Desde su actual posición como CEO de Global Methane Hub, Marcelo Mena llama a reformar el sistema de permisos ambientales y eliminar barreras políticas, mientras advierte que, sin acciones más rápidas y decididas, el país podría no cumplir con sus metas de carbono neutralidad.
-En una columna planteaste que el sistema de permisos ambientales podría estar atentando contra los objetivos climáticos que se trazó Chile ¿Por qué?
-Porque para reemplazar la matriz energética, hay que triplicar la capacidad de instalada renovable, la cantidad de megawatts que tienen que tramitarse tienen que aumentar en forma muy dramática. Y lo que pasa es que antes había grandes proyectos que eran de alto conflicto y nos quedamos con que el tamaño del proyecto es lo que determina el impacto ambiental, cosa que no es real. Hoy, todo lo que hagamos para reemplazar la matriz requiere grandes proyectos de inversión. Pero no nos podemos quedar con que el tamaño del proyecto va a determinar su impacto ambiental, porque no es lo mismo mil mega watts eólicos que mil megawatts a carbón, bajo ningún parámetro posible.
-¿Crees que la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental recoge adecuadamente la necesidad de potenciar estas energías limpias para no ser tratadas igual que lo que era una termoeléctrica?
-Creo que hay una cuestión más estructural: es claro que una reforma tiene que ser una reforma corta y una larga. Hubo un diagnóstico de la mesa presidencial de la Presidenta Bachelet, cuando se hizo una reforma al SEIA, que tenía una reforma corta de reglamento, operacional básicamente y una reforma como proyecto de ley. Ese proyecto se transformó en un árbol de pascua de requerimientos que lo hizo inviable y no se pudo avanzar.
El Presidente Sebastián Piñera propuso una ley nueva que también era parecida y al final no avanzó. Entonces era fundamental en este caso hacer una ley corta y eliminar las instancias políticas, porque eso debería ser un consenso. Pero resulta que cuando entramos en el detalle los parlamentarios, Seremis y delegados presidenciales entienden que van a tener resignar sus cuotas de influencia y de poder y se empieza a enredar el debate.
Lo que es fundamental es que el informe consolidado de evaluación sea el documento en que se funde la aprobación por parte del director regional, porque ya hemos visto en varios casos, como por ejemplo en el proyecto Fundamenta, que gente que tiene aspiraciones electorales empieza a votar y hacer una ceremonia de algo que es bastante simple, que es la aprobación o rechazo de un proyecto basado en un informe técnico.
Hay una instancia de poder recortar los tiempos y eliminar el Comité de Ministros, pero cuando es impopular tomar decisiones, finalmente pasa el tiempo y la demora son años. En la práctica lo que define el Comité Ministros no ha sido el fondo de las resoluciones del Tribunal Ambiental y de la Corte Suprema y son instancias redundantes. Debería ser mucho más fuerte la decisión técnica. Eso te elimina 2 a 3 años, fácil para proyectos más polémicos.
-¿A qué se debe, a tu juicio, que esta ley haya generado el rechazo reciente de más de 200 organizaciones ambientales que se pronunciaron ya en contra del proyecto?
-No lo sabría decir por qué. Lo que está ocurriendo es que estamos encontrando que frente a la ausencia de verdaderos conflictos ambientales, de proyectos de inversión que realmente tienen impacto ambiental muy grande, los proyectos que son distintos, que tienen notablemente menor impacto, están corriendo el mismo destino. Por ejemplo, en la Segunda Región, cuando un servicio local empieza a pedir información de ingeniería de detalle con respecto a temas de seguridad de hidrógeno verde, al final te encuentras con que se está generando un nivel de complejidad que no es no necesario ni se condice con la urgencia de poder invertir para reemplazar.
Lo que estamos poniendo en la vara es el status quo. Lo que nos llevó a la crisis climática no tuvo ese mismo rigor y, por lo tanto, no es que bajar los estándares signifique un daño ambiental, sino que más bien tiene que ver con el reconocimiento de que si no aceleramos el tranco, el impacto climático de los incumbentes va a continuar. Y en ese contexto, si bien el mundo ambiental no hay un propósito y una unión con respecto a la solución, los que sí quieren seguir contaminando y están muy unido en ese propósito, van a continuar haciéndolo.
-Fuiste ministro en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, estuviste en la campaña de Heraldo Muñoz, en la de Yasna Provoste. ¿Te vamos a volver a ver en política?
-No, con mi cargo actual es muy difícil. Este gobierno no fue ecologista así que quedan materias pendientes. Espero que sigamos avanzando en el tema ambiental y no necesariamente tomando una bandera de un sector político en particular. Tenemos un consenso de la carbono neutralidad que hay que seguir trabajando. Trabajo con gente que se desempeñó en la administración de Sebastián Piñera, tengo muy buena opinión de esas personas, como Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, por ejemplo, que lideró una agenda de temas de cambio climático muy potente. Y creo que hay que volver a lo básico, ya que no podemos depender de si un gobierno cree o no en el cambio climático para avanzar en la carbono neutralidad, de que un gobierno crea o no en el cambio climático. Uno conoce suficiente a la izquierda y a la derecha para darse cuenta que ninguna de las dos tienen ninguna correlación con ser más preocupados por el medio ambiente.
-¿Consideras que este gobierno ha sido ecologista?
-Me habría gustado que hubiera hecho más cosas. Hay temas de ejecución que faltan, estamos atrasados con un plan de descontaminación por Santiago, si bien fue un año mejor por la lluvia de 23 días de lluvia. Pero no podemos depender de la lluvia y no nos podemos quedar estancados. Hay que hacer normativas medioambientales actualizadas. Un mundo carbono neutral también tiene que ser con cero contaminación. Y en este contexto, no hemos avanzado con la velocidad que se requiere, porque uno quisiera que no solo hubiera continuidad, sino que se hagan más cosas que la que hiciera el gobierno anterior.
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