María Jaraquemada: “Hemos desvirtuado absolutamente el empleo público”

La expresidenta de la Comisión de Probidad y actual consejera del Consejo para la Transparencia habla con En Foco, el programa del centro de incidencia Pivotes, sobre la situación del empleo público en Chile dice que “hoy, un 30% del gobierno central está a planta y un 70% a honorarios o a contrata. Y son personas que pueden estar ahí por las razones equivocadas, de amistad o recompensa política. Eso va creando también un patronazgo, donde la lealtad ya no es con el servicio público, sino con la persona que me puede sacar a discrecionalidad. El poder legislativo y ejecutivo no se han hecho cargo de este tema”.

-¿A qué responde el nuevo criterio de Contraloría para terminar con la “confianza legítima” para renovar contratos en el sistema público?

-Lo que me preocupa, es que esto no viene a solucionar nada. Quizás le da un respiro a algunos organismos públicos, porque lo que hace es dejar el criterio de la Corte Suprema, que entiende que esta confianza legítima (para renovar contratos) es de cinco años y no de dos, como decía la Contraloría. Pero finalmente podemos tener el día de mañana una explosión de casos ante tribunales, como pasó con el tema de la alza de la isapres. El problema es de fondo: hemos desvirtuado absolutamente el empleo público.

-¿Cuáles son los principales problemas del empleo público hoy?

-El problema es que se estancó el empleo de planta y empezó a agrandarse la contrata o los honorarios, que son los que se consideraban como accidentales. Hoy, un 30% aproximadamente del gobierno central está a planta, que supuestamente es el régimen general, y un 70% a honorarios o a contrata. Y son personas que pueden estar ahí por las razones equivocadas, de amistad o recompensa política. Y eso va creando también un patronazgo, donde la lealtad ya no es con el servicio público, sino con la persona que me puede sacar a discrecionalidad.

-¿Podría este dictamen forzar una discusión para crear un nuevo estatuto de empleo público que evite esas prácticas?

-El poder legislativo y ejecutivo no se han hecho cargo de este tema. El único proyecto de ley que he visto en la materia fue del Presidente Piñera en el gobierno anterior, pero que lo presentó la última semana y era evidente que no se iba a discutir. Y lo lamentable es que hay mucho acuerdo. En 2019 hubo una propuesta de cuatro centros de estudio con miradas políticas e ideológicas distintas y estuvieron muy de acuerdo. Enrique Rajevic también ha hecho muchas recomendaciones. Y Pivotes también, a través de una Iniciativa Popular de Norma para el Consejo Constitucional, que tuvo un apoyo gigantesco, fue la cuarta más votada.

-Entonces, ¿por qué no avanza?

-Se habla de que este es un tema poco sexy, muy tecnócrata, de una elite, pero la verdad es que no, la ciudadanía entiende que va a tener un impacto en su vida el tener mejores funcionarios, de carrera, que saben hacer su trabajo, que no tienen miedo a que los saquen en un cambio de gobierno y que por lo tanto va a tener un impacto en su vida. El problema es que esto es muy cómodo para el statu quo. Te permite poner a tus personas de confianza, lo que es legítimo.

–¿Eres optimista de que eso pueda cambiar?

-Lo veo súper difícil. Yo tuve la esperanza con los procesos constitucionales, que fueron dos con ideológicas totalmente distintas. Y si tú miras, son súper parecidas las dos respuestas a este tema. Eso debería darnos esperanza, pero no veo que el Congreso en verdad tenga mucho interés de hacer esto. Y para cualquier presidente o presidenta es un tema que le genera mucho costo, mucha pelea interna incluso, y es una reforma que financieramente es costosa porque no se resuelve en el corto plazo, requiere un periodo de transición, incentivos al retiro, etcétera.

Creo que para esto tendría que haber un acuerdo político realmente transversal, pero en el corto plazo, los que aspiran a ser gobierno, quieren pensar en que van a poder poner a sus personas. Entonces probablemente esto se va ir chuteando. Tengo poca esperanza.

-Respecto al Caso Audios, ¿consideras que el tráfico de influencias que dejó al descubierto es algo más extendido sobre las redes de poder de Chile o es circunstancial?

-Es difícil saberlo. Hay gente que dice “esto era un secreto a voces”. No sabía que esto podía ser tan común. Sí habían salido temas con los nombramientos antes, eso no era tan sorpresa, pero de ese vínculo tan cercano entre abogados, fiscales, jueces, no tenía idea. Ahora, que esto pueda estar más o menos extendido no lo normaliza, porque también, como pasó con el financiamiento de la política, yo he escuchado algunas voces que dicen, “pero si esto lo hacían muchos y Luis Hermosilla está pagando por todos” y no creo que le quite gravedad al asunto que esto pudiera estar más o menos extendido.

-Y respecto a la designación de autoridades en el poder judicial, cuánta responsabilidad está en los incentivos y reglas institucionales y cuánto son responsabilidades individuales?

-Para mí hay de las dos. No podemos no considerar que acá hay responsabilidades personales, porque, por muchos vacíos que haya, uno puede escoger cómo llenarlos y actuar ante eso. Pero también creo que es tapar el sol con una mano el creer que todo se soluciona con la ética personal y la moral individual. Cuando la institucionalidad deja esos vacíos, bueno, alguien empieza a dar la respuesta y a llenar esos espacios. Y como acá no había reglas formales, procedimientos, ni criterios objetivos, se empezaron a llenar a través de reglas informales, discrecionalidad, amiguismo. Y eso es súper difícil de cambiar.

-Según una encuesta de Ipsos tres de cada cuatro personas creen que hay mucha corrupción en Chile. ¿Es una apreciación justa?

-Prendes la televisión y es la sensación que te da. Estamos viendo constantemente casos y hemos visto un desfile de autoridades y ex autoridades en tribunales. Entonces, no es tan injusta. Pero hay que preguntarse, cuál es la percepción y qué es realidad, si esa corrupción siempre ha ocurrido y ahora la estamos conociendo, o si quizás nuestra institucionalidad está funcionando y hoy podemos detectar estos casos y sancionarlos.

Otra opción es que también hemos mejorado nuestros estándares. Lo que a principio de los años 90 se consideraba un pituto, hoy puede ser considerado tráfico de influencia. Es muy difícil saber si somos más corruptos o no, pero lo que sí es que la percepción interna choca con todos los indicadores o internacionales.

-¿Y tiene que ver con la pérdida de confianza también en las instituciones?

-Yo me he ido convenciendo que tenemos una percepción alta de corrupción, no solo por los casos que conocemos, sino por la desconfianza. Por default pensamos que quienes lideran instituciones políticas relevantes o incluso en el sector privado, son personas que buscan solo su bienestar y nos pueden perjudicar en el camino. Entonces, aunque no conozcamos casos de corrupción, vamos a pensar que son corruptos. Y eso es porque tenemos una crisis de confianza mundial, pero que en Chile está bastante acentuada, a partir del 2010.

Los partidos políticos son los más afectados. Y para mi ahí está el asunto. Tenemos un problema en el sistema político, nos cuesta llegar a acuerdo, pero para mí el principal problema son los partidos políticos, porque no son fuertes, no aglutinan y no representan a las personas.

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