas de plata para problemas tan complejos. La indicación, por cierto, enfrenta todavía desafíos importantes, como su paso por el Tribunal Constitucional tras un anuncio de los senadores Huenchumilla y Pascual, o la eventual consulta indígena a nivel nacional, dado que se trata de una medida legislativa que afecta potencialmente a los pueblos originarios de todo Chile, lo que tomaría años. Incluso si sortea estos obstáculos, una vez terminado el año de suspensión la situación volverá al punto de partida: con la misma ley y los mismos problemas estructurales.
Una reforma integral a la Ley Lafkenche es la única forma de garantizar certidumbre para la inversión nacional y las mismas comunidades indígenas. Desde Pivotes, hemos propuesto medidas concretas para abordar el incentivo a pedir indiscriminadamente solicitudes de ECMPO para frenar proyectos de inversión. Estas medidas incluyen que la suspensión de solicitudes de afectación para otros fines solo se aplique una vez verificado el uso consuetudinario del espacio por parte de la comunidad; limitar dicha suspensión a un máximo de un año; y eliminar el silencio administrativo positivo de un mes, que actualmente otorga una ventaja desproporcionada a quienes solicitan ECMPO, entre otras propuestas orientadas a generar estabilidad en el mediano y largo plazo.
La proliferación de iniciativas parlamentarias para reformar la Ley Lafkenche es positiva, porque muestra que lo que ocurre es un problema real y urgente. No obstante, mientras estas permanezcan estancadas en el Congreso, seguiremos viendo medidas como la recientemente aprobada. Estas propuestas, aunque intentan compensar la falta de acción del poder legislativo y ejecutivo, no resuelven los conflictos de fondo que esta ley genera para la inversión y la convivencia en el sur de Chile. El llamado es claro: el gobierno debe involucrarse activamente en la reforma de esta ley, de lo contrario, seguiremos siendo testigos de intentos por desmantelarla a través de medidas que debilitan nuestra institucionalidad y que, por cierto, no dan certidumbre a las partes interesadas en el largo plazo.
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